¿Inútil el Sistema Estatal Anticorrupción?

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Urgente ponerlo a funcionar, o renovarlo

En un estudio publicado en julio de 2020 por la Revista Nexos, de la autoría de Natalia A. Campos Delgado, el nivel de coordinación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa se ubica en el lugar 11 a nivel nacional, con un puntaje de 0.52 en la tabla donde cero es nulo enlace y 1 representa el estatus ideal. A partir de esta medición y con base al comportamiento que trasluce a nivel local, bien valdría la pena que el Congreso del Estado realice un diagnóstico profundo y establezca acciones de fondo para mejorar el funcionamiento del SEMAS.

Primero, la teoría: en la tesis de Natalia Campos la mayoría de los sistemas estatales anticorrupción se encuentran en el nivel intermedio de coordinación superando el cumplimiento de requisitos básicos, sin embargo, no han logrado alcanzar el nivel ideal requerido para superar la fragmentación y actuar según los desafíos de la corrupción sistémica existente en México.

Desde tal revisión de los Comités de Participación Ciudadana y Comités Coordinadores se resuelve que éstos podrían entrar en un fenómeno conocido como inercia organizacional: optan por mantener el statu quo, lo que implica, entre otras cosas, que evitan esforzarse y no comparten información que podría ser útil, e incluso vital, para las demás organizaciones.

Segundo, los hechos: en el tema específico del Sistema Anticorrupción de Sinaloa resaltan elementos recientes donde son muchas las evasivas del SEMAS que obstaculizan que éste sea el instrumento eficaz que opera contra la corrupción sistémica. Así, mientras los saqueadores del patrimonio público toman velocidad, el aparato institucional para contenerlos se mueve a paso de tortuga.

Los casos recientes de los Ayuntamiento de Mazatlán y Ahome, donde los alcaldes Luis Guillermo Benítez Torres y Manuel Guillermo Chapman Moreno dieron el deplorable ejemplo de desobedecer y ridiculizar al sistema sinaloense anticorrupción, designándose a la medida de sus intereses personales a los titulares de los Órganos Internos de Control, hablan a grito abierto de la inutilidad del CPC y el Comité Coordinador en su obligación de hacer valer la normatividad en la materia. En vez de actuar, el SEMAS hizo eco de los argumentos de los sujetos obligados, que adujeron la politización para justificar la coartada.

Enseguida, al asignarle el Congreso del Estado la responsabilidad del proceso para elegir a los testigos sociales que se integrarán a los comités de obra pública, los que conforman el CPC renegaron públicamente de tal encomienda al considerar que se les atribuyen facultades que no les corresponden e inclusive, en el colmo de la desmesura, amenazan con interponer un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo lo que califican como inconsistencias.

Estos y otros elementos ya deben tener preocupada y ocupada a la 63 Legislatura local porque hablan precisamente de la fragmentación y abulias existentes en la acción anticorrupción a las que se refiere Natalia Campos en la investigación académica publicada en Nexos. “Las organizaciones encargadas de la lucha anticorrupción tienen, y siguen teniendo dentro del esquema de los SEA, sus propios intereses, objetivos, valores y normas que pueden estar en contradicción con las metas y las estrategias que se planteen como comunes en la búsqueda de la coordinación”.

La realidad, la que está de frente a todos, indica que los componentes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa se empeñan más en el “no” que en la búsqueda del cómo sí y el por qué sí deben actuar sin abusar de las evasivas. Cobrar honorarios por 75 mil pesos mensuales por pertenecer al CPC (que con las deducciones quedan en 56 mil 748 pesos netos) es una remuneración otorgada para que efectúen la carga de trabajo asignada en vez de estancarse en el subterfugio de la pereza.

Hay centenas de ciudadanos que realizan la misma chamba, a veces de mejor manera, sin recibir un solo peso como contraprestación. Con ánimo de hacerlos reflexionar y se esfuercen más por estar a la altura de la encomienda puesta en sus manos, los que son parte del CPC necesitan replantearse ante la sociedad sinaloense y en dado caso de considerar en la autocrítica que es todo lo que pueden dar, entonces que dejen el lugar para que lo ocupen mujeres y hombres más capaces y comprometidos.

Y para que lleguen a tales posiciones los ciudadanos que califiquen para levantar al SEMAS de la desidia e inmovilidad en que está, el Congreso del Estado debiera empezar desde ahora a darle forma a un nuevo Comité de Selección cuyos integrantes son los primeros responsables de que el agotamiento o flojera de la parte humana eche por la borda aquella expectativa que nació en febrero de 2017 con la reforma constitucional para crear el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.

Reverso
Es mejor que entren en razón,
En eso de aplicar la ley,
Pues dicho con buena intención,
La carga hace andar al buey.

Rounds de calentamiento
Como adelanto de la cartelera de la pelea por la candidatura a Gobernador, al interior del Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa vemos en una esquina a Luis Guillermo Benítez acusando a Rubén Rocha Moya, a quien llama “neomorenista”, de todo lo que el mismo “Químico” cosecha por su errática administración; en la otra, al Senador Rocha recordándole al Alcalde de Mazatlán que viola la ley al realizar campaña anticipada en los municipios del estado. Sin embargo, esto apenas empieza. Son caricias las que se hacen mientras llega el momento del nocaut. ¿Y el árbitro? No hay.