La búsqueda de justicia de la familia Barajas y la reforma judicial

La semana antepasada, en Acámbaro, Guanajuato, un Tribunal de Juicio Oral absolvió en el fuero común a los probables responsables de la desaparición de la maestra Guadalupe Barajas Piña. El triunfo de la impunidad en este caso muestra que, en efecto, es indispensable transformar la justicia, evidenciando también que la reforma que se requiere no es la que en estos días se ha discutido en la Cámara de Diputados.

El cuerpo de la maestra Lupita, desaparecida el 29 de febrero de 2020, fue encontrado en una de las fosas de Salvatierra, Guanajuato -la fosa clandestina más grande hasta el momento encontrada en dicho estado- donde se hallaron también los restos de cerca de 80 personas, 65 de éstas ya identificadas. El hallazgo habría sido imposible sin la búsqueda emprendida por los colectivos locales, donde participó la familia de la profesora.

Francisco Javier, hermano de Lupita, quedó tan marcado por esa experiencia que decidió, como lo hacen tantos familiares, entregarse a trabajar por las personas desaparecidas, ingresando a la Comisión Estatal de Búsqueda. Por su activismo, el 29 de mayo de 2021 fue también asesinado.

Ambos casos han avanzado lentamente ante la justicia. En el caso de Lupita, a casi cinco años de los hechos, las audiencias del juicio respectivo iniciaron hace unos días. Cuando concluyeron, lamentablemente el Tribunal de Enjuiciamiento determinó absolver a los acusados, lo que ya será impugnado por el ministerio público y la propia familia.

El caso muestra cómo, en efecto, el sistema de justicia mexicano está roto. A los familiares de Javier y Lupita le fallaron las instituciones de seguridad de Guanajuato, que no impidieron que se les privara violentamente de la vida. Les fallaron las comisiones de búsqueda, pues fueron los colectivos quienes encontraron la fosa y los cuerpos hallados ahí aún esperan a ser identificados por el persistente rezago forense. Les fallaron las instituciones de atención victimal y protección de personas defensoras, pues desde los hechos tuvieron que salir de Guanajuato y viven en condiciones adversas como tantas personas desplazadas por la violencia. Les falló también la Fiscalía General de la República que, dada su inmovilidad actual, fue omisa en investigar para desarticular las redes criminales con presencia local.

Ahora, les han fallado también la Fiscalía Local, que no logró sostener el caso en la etapa de juicio, y el Tribunal de Enjuiciamiento, que emitió un fallo técnicamente cuestionable, como lo señalaron las organizaciones que acompañan a la familia Barajas.

Frente a una sentencia que provoca una impunidad oprobiosa, cabe preguntar a la luz del debate político actual: ¿habría sido diferente este vergonzoso resultado con una reforma judicial como la que es propuesta por esta administración? La respuesta clara es no: elegir a los jueces mediante sufragio, sin transformar a las fiscalías para que mejoren sus capacidades de investigación y litigación, no significaría ningún cambio positivo frente a realidades como la que se enfrentan en estados como Guanajuato. Casos en los que los testigos de cargo se retractan por amenazas de una criminalidad organizada que cada vez controla más territorios, no serán mejor investigados ni mejor juzgados por una reforma como la que se ha propuesto.

Y es que siendo correcto el diagnóstico sobre la necesidad de revisar al sistema de justicia, el correctivo ofrecido con esa reforma es peligroso y desacertado. Como lo señalaron recientemente en un importante posicionamiento los programas de derecho del Sistema Universitario Jesuita: “los términos actuales del Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados no garantizan los más altos estándares en materia del derecho de acceso a la justicia ni las condiciones de independencia y autonomía que resultan inherentes a la función judicial”.

La impunidad de México duele. Casos como el de la maestra Lupita indignan. Esa vergonzosa realidad debe cambiar. Actualmente contamos con numerosas propuestas generadas desde la sociedad civil, la academia y las propias víctimas que podrían contribuir a ello. Pero este profundo y secular problema no se resolverá si el enojo que provoca el sistema de justicia sólo se instrumentaliza para que la sociedad respalde una reforma que, en aras de aumentar el control político sobre la judicatura, causará incluso más problemas que los que hoy tenemos.

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