La batalla por el faro. Un llamado de la ciudadanía para recomponer la 4T en lo local
En Mazatlán, la Cuarta Transformación ha fallado en cumplir una de sus consignas más populares, la de separar el poder político del poder económico, una proclama que apura a limitar la influencia excesiva del dinero en los asuntos públicos, para empoderar a los ciudadanos en la toma de decisiones.
En el urbanismo a esto es lo que se conoce como “el derecho a la ciudad”, un concepto acuñado por el filósofo francés Henri Lefebvre, en la década de 1960, como una crítica a la planificación urbana autoritaria y excluyente.
Lefebvre argumentaba que las ciudades son espacios de lucha política y social, y que todos los habitantes deberían tener la oportunidad de influir en la forma en que se desarrollan y organizan los espacios.
Contrario a ese ánimo, la imposición de una tirolesa en el Cerro del Crestón en Mazatlán pone de manifiesto que a nivel local los que mandan son los actores de mayor peso económico; que el Alcalde Edgar González está doblegado a sus intereses, sobre todo a los de Grupo Red Petroil; y que la ciudadanía no encuentra en el Gobierno Municipal un acompañamiento a sus exigencias.
La amenaza de proceder legalmente contra los manifestantes que realizaron pintas en la fachada del Observatorio, durante la marcha del domingo pasado por la defensa del faro, habla de cómo Amado Guzmán está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias para sacar adelante un proyecto que la ciudadanía aborrece.
Mediante uno de sus representantes, Red Petroil condenó a las personas que se dedican a demeritar al grupo empresarial mediante la supuesta difusión de información falsa, pues según Alejandro Cristerna Guzmán, director de Innovación del consorcio, la gente desconoce de lo que se trata la tirolesa.
Pues efectivamente, si la población en general desconocía el tema de la tirolesa, fue porque el proyecto se aprobó en opacidad, sin consultas, negociando la concesión a espaldas de los ciudadanos, sin dar a conocer previamente los estudios de impacto, para constatar a tiempo si eran válidos y si se ajustaban a verdaderos criterios ambientales para la zona.
Y es que se sabe, por ejemplo, que ni en la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó la Operadora Turística Observatorio 1873, ni en el aval que le otorgó la Semarnat por una vigencia de 25 años, se hace referencia al impacto en la flora y fauna del lugar. Es decir, el documento está incompleto y, por lo que parece, fue realizado tan solo para cumplir el requisito.
Así que no vengan con que las demandas por vandalismo en contra de los manifestantes son por un asunto de hacer respetar el Estado de Derecho, pues fue la ilegalidad y el incumplimiento de normas ambientales y de planificación urbana del proyecto, lo que lanzó a la ciudadanía a manifestarse en las calles.
Por su parte, Édgar González, Alcalde de Mazatlán, dijo que las personas están confundidas, que el faro no se privatiza, que es solo una parte, y que el resto será de acceso libre, y que además será la ASIPONA la responsable de cuidar y administrar el bien natural.
Qué manera de subestimar el intelecto de los ciudadanos, todavía más cuando entre los manifestantes que defienden el faro hay especialistas en temas urbanos y ambientales que han dedicado su carrera a estudiar y advertir sobre las implicaciones de un modelo de desarrollo depredador, como el que se pone en marcha de forma acelerada en Mazatlán.
Más bien los que están confundidos son ellos, Édgar González y Amado Guzmán, que no son capaces de entender que no es solo el tema de la tirolesa y el posible ecosidio en el crestón, pues junto con ello, aparece el hastío de la gente al ver como unos pocos se apropian y lucran con los espacios que antes eran de todos, mientras la calidad de vida de la población disminuye conforme se les desplaza.
No captan que la gente ya no acepta que ignoren sus demandas. Que no solo se trata de apoyos a los más necesitados o la creación de fuentes de empleo miserables. Que la gente quiere una ciudad ordenada, incluyente y accesible. Que se les tome en cuenta, porque son los ciudadanos quizá mejor que nadie, los que visualizar el prospecto de ciudad que habitan.
Pero ni el Alcalde ni el dueño del Grupo Petroil entienden que el proyecto de la tirolesa representa todo eso que está mal en Mazatlán: negocios en lo oscuro, beneficios para unos cuantos, desprecio a la ciudadanía, especulación, corrupción y tráfico de influencias, depredación de los entornos naturales, turismo desaforado.
El proyecto de la tirolesa es además un abuso, porque significa la modificación unilateral de las condiciones de uso del Cerro del Crestón en beneficio de una empresa que se aprovechó de que el faro está ubicado en una zona federal, y de esa forma obtener una concesión directa de manos de la Secretaría de Marina, pasando por alto la consideración de sus legítimos dueños: los mazatlecos, a quienes nunca se les preguntó si querían o no un proyecto turístico en ese lugar que además de todo es un patrimonio ecológico y cultural.
Por todo lo anterior, sería un error que la próxima Presidenta Municipal de Mazatlán actuara igual que sus antecesores. Estrella Palacios tiene la oportunidad de recomponer el camino. Su tarea más grande tiene que ser conciliar el crecimiento económico y las actividades turísticas e inmobiliarias de la ciudad, con el desarrollo sostenible y participativo que tanto se busca.