La CFE, entre empresa productiva del Estado y empresa pública

Una de las iniciativas de reformas a la Constitución enviadas por el Presidente López Obrador, a manera de despedida, es la de convertir a Pemex y la CFE de “Empresas productivas del Estado a empresas públicas”, modificando los artículos 25, 27 y 28 constitucionales; dicha propuesta encaja ideológicamente en el pensamiento estatista y anti empresarial del Presidente pues, como dice la iniciativa, la Comisión Federal de Electricidad sería preferente en cuanto a generación, transmisión y distribución de electricidad, de modo que el Estado tendría siempre cuando menos el 54 por ciento de la generación y mercado de la energía eléctrica y la Iniciativa Privada un máximo de 46 por ciento. Estos números no serían importantes si no fuera más importante la necesidad de un mayor crecimiento en la capacidad generadora de energía y, más importante aún, en la calidad de esa energía, pues la exigencia actual es la de contar más con energía limpia que con energía “sucia”, como la que se produce quemando combustibles fósiles, como el gas, combustóleo y carbón, que son sumamente contaminantes.

Hasta marzo de 2024, según datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el 61 por ciento de la energía se produce en plantas de ciclo combinado a base de gas, principalmente importado de Estados Unidos y el 9 por ciento se genera con petróleo y carbón; en cambio, la energía menos contaminante, que es la hidráulica, ha descendido de casi un 8 por ciento en 2022 a un 4.6 por ciento en marzo de 2024, debido principalmente a la sequía.

Reforma publicó el 19 de abril que, según el Global Wind Report 2024, “en México se observó una caída de 39.2 por ciento en su capacidad de generación de energía eólica al pasar de 158 megawatts en 2022 a solo 96 MW en 2023”; en cambio, Brasil en el mismo periodo pasó de 4 mil 065 megawatts a 4 mil 817, un incremento de 18.5 por ciento en un año. Todo lo anterior indica lo lejos que está México de alcanzar al menos que “el 35 por ciento de su generación de energía provenga de fuentes limpias para 2025”, pues apenas se obtiene un 20 por ciento de energías limpias.

Que la CFE deje de ser una empresa productiva significa, no que deje de obtener utilidades, sino que no le importe ser o no eficiente y atender a la productividad, es decir, al mejor aprovechamiento de sus recursos proporcionando el mejor servicio al menor costo; en cambio, siendo una “empresa pública”, la eficiencia, la productividad y la transición energética pasan a un segundo o tercer plano, precisamente mientras el mundo celebra el 5 de marzo como día de la Eficiencia Energética. La CFE reportó en 2023 una utilidad de 116 mil 469 millones de pesos, aunque del 2015 al 2022 obtuvo pérdidas por casi 190 mil millones de pesos. En estos últimos cinco años, la pérdida acumulada es de poco más de 73 mil millones de pesos, motivados por los subsidios y la ineficiencia.

México requiere en este renglón una rigurosa planeación a largo plazo, de lo que parece no tener la CFE pues hay que considerar que las plantas de ciclo combinado requieren de cuatro a cinco años para su operación, y aunque la “actual administración impulsó cinco plantas de ciclo combinado que debían inaugurarse en 2024, estas tardarán todavía entre uno y tres años, ya que sólo tienen un avance promedio de poco más del 70 por ciento”.

En cambio, el propio gerente de proyectos estratégicos de la CFE, Jorge Musalem, explicó que “para que México pueda lograr 40 por ciento de energías renovables para 2030, se requieren inversiones por 35 mil millones de dólares, lo que permitiría agregar 35 mil megawatts de generación renovable”, pero todavía “habría que sumar las inversiones en... infraestructura de transmisión y sistemas de almacenamiento”, expuso en su intervención en el Foro Future Energy Summit 2024. Estas aseveraciones dejan bien claro que ni la CFE, ni el Gobierno tendrían esas cantidades, por lo que, si sí es responsable en la planeación del futuro económico del País, se tendría que permitir que la Iniciativa Privada invierta en buena parte de ese costo, principalmente en generación, de modo que el Gobierno invierta en transmisión y distribución.

Los recientes apagones dejaron en evidencia no sólo la falta de energía suficiente, sino también la debilidad e insuficiencia de las redes de transmisión y distribución, así como el retraso evidente en plantas de energía limpia.

Con buena voluntad, Gobierno, Iniciativa Privada y sociedad en general, pudieran solucionar el problema energético de México.

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