La disputa por el agua

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El país está plagado de conflictos ambientales no resueltos. Constituye la herencia de administraciones pasadas. Muchos de esos conflictos se derivan de haber cometido serias irregularidades en las autorizaciones de las obras, debido a la conveniencia económica y política de beneficiar intereses particulares, de políticos y empresarios; justificadas en la necesidad de impulsar el crecimiento económico y el empleo y, en algunos casos, la transición energética.

También esta administración federal enfrenta nuevos conflictos, asociados a sus proyectos insignia. Existe una diferencia importante, sin embargo, ahora los casos se han hecho más visibles en el debate público. La presión pública es mayor y se tiene más margen para que se exprese la disidencia, tanto en los medios de comunicación... como en los juzgados. Esperanzadoramente, poco a poco se está desarrollando en el país el derecho ambiental.

Desde nuestra visión, como resultado de ese debate, es posible que se desarrolle una conciencia ambiental más fuerte y vigilante de los gobiernos y, sobre todo, de las empresas. Forma parte del proceso de creación de una conciencia ambiental. Algo que ya ha ocurrido en economías avanzadas, con mayor o menor profundidad.

Paulatinamente, se está rompiendo con la idea de que el crecimiento económico y del empleo justifican todo. El propósito de la economía no es el crecimiento en sí, sino el aumento de la calidad de vida de los habitantes de un país. El crecimiento es una vía para alcanzar ese propósito, pero no es la meta. Un enfoque de política excesivamente centrado en el crecimiento agrava los problemas ambientales, agota los recursos naturales, eleva la inequidad en la distribución del ingreso y amplía el espacio para la inestabilidad social y política.

Parte del debate ambiental es la gestión de los recursos naturales, en particular del suelo y el agua. En cuanto al segundo, se espera que el cambio climático agrave las condiciones de sequía en amplias regiones de México y disminuya la disponibilidad de agua, en un entorno de mayor desarrollo urbano y de un crecimiento poblacional comparativamente alto. En tal sentido, la demanda de agua tenderá a crecer más rápido que su disponibilidad. Esto es precisamente lo que refleja la disputa reciente por el agua de la presa La Boquilla en Chihuahua.

¿Qué tenemos en Chihuahua? Un tratado sobre aguas (del año 1944) entre Estados Unidos y México que obliga al país a entregar una cierta cantidad de agua en un lapso de 5 años, pero cuyo volumen anual se ajusta según sean las precipitaciones y la captación de agua. El plazo ya venció y México no ha cumplido con su cuota. Además, se tiene un gobierno federal que cree que se debe cumplir con el tratado, para no abrir la puerta a una renegociación que puede ser desfavorable al país.

El tratado no solo afecta a Chihuahua sino a diferentes estados del país, como Baja California y Sonora, que reciben aguas del Río Colorado que son captadas en territorio estadounidense. El incumplimiento de México en Chihuahua, por ejemplo, podría dar lugar a una renegociación que redujera la cuota que Estados Unidos debe entregar a esos dos estados. De hecho, hay intereses en áreas estadounidenses que recorre el Río Colorado que argumentan a favor de la reducción de los volúmenes entregables.

El incumplimiento de México no solamente se debe a la falta de precipitación, sino a la creciente demanda de agua en la región, incluso para las actividades agropecuarias. En Chihuahua cada vez se saca agua del subsuelo a mayor profundidad, debido al exceso de extracción. Se han abierto pozos cuya autorización ha sido conseguida a través de procedimientos irregulares relacionados con vínculos políticos. Uno de los grupos beneficiados ha sido la comunidad menonita, en perjuicio de ejidatarios y comunidades rurales, por cierto.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera de la Secretaría de Desarrollo Rural, la superficie sembrada bajo riego en Chihuahua ha mostrado un comportamiento creciente. Para efectos del periodo último de 5 años, en 2019 se sembraron 587.8 mil hectáreas, en 2018 597.2 mil hectáreas, en 2017 559.0 mil hectáreas, en 2016 532.1 mil hectáreas. La superficie registró un incremento significativo de 2016 a 2019, de 9.4 por ciento. A manera de referencia, en ese estado en 1990 se sembraban bajo riego 320 mil hectáreas y en 2010 491 mil hectáreas.

También como parámetro de referencia, en Sinaloa la superficie sembrada bajo riego fue de 844 mil hectáreas en 1990 y de 836 mil hectáreas en 2019. La superficie bajo riego muestra alta variabilidad, según sea la captación de agua. Por ejemplo, la superficie en 2019 disminuyó respecto a lo sembrado en 2016, con una superficie de 948 mil hectáreas. Es parte de la lógica de administración del agua para riego.

Puede haber tierra susceptible de riego, pero si no hay agua suficiente no podrá ser sembrada.

En tal sentido, Chihuahua refleja problemas en la sostenibilidad del manejo del agua. Es decir, cómo se explica que un estado que tiene problemas de insuficiencia de abasto de agua haya estado ampliando la superficie sembrada bajo riego.