La estrategia de seguridad de los primeros 100 días de Sheinbaum, ¿es lo que necesitamos?
Desde hace unos días circula un documento con la estrategia de seguridad de los primeros 100 días de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Aparentemente lo preparó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Aunque no es extenso, el documento puntualiza objetivos y estrategias. La pregunta es: ¿responde a las necesidades actuales de seguridad pública del país? ¿Tenemos novedades o es más de lo mismo? Aquí un breve balance a partir de los problemas y las estrategias presentes y ausentes.
Buenas noticias en la definición y tratamiento de los problemas. A diferencia de López Obrador, Sheinbaum reconoce que en México existen problemas muy serios de inseguridad pública vinculados al crimen organizado. Eso ya es un paso adelante. En dicho marco, aquí destaco tres cosas: la ampliación del abanico de problemas prioritarios, el tratamiento regional de los mismos y la adopción de un enfoque político.
En sus primeros 100 días, Claudia Sheinbaum buscará reducir el homicidio doloso y el cobro de piso y la extorsión. La atención al homicidio doloso no sorprende, siempre ha estado dentro de la agenda de gobierno y se trata de la expresión más extrema de la violencia interpersonal. Además, dentro del abanico de indicadores tradicionales es el más sólido para monitorear el estado en el que se encuentra la seguridad pública. Lo que sí destaca es la inclusión del cobro de piso como un asunto prioritario. Es uno de los problemas que más se han extendido a lo largo del País y da cuenta del grado de control territorial del crimen organizado.
En el sexenio pasado se vendió la narrativa de que México se encuentra en un proceso de pacificación sostenida a partir de la reducción de los homicidios dolosos a nivel nacional. En cambio, el documento de los primeros 100 días ya reconoce que existen estados y municipios azotados por la violencia del crimen organizado, incluyendo bastiones morenistas, como Colima o Acapulco.
Finalmente, se observa un acercamiento importante en la adopción de un entendimiento sociopolítico del crimen organizado. Las políticas de neutralización de líderes criminales (distintiva de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) o de desmantelamiento tradicional de capacidades operativas (característica de AMLO), parten del supuesto de que los grupos criminales son entes separados del Estado y otras organizaciones sociales y económicas, cuando en realidad están interrelacionados. El plan de seguridad de la Presidenta reconoce lo anterior al señalar que los grupos criminales cuentan con redes de protección institucional y redes de corrupción, y que desactivarlas es importante si se aspira a construir un proceso de pacificación sostenida.
En conclusión, la nueva administración marca un claro paso adelante en la definición de los problemas al ampliar las prioridades y reconocer su carácter sociopolítico.
El plan busca disminuir en alguna medida la incidencia de homicidios dolosos y los delitos de alto impacto. Para esto, propone acertadamente -a nivel técnico- un enfoque reductivo: intervenir sobre problemas y territorios de atención prioritaria. En principio, Chiapas y Michoacán. Las estrategias son las apropiadas para lograr resultados en el corto plazo: desactivar generadores de violencia a través de la inteligencia a cargo de la SSPC operada por Omar García Harfuch y el despliegue de las fuerzas de seguridad con mayores recursos: las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aquí aparecen dos reservas importantes sobre el plan.
Primero, las políticas de seguridad pública no ocurren en el vacío; hay un contexto político que las determina. Habrá que ver cuánto tiempo demoran en conformarse y después en funcionar los aparatos civiles de inteligencia del Estado. Por otra parte -y esto será clave-, habrá que ver si los militares, más empoderados que nunca a nivel político y económico, responden al liderazgo de los civiles que proponen la misma estrategia.
Mi lectura inicial es que los militares no tienen incentivos para ceder al poder civil pues cuentan con sus propios aparatos de inteligencia y con sus propios objetivos políticos. Aquí el reto de la presidenta y su secretario de seguridad no es técnico, sino político. ¿Cómo harán para sumarlos a su proyecto de seguridad? ¿Qué cederán para lograrlo? Este es un terreno peligroso, pues hoy los militares lo tienen todo para condicionar su participación a cambio de mayor injerencia política.
La segunda reserva a las estrategias tiene que ver con la sostenibilidad de los resultados. Las políticas planteadas claramente buscan la reducción de problemas en el corto plazo a través de intervenciones puntuales. Pero tal como están enunciadas, no avizoran cambios profundos en la dinámica del Estado de derecho.
En efecto, se plantea el fortalecimiento organizacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el establecimiento de objetivos y programas prioritarios para el desarrollo de las instituciones de seguridad, incluyendo a las policías y las fiscalías. Sin embargo, no se plantea el fortalecimiento de los gobiernos municipales en su conjunto, ni la participación de las organizaciones de la sociedad civil o los empresarios. De acuerdo con la evidencia, su intervención es clave en la definición, implementación y evaluación de políticas para echar a andar procesos de pacificación sostenida... El sexenio inicia y aún es posible subsanar esta omisión, pero hay que actuar desde ahora.
En suma, el plan de seguridad de los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum está más cerca, al menos a nivel discursivo, de atender las necesidades del País de lo que lo estuvo la política sexenal de López Obrador, quien adoptó una política de atención de problemas a partir de su negación.
Técnicamente el plan cumple, aunque tiene debilidades que pueden y deben subsanarse apuntando al largo plazo. Sin embargo, la propia concepción de la estrategia plantea un reto político mayúsculo: la articulación entre civiles y militares en un contexto en donde dicha relación está desbalanceada, cuando no rota. Si eso no se supera, cualquier diseño de política pública, por más impecable que sea, resultará irrelevante.
- -
El autor es Armando Vargas (@BaVargash), doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa (@mexevalua).