La burla; Ruiz Rangel al OIC de la FGE
Acierto: lupa al Instituto de Protección

Como las noticias que traen consigo la irresolución de sin son buenas o malas, el Congreso del Estado por fin designó a los titulares de los Órganos Internos de Control de la Fiscalía General del Estado y del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ocasionando un dejo de preocupación en el primer caso por el cuestionado perfil del elegido y, en el otro asunto, abriendo el correspondiente bucle de fe en que el órgano que protege la libertad de expresión y el activismo social resulte fortalecido por el área revisora que se le añade.

Tal vez a un segmento importante de sinaloenses les resulte intrascendente la habilitación de instancias de fiscalización en la FGE e IPPPDDHyP no obstante que el involucramiento cívico es cada vez mayor en exigir el uso honesto de los dineros que en las finanzas públicas son susceptibles a malversaciones y opacidades. A muchos funcionarios les gusta apropiarse de los presupuestos aunque a nadie desde su rol de gobernado le gusta que le roben, por eso los administradores de erarios no sólo deben parecer honestos sino fundamentalmente serlo.

Avanzar en la integración de las unidades administrativas que combaten la corrupción en las instituciones públicas son sin duda logros importante de los sistemas parlamentarios y sobre todo de la sociedad civil. Así, a secas, hay que reconocerle a la 64 Legislatura que más vale tarde que nunca llegar al momento de concretar los instrumentos de auditoría para que cada peso se destine a beneficiar a los ciudadanos, tal como lo determinan los financiamientos públicos etiquetados.

Pero nunca falta el negrito en el arroz y aquí va el encontrado en lo que corresponde al OIC de la FGE. Las diputadas y los diputados persisten en habilitar a Fernando Ruíz Rangel como factor de transparencia pese a arrastrar el antecedente de operar en septiembre de 2023 para que en la selección de titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción actuara el favoritismo al alterar el equilibrio de la votación de los demás consejeros sacando adelante a Rosa del Carmen Lizárraga cuando la designación de ella pudo haber salido de manera más dignificante.

Con la maniobra de Ruíz Rangel hubo perjuicios colaterales para la favorecida con la designación porque Rosy Lizárraga no requería de la mácula que aquel le imprimió a su trayectoria de vocera del gobierno de Juan Millán, coordinadora de la oficina de acceso a la Información en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, coordinadora de acceso a la información pública de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas en los primeros cuatro años del período de Mario López Valdez, y presidenta e integrante de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de 2014 a 2021.

Ni modo que el Congreso y quienes lo integran justifiquen que no estaban enterados de aquella intervención de Rangel Ruiz que descarriló el principio de idoneidad del Sistema Estatal Anticorrupción, porque de alegar desconocimiento de temas de fondo los asambleístas robustecerían la impresión, de por sí arraigada en los sinaloenses, de que legislan sobre las rodillas e inclusive sin tomarse la molestia de estudiar cuestiones que al ser aprobadas al vapor repercuten en la lucha por establecerle controles al desempeño de la función pública de Sinaloa.

La actuación de Legislativo genera la sospecha de la intervención de una enorme mano negra para sacar adelante la designación de Ruíz Rangel. La espeluznante sombra de garras que hurgan en las madrigueras de los tenebrosos para extraer de allí a especímenes que son colocados en espacios a los cuales la transparencia les debiera ser como el agua al pez. Ojalá que Fernando Ruiz Rangel dé elementos en la Fiscalía para sacarlo de esta narrativa y le aporte nitidez a la institución ministerial para considerarlo el referente que creemos puede ser en la trinchera anticorrupción.

En lo que corresponde al Instituto de Protección, se le dota de un brazo indispensable en su corta vida que con aciertos y errores le significa todavía la curva de aprendizaje. Presidido por Michelle Adriana Pineda Prado el OIC deberá realizar, con autonomía técnica y de gestión, la función de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados, por faltas graves.

Es un acierto del Congreso la designación de Pineda Prado al resultar sin cuestionamientos ni máculas para hacerle frente a la nada fácil tarea de revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos, y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Así el IPPPDDHyP adquiere confiabilidad al tener ya la lupa que lo vigile pues con el Órgano Interno de Control tal vez hasta logre afinar criterios en cuanto a quiénes amparar en el ejercicio de tales actividades, ahora que los agresores de la prensa y de luchadores sociales pelean por deshacerse de sus cueros de lobos para ceñirse a su medida las pieles de corderos.

Recolectamos el mismo día,

El podrido y el maduro fruto:

Una tapadera en la Fiscalía,

Y la lupa sobre el Instituto.

En la encomienda de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, al Instituto le hace falta que el Congreso del Estado reforme la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear en Sinaloa el Ministerio Público especializado en la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Se necesita de la institución ministerial como último ladrillo fundamental que a través de carpetas de investigación desenmarañe la madeja en que se enredan funcionarios y agitadores que atacan a reporteros y medios utilizando recursos públicos y escudándose detrás de cargos pagados con el dinero que vía impuestos aportamos los ciudadanos.