La arqueología del terror: Desapariciones forzadas en Sinaloa

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“Estamos viviendo un dolor que no tiene nombre….si muere mi madre soy huérfana, si muere mi esposo soy viuda, no hay palabras para el dolor que siente una madre que tiene un hijo desaparecido, ¡no existe un nombre¡ Lloramos día y noche, día y noche…de rodillas le pido a Dios que me dé la oportunidad de saber qué hicieron con mi hijo….”

(Nombre desconocido de una madre, durante el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia, llevado a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco el 14 de septiembre de 2019).
Este desgarrador lamento refleja el dolor que sienten miles de padres y madres de personas desaparecidas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Sin duda la desaparición forzada es uno de los delitos de mayor impacto, por lo que es tipificado como delito nacional y delito de lesa humanidad, pues cumple con el criterio de la sistematicidad.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas lo define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx).
Hasta ahora son escasos los estudios desde las ciencias sociales que profundicen en las causas y efectos de esta problemática en México, y son nulos en nuestra entidad. Es una tarea pendiente que tenemos en los centros de investigación y programas de posgrados sinaloenses. Uno de los pocos estudios de relevancia es el que publicó hace apenas unos días en su último número, la prestigiada revista científica Papeles de Población, en el que los autores Edel Cadena y Carlos Garrocho, hacen un análisis sobre los homicidios y desapariciones forzadas en México en el periodo 2006-2017 en 458 municipios del país.
(DOI: http://dx.doi.org/10.22185/24487147.2019.102.37).
Los autores mencionan que en Latinoamérica se ha acuñado desde las ciencias forenses, la categoría de arqueología del terror para referirse al fenómeno, y que sus causas están en función del clima de violencia política, autoritarismo gubernamental, impunidad y delincuencia.
Basándose en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que están referidas a “datos de personas no localizadas”, los autores encontraron que de 2006 a 2017 había registrados 30 mil 903 desapariciones forzadas en el país, de las cuales 2,441 (el 8%) se registraron en Sinaloa, esto lo colocaba en quinto lugar nacional en números absolutos. Pero en números relativos el panorama cambia, pues encontraron que en Sinaloa ocurrieron 88.2 eventos por cada 100 mil habitantes, esto lo coloca en el segundo lugar nacional, sólo después de Tamaulipas. En nivel municipal ubican a Culiacán (con 851 desaparecidos) y Mazatlán (con 463), como parte de los 110 municipios que conforman uno de los dos “Clusters de Alta Incidencia Delictiva”.
Lo interesante aquí, es que al hacer la correlación entre número de desapariciones y adversidad social (pobreza, marginación, rezago social y desigualdad en la distribución del ingreso) de los municipios donde ocurren las desapariciones, no encontraron una correlación significativa. Es decir, basándose en la evidencia, es erróneo decir que “a mayor adversidad social, mayor número de desapariciones forzadas”. (Sí la encontraron en homicidios).
Los autores concluyen en que las desapariciones forzadas parecen seguir una lógica geográfica diferente a los homicidios: no responden sólo a la pobreza y violencia del municipio donde ocurren, sino a otras circunstancias, incluso a las condiciones de prosperidad del municipio donde se llevan a cabo, como puede ser en el caso de los secuestros.
Actualmente, el problema en Sinaloa sigue en aumento, pues hasta el día 26 de junio de 2020 (el número crece cada día) en la página electrónica de la Fiscalía General del Estado, se tiene registro oficial de 3,102 “personas desaparecidas o no localizadas” (2,872 hombres y 230 mujeres) (http://fiscaliasinaloa.mx/index.php/servicios-a-la-comunidad/desaparecidos), aunque la cifra es cuestionable, pues muchos casos no se denuncian por desconfianza en las autoridades.
Recientemente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), emitió una Recomendación General (disponible en https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/recomendaciones/recomendaciones-generales/4986-1-2020-desaparicion-de-personas-en-el-estado-de-sinaloa/file) en la que tras el análisis de 338 expedientes integrados por este organismo público autónomo, desde el año 2008 hasta junio de 2019, “se detectaron serias omisiones por parte de las autoridades competentes en nuestra entidad en materia de prevención, atención a las familias y la investigación del delito o delitos cometidos”.
En el documento que consta de 64 páginas, se señalan las serias deficiencias en la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en los Protocolos Homologados de Búsqueda, y en la Ley de Atención a Víctimas de Sinaloa. Además, advierte que en todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado, se evidencia la poca intención de investigar a fondo y de no dejar en total indefensión a la víctima directa, negando el acceso a la justicia a los familiares, y revictimizándoles.
Se lee también sobre falta de acompañamiento hacia los familiares de las personas desaparecidas, tanto de las autoridades de investigación, como de la Comisión Estatal de Búsqueda. Es por ello, se indicó, que se han formado grupos y colectivas de búsqueda en pos de rastrear, encontrar y dar seguimiento de los casos. En su gran mayoría, son las madres, esposas e hijas de las personas desaparecidas las que, sin tregua, abandonan todo por buscar a ese ser querido.
Es preocupante que Sinaloa ocupe uno de los primeros lugares a nivel nacional en este delito. Como dicho al inicio del texto, los académicos tenemos la responsabilidad social de estudiar a profundidad desde las ciencias sociales y forenses ese problema tan grave en Sinaloa, pero más responsabilidad tienen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de las tres órdenes de gobierno en el combate y prevención de este delito tan terrible.
Es cuanto….
* Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa
* Consejero Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa.