Instituto de Protección, un año a revisión
Periodistas y activistas ante nuevos retos

Mañana se cumple el primer año desde que entró en vigor en Sinaloa la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el correspondiente Instituto en la materia, que significó el parteaguas entre ataques a luchadores sociales y reporteros sin más respuesta que la del desamparo oficial, y esas dos actividades de alto riesgo ahora guarecidas por la norma y el órgano garante que comienzan a caminar en los campos minados de la intolerancia. Nadie dijo que en automático terminarían las agresiones; lo que se propuso es que las víctimas nunca más estén solas.

Aprobada por el Congreso local el 24 de mayo de 2022, y publicada tres días después en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, sí debe considerarse histórico el paso dado por organizaciones y ciudadanos que recorrieron el incierto trecho entre la 63 Legislatura que alentó dicha ley y luego archivó la iniciativa que le fue presentada el 13 de junio de 2019, y la 64 composición de la Cámara que aprobó por unanimidad la norma.

No olvidemos que esto no nació en la lobreguez de algún despacho gubernamental. Inició como un ejercicio participativo convocado en 2017 por la el centro ciudadano de investigación Iniciativa Sinaloa y la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, lo retomó el Congreso del Estado al desarrollar los foros de consulta en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, y al arroparlo la sociedad civil adquirió la categoría de Ley.

Tampoco hay que dejar de lado los dos extremos fatídicos que intervinieron para la concreción de la Ley y el Instituto de Protección. La acometida criminal contra Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo de 2017, alentó en su gremio la pregunta de qué hacer más allá de lo que siempre se hace cuando asesinan a un colega y dio origen al planteamiento de la norma hoy cristalizada. Pasaron cinco años, y ocurrió la muerte violenta del periodista Luis Enrique Ramírez, el 5 de mayo de 2022, para que concluyera satisfactoriamente el proceso legislativo.

Trayecto, logro y prospectiva nos colocan hoy en el dilema de dejar que la Ley y el Instituto permanezcan sólo como suceso anecdótico perdido en el tiempo, o bien pretender convertirlo en el mejor y el más eficaz mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Andemos los pasos que siguen con las convicciones a flor de piel que harán posible convertir las espinas en aguijones que nos hagan ir más aprisa hacia el periodismo y activismo que Sinaloa necesita sobre todo en solidaridad con los más desprotegidos.

Y tal vez no exista ninguna razón para festejar, pero sí para conmemorar la conquista de un logro ciudadano cuyo avance se resuelve en una sola ecuación: con mejores condiciones de protección y certidumbre los periodistas hacen posible el derecho de los sinaloenses a saber qué ocurre en el entorno que habitan. Aunque aun en la evocación tenemos que ser cautelosos porque echar a vuelo las campañas significaría exceso de confianza.

El énfasis está en vigilarle los primeros pasos al Instituto igual que al niño se le observan los asomos del caminar. Y, de paso, el apremio a transitar rápido hacia las expectativas de seguridad y confianza inherentes al espíritu de la normatividad. En el pronunciamiento del 24 de mayo, la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos manifiesta “la preocupación por la agenda pendiente y riesgos de un retroceso en los objetivos alcanzados”.

Expone entre los propósitos a lograr que se destine presupuesto suficiente con objetivos precisos al Instituto de Protección; que el Congreso del Estado proceda a crear la Vicefiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos, así como la integración del Órgano Interno de Control; que el IPPPDDHyP proceda a instrumentar mapas de riesgo y planes de prevención que sirvan a los gremios amparados, establezca a través de su reglamento los criterios para que dicha entidad pública autónoma se integre por equipos multidisciplinarios con perfiles idóneos, y y que el Consejo Consultivo sea el organismo que vigile y medie permanentemente para que las disposiciones en la Ley se concreten y mejoren.

Un año después, se plantea la urgencia de avanzar sin esperar a que otro periodista o activista esté con el arma en la sien o reciba ataques y calumnias elucubrados en la cobardía del anonimato. Desarrollar la pertinencia de adelantarnos al peligro y saber cómo actuar cuando la amenaza es latente. Que si ha de llegar la adversidad nos encuentre codo a codo al Instituto de Protección y los gremios amparados.

Entonces este día de revisiones y refrendo de voluntades nadie está en posibilidad de decretar el “hasta aquí llegamos” porque, al contrario, es la hora de ver el colosal esfuerzo que se avecina y que reclamará igual o mayor estoicismo que el presentado durante seis años, contados a partir de que empezó todo esto.

Por más que sea el optimismo,

Que hoy no haya fiesta ni pastel,

Pues para prensa y activismo,

La protección sólo es de papel.

El Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas realizará hoy en Culiacán el conversatorio “Avances y Retos de los Mecanismos de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, con la participación de Jhenny Judith Bernal Arellano, directora general del IPPPDDHyP de Sinaloa; Israel Hernández Sosa, titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz; Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, y el autor de esta columna como promotor de la Ley e integrante del grupo de seguimiento a la implementación de la misma. La cita es a las 12 horas (mediodía) en el domicilio del Instituto, de calle Carlos Lineo número 1997, Colonia Chapultepec.

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