La cuadratura del círculo...

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Si usted sigue en el afán de comprender las razones que llevaron a los diputados a aprobar los tijeretazos dados al Presupuesto de Egresos para 2020, permítame decirle que esta vez el sentido común le resultará insuficiente. Más aún, su cordura está en riesgo si trata de encontrar las razones por las cuales más de 300 diputados aprobaron el recorte de 1,500 millones de pesos a la Fiscalía General de la República cuando cada día en algunas ciudades siguen apareciendo personas troceadas en bolsas de basura, camionetas abandonadas llenas de disparos, mensajes amenazantes colgados en puentes, cuerpos baleados tirados en baldíos y un largo etcétera que el gobierno atribuye a la lucha que sostiene el narco entre sí.

Por el contrario, esos mismos diputados lograron que la Secretaría del Bienestar recibiera un aumento de 181,457 millones de pesos, la de Educación por 326,282 y la Ganadería por 47,576 millones.
El hecho de que los recortes y aumentos presupuestales reflejen claramente las preocupaciones e intereses de la 4T, no significa que los criterios empleados para tijeretear el presupuesto sean justos del todo. Bastaría con preguntar a la familia LeBarón qué tan justo y razonable le parece el presupuesto aprobado para 2020, y lo mismo aplica para cualquiera de las muchas familias que desafortunadamente han sido víctimas de la violencia que se pavonea a lo largo y ancho de todo el País.
¿Hay manera de encontrarle la cuadratura al círculo? ¿Más allá de la validez jurídica o el predecible revanchismo político, hay algún criterio que justifique los recortes y los abultados aumentos en algunas secretarías? ¿Por qué algunos diputados al momento de su voto aludían a consideraciones éticas? ¿Qué tiene que ver la ética en todo esto? Aunque de entrada pareciera que no viene al cuento, como es habitual en esta columna, la ética tiene mucho que ver en esto. Me explico.
En una de “Las mañaneras” de esta semana, Andrés Manuel López Obrador dijo algo que encendió la mecha de quienes considera sus detractores y adversarios, pero también de muchas otras personas que votaron por él: “Si dar atención preferente a indígenas es racismo, que me apunten en la lista”. ¿Qué pensará de tal aseveración la madre de uno de los jóvenes de Ayotzinapa, de alguno de los muchos desaparecidos por el narco, un colaborador de alguna de las oficinas de Derechos Humanos o, simplemente, un contribuyente no indígena? ¿Por qué el Presidente se siente cómodo y seguro haciendo semejante declaración?
Sin pretender ser el traductor de los pensamientos e intenciones presidenciales, entiendo que López Obrador está hablando desde el principio de la acción afirmativa, mismo que podríamos sintetizar en la siguiente oración: favorecer a una minoría no privilegiada. Solo así podríamos entender por qué el Presidente se atreve a declarar que atenderá de manera preferente a los indígenas dejando por fuera a sectores que al día de hoy se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como podrían ser los estudiantes de medicina que están haciendo su servicio social en comunidades marginadas, los profesores de escuelas semiurbanas, los pacientes de enfermedades crónico degenerativas y un larguísimo etcétera que se traduce en dramas cotidianos de vida. Emplearé un ejemplo menos trágico para ilustrar mejor el asunto.
Imagine que tiene un hijo que es un gran deportista, y al que usted ha venido apoyando para que haga realidad su sueño: representar a México en unos juegos olímpicos. Y como en el deporte de alto rendimiento son más los dolores que las alegrías, ahora imagine que un día su hijo recibe un correo enviado por el comité olímpico mexicano donde le notifican que le retirarán la beca que había venido recibiendo debido a que esos recursos, por razones de justicia, se destinarán a niños indígenas de Oaxaca. ¿Estaría de acuerdo con la decisión del comité? Más aún, tal como dice el correo, ¿considera tal acción como justa?
Como señala Ricardo Buccio, “las acciones afirmativas solo pueden entenderse en el contexto de la discriminación, que, al estar basada en estereotipos y prejuicios, define las relaciones desiguales injustificadas de modo que algunas personas o grupos pueden disfrutar sus derechos mientras otras les son negados. Los hábitos que se derivan de esto reproducen relaciones jerárquicas fundamentadas en una cultura de ventajas para algunas personas, al mismo tiempo que mantienen al margen del desarrollo y la justicia real a otras, con lo que la desigualdad se perpetúa a través de generaciones”.
Así, las políticas que tienen como eje la acción afirmativa buscan romper con prácticas discriminatorias institucionalizadas que, tal como da cuenta la historia, han victimizado a ciertos grupos poblacionales, negándoles la oportunidad de acceder a una vida digna. Los pueblos indígenas, sin lugar a duda, han sido el sector más vulnerado, de ahí la necesidad de pensar y asignar apoyos preferenciales que, en principio, podrían parecer una contradicción debido a que el trato preferencial se emplea como una vía para garantizar la igualdad.
En este sentido, como dice Buccio, “algunos esfuerzos de acción afirmativa incluyen tratos preferentes, otros no”. [...] Además, las acciones afirmativas han sido también asociadas con la imposición de ‘cuotas’ y ‘objetivos’. Otro término que se asocia a menudo con la acción afirmativa es la “discriminación inversa”, que en palabras de Greenwalt “significa una diferencia en determinados tratos que revierten los efectos de discriminaciones pasadas”.
Volvamos al ejemplo del deportista para explicar mejor este asunto de los tratos preferentes. Si su hijo es elegido para representar a México en una olimpiada, ello no significa necesariamente que el equipo de entrenadores le haya dado un trato preferencial, sino que fue elegido entre otros deportistas por sus cualidades.
La cuestión de la acción afirmativa se complica un poco más en el tema de las cuotas. Imagine que en el ánimo de reducir las prácticas discriminatorias, una dependencia gubernamental deje por fuera al 15 por ciento de los solicitantes de empleo porque no entran en la categoría “población vulnerable por discriminación sexual, étnica, religiosa, por edad, discapacidad u orientación sexual”.
Y ya para cerrar, volviendo al tema del Presupuesto de Egresos 2020, ¿qué hubiera sido lo justo? ¿Defender la igualdad presupuestal perfecta, plena, absoluta, sin matices? En una sociedad donde la injusticia institucional ha precarizado y vuelto miserable la vida de millones de personas, parece que lo razonable y justo es dar un espacio legítimo a la acción afirmativa; claro, siempre y cuando ésta no termine por precarizar aún más la vida de quienes viven en condición de vulnerabilidad.
En esto consiste la enorme dificultad de encontrar la cuadratura al círculo de un presupuesto que, intentando reducirla, aún puede agudizar más la desigualdad.
pabloayala2070@gmail.com