¿Justicia abierta?

En el mes de julio de 2023, el World Justice Project, en alianza con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), presentó la Métrica de Justicia Abierta, que contó con la revisión metodológica e implementación del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara.

La Métrica es un instrumento de medición que tiene el objetivo de calibrar el estado de apertura en el que se encuentran las instituciones del ‘ecosistema de justicia’, es decir, no únicamente aquellas que forman parte de los poderes judiciales, sino todas las que están involucradas en los procesos de procuración y administración de justicia, pero también de protección, acompañamiento y garantía de los derechos. La justicia abierta “abarca la garantía eficaz del derecho de las personas a estar informadas de manera continua y suficiente de todo acto de autoridad en materia de justicia; del derecho a expresar sus perspectivas sobre la vida pública y compartirlas con las instituciones del ecosistema de justicia; a interactuar y cocrear soluciones para incidir en los problemas de justicia y soluciones para abordarlos; contar con mecanismos y procesos para detectar y denunciar arbitrariedades y monitorear la investigación y sanción de posibles actos de corrupción en las instituciones (...) La justicia abierta es una de las respuestas para alcanzar una justicia centrada en las personas”.

La Métrica se articuló en cuatro dimensiones: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, que se analizaron desde dos perspectivas, la institucional y la ciudadana. Las cuatro dimensiones se integraron con variables enlazadas a los mandatos institucionales. El estudio analizó 233 instituciones de los ámbitos estatal y federal, integrando órganos jurisdiccionales, pero también no jurisdiccionales y otras instancias como las coordinaciones de sistemas penitenciarios.

El promedio general de la Métrica respecto de los 233 sujetos obligados analizados fue de 0.42 (en escala de 0 a 1).

En la dimensión transparencia el resultado fue 0.59. Este resultado más elevado se relaciona con que las variables de la dimensión derivan de obligaciones de transparencia y archivos. En un contexto nacional en el cual estas obligaciones llevan ya varios lustros como requisitos institucionales, no es extraño que sea la calificación global por dimensión más elevada. Lo que sí resulta de interés es que, siendo obligaciones legales y constitucionales, en las que se basó el diseño de la dimensión, el resultado no haya sido mayor. Este resultado evidencia que el cumplimiento de obligaciones de transparencia, que es el piso mínimo para la apertura, todavía está lejos de ser el óptimo. Este resultado también permite reiterar la condición de imprescindible que tienen el INAI y los órganos garantes estatales. Lo sabemos: los sujetos obligados (en este caso, los del ecosistema de justicia) no siempre cumplen con sus obligaciones de transparencia; mientras eso no suceda de forma rutinaria, es fundamental que prevalezcan y se fortalezcan las instituciones garantes -como el INAI-, pues de no hacerlo estamos ante el riesgo de que la transparencia y el derecho de acceso a la información no hayan sido más que un paréntesis en la historia de México.

La dimensión de rendición de cuentas tuvo un puntaje global de 0.44. Es un caso similar a la dimensión anterior: las variables de ésta se encuentran vinculadas con obligaciones legales. Los resultados magros evidencian que los controles (internos y externos) de las instituciones analizadas no están siendo eficaces en la vigilancia y tampoco en la corrección de las deficiencias o zonas de riesgo.

Las dos dimensiones restantes, de participación y colaboración, tuvieron resultados globales de 0.37 y 0.27, respectivamente. Estos resultados nos dejan claro que son muy limitados los espacios para la participación y apertura efectiva de las instituciones del ecosistema de justicia. La relación entre estas dos dimensiones y las dos anteriores es secuencial. Las de transparencia y rendición de cuentas se entienden como las bases según las cuales las instituciones abren su información y sus procesos -es decir, estas dimensiones son una suerte de vitrina. Sin embargo, si esa apertura no va acompañada de mecanismos y herramientas para la participación, vigilancia y acompañamiento ciudadanos, entonces no se materializa el segmento práctico, que contribuiría a que esa ‘vitrina’ pudiera ser objeto de análisis y uso por parte de los ciudadanos, para fortalecer la garantía de los derechos.

Estos son los principales resultados que nos ofrece laMétrica de Justicia Abierta. Es un primer ejercicio, que ojalá prospere y se consolide pues, dados los resultados, es preocupante que las instituciones del ecosistema de justicia no sólo cumplan a medias con las dimensiones de transparencia y rendición de cuentas -en las que deberían tener ya mucha experiencia-, sino también que dichas instituciones estén cerradas y de espaldas a la vigilancia, acompañamiento y participación de los ciudadanos, es decir, de las personas a las que deberían estar dirigiendo su práctica institucional y garantizando sus derechos.

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El autor es Jaime Hernández Colorado (@jhcolorado), director general de @NosotrxsMx.