La Guardia Nacional Militar, un proyecto a costa de la Constitución

El pasado 30 de junio se celebró en el Campo Marte el cuarto aniversario de la Guardia Nacional (GN), un evento en el que se destacó la consolidación de una institución de corte preventivo, disciplinada y profesional, un proyecto prioritario del Gobierno de México. Creada constitucionalmente como un cuerpo de seguridad de naturaleza civil, en la realidad nunca lo fue. Su creación y desarrollo fue un engaño que ha sido acompañado por acuerdos y decretos presidenciales que modifican las leyes secundarias sin importar lo que señala la Constitución de nuestro país. Desde una perspectiva jurídica/legal, la Guardia Nacional se ha consolidado pero en una institución de corte inconstitucional, ilegal e ilegítima.

Causa en Común, en conjunto a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI), ha realizado un recuento de las ilegalidades en las que ha incurrido el gobierno federal desde el 2019. Este esfuerzo se materializa en un documento que clasifica las violaciones a la ley en 3 rubros: a los derechos fundamentales, al orden democrático y a la economía. En atención a este registro de ilegalidades y con motivo del cumpleaños de uno de los proyectos del gobierno que más ha lacerado el sistema legal de nuestro país, es menester realizar un breve recuento de las violaciones a la ley cometidas por este gobierno en aras de lograr la consolidación de una élite militar empresarial.

A principios de este 2023 la GN comenzó el año tropezando con las normas Constitucionales y en específico con las previstas en la Ley de Amparo. Por medio de un decreto se ordenaba a la institución la construcción de un cuartel en el vivero de Nezahualcóyotl, en la alcaldía Xochimilco. Ante la exigencia de los pobladores y en apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro ProDH), un Juez Federal ordenó detener las obras, sin embargo, dicha orden judicial fue tomada como una sugerencia o un mal consejo.

Más tarde en el año la Universidad de Toronto reveló, gracias a la información obtenida durante el hackeo de los sistemas de Sedena, que tanto el Director como la Coordinadora del Área Internacional del Centro ProDH fueron espiados a través de la intervención de sus teléfonos. En vista de las acusaciones de espionaje por parte de diversos actores la Sedena determinó reservar por 5 años la información del programa “Pegasus”, atropellando no solo nuestro derecho constitucional al acceso a la información y la transparencia, pero también pasando por alto lo resuelto por el INAI donde específicamente se ordena a Sedena a publicar los contratos con la empresa Comercializadora Antsua S.A de C.V.

Las ilegalidades y violaciones a la ley han logrado la formación de una nueva élite empresarial militar. Tan solo este año se aprobaron reformas contrarias a los principios constitucionales que otorgan a las Fuerzas Armadas el permiso para la operación de una aerolínea comercial, para la construcción y operación de un hotel, el derecho a recibir un porcentaje por la emisión de visas, la obligación de proteger el espacio aéreo y la entrega de la administración de la obra del Tren Maya. La Sedena se ha convertido en una empresa lucrativa del Estado y MMCI reveló recientemente los beneficios de ser el Secretario Titular al publicar un documento que evidencia las cantidades de dinero erogadas por el General Sandoval y sus allegados en sus viajes al extranjero.

No todo son malas noticias en el recuento de ilegalidades, el documento también da seguimiento a las acciones legales que hace valer la ciudadanía para combatir la estrategia política autoritaria del gobierno. El gran ejemplo de este año lo dio la SCJN al invalidar la transferencia de la GN a la Sedena, una acción que violaba flagrantemente nuestra Constitución y aseguraba la militarización de la seguridad pública. La decisión de la Corte ordena que la GN debe dejar de ser militar para antes del 1 de enero del 2024, sin duda una buena noticia pero para un gobierno que está acostumbrado a desobedecer órdenes judiciales y violar la ley como método de gobernar es complicado imaginar que se le dé cumplimiento.

Es labor del Poder Judicial seguir manteniendo el Estado de derecho cuando el Poder Legislativo y Ejecutivo pretenden eliminarlo, y seguirá siendo labor de Causa en Común y de MMCI analizar y denunciar a través de este trabajo las acciones del gobierno federal que contravienen el marco legal de nuestro país.