La confusión y la soberbia envuelven al comité coordinador del Sistema Anticorrupción

Los miembros del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa ven la tempestad y no se hincan. Operan como una fría jaula de hierro en tiempos donde la masa amenaza con destruir todo de signo de indolente racionalidad burocrática.

En el País está presente una fuerza política avasalladora que persistentemente cuestiona la vigencia de organismos autónomos y descentralizados del Gobierno por considerarlos onerosos e ineficaces, y los de aquí no contribuyen con su trabajo a la defensa de las instancias que velan por la salud democrática.

La ciudadanía está ávida por que se atiendan los escándalos por malversación de recursos públicos; y en cambio, las instituciones en Sinaloa que pudieran hacerlo, prefieren enfrascarse en laberintos leguleyos, como ahora que están poniendo trabas para que la sociedad civil tenga sus representantes en el sistema local anticorrupción.

La soberbia no les deja ver que los altos índices de impunidad en Sinaloa son ocasionados por un sistema anticorrupción muy pobre en resultados. Desde su creación en 2017, alrededor de 20 servidores públicos han sido acusados por diversos delitos relacionados al desempeño irregular de sus funciones, aunque tan solo uno de ellos, Luis Angel Pineda Ochoa, ha sido sentenciado.

Por eso la integración de auténticos representantes de la sociedad civil en el Sistema Anticorrupción es fundamental y ya no puede postergarse por más tiempo. Y es que originalmente el sistema contempló un espacio ciudadano, el CPC, pero inmediatamente fue cooptado por intereses contrarios, salvo algunas valiosas excepciones, como lo fue el caso de Norma Sánchez Castillo.

Los otros primeros integrantes del CPC fueron designados sin contar con el perfil ciudadano que se requería para ocupar el cargo. De todos ellos el personaje más polémico es Sergio Avendaño Coronel, que fue incorporado a pesar de su amplio historial como servidor público, y que se ha enquistado con todo y que llegó a reconocer que funge como abogado defensor de un ex delegado de la Sedatu vinculado a proceso por presunto desvío de recursos.

Y ahí sí, los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción no se pusieron tan exquisitos ni meticulosos, siendo que debieron destituir a Sergio Avendaño por ese flagrante conflicto de interés y porque la Ley además prohíbe que los miembros del CPC tengan un empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestan al sistema. Lo dejaron seguir, y ahí se quedó para entorpecer lo más que se pueda el combate a la corrupción.

Recientemente, en diciembre de 2022, cuando se lanzó la convocatoria para renovar el CPC, Avendaño envió una carta a la nueva y todavía vigente Comisión de Selección, amenazando a sus integrantes de consecuencias penales si en el proceso se desechaba a candidaturas que estuvieran relacionadas a la función pública. En pocas palabras, quería sabotear el proceso, o infiltrar a gente como él, para que más políticos acapararan los pocos espacios reservados para la ciudadanía.

Pero como no lo logró, la semana pasada mandó elaborar mediante la Secretaría Técnica del Sistema un dictamen jurídico con el que ahora se pretende desconocer el último proceso de designación y de esa forma impedir la contratación de las nuevas tres integrantes del CPC que ya tomaron protesta frente a la Comisión de Selección. Algo totalmente fuera de razón, dado que ni la Secretaría Técnica, ni el Órgano de gobierno tienen la atribución de validar o desconocer el procedimiento de designación.

El Comité Coordinador no es un ente supervisor del Comité de Selección, sus integrantes confunden sus facultades, que no son las de un Juez de Distrito. Su obligación en este caso, es simplemente incorporar cuanto antes a las designadas mediante contrato, para que de esa manera puedan comenzar a realizar las funciones para las cuales fueron elegidas.

Por eso hoy jueves la Comisión de Selección tendrá una sesión ordinaria, donde se ratificará la votación que ya fue realizada, y con lo cuál se enviará un exhorto a los miembros del Comité Coordinador del Sistema anticorrupción, y a la Secretaría Técnica para que cumplan con lo que les corresponde, de no hacerlo estarían incurriendo en faltas administrativas que pudieran separarlos de su cargo.

* El Comité coordinador del sistema anticorrupción está integrado por: la Auditora Superior del Estado, Emma Félix Rivera; el Magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Francisco Galicia Morales; la representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ana Gutiérrez Arellano; el Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda; el comisionado presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, José Luis Moreno; la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Nereida Avilés Aceves; y el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Avendaño Coronel.

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jorge.ibarram@uas.edu.mx