Hoy puede cambiar el sistema político de México
Una república democrática exige en su estructura formal la existencia del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial que son autónomos e independientes. Uno y otro juegan un papel de control y contrapeso.
Hoy 5 de noviembre, el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede decretar que la reforma al Poder Judicial recientemente aprobado por Morena y sus aliados es anticonstitucional y debe modificarse.
La responsabilidad de interpretar la Constitución, como lo señala la misma Carta Magna, corresponde sólo al Poder Judicial y en el campo de sus atribuciones está también señalar si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en su actuación violan o no la Constitución.
Para la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, titular del Poder Ejecutivo, y para los dirigentes del partido Morena y sus aliados que son la mayoría calificada en las dos cámaras del Poder Legislativo, ellos están sobre las decisiones del Poder Judicial.
Y en su interpretación esa superioridad se las otorga, como dice Ana Laura Magaloni (Reforma, 2.11.24), “el Poder Reformador de la Constitución -dicen- está por encima de cualquier decisión judicial. Es más: ese mismo Poder Transformador acaba de reformar la Constitución para que sea incontrovertible”.
La fundamentación de la decisión de la Presidenta y de Morena y sus aliados no tiene razones jurídicas, es sólo una decisión política basada en su fuerza, que no les dio el electorado, sino una interpretación del INE y del TEPJF, para otorgarle una mayoría que no obtuvieron en las urnas.
En nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan, en un sistema democrático de división de poderes, la SCJN es la única intérprete de la Carta Magna; es una facultad que sólo le corresponde a ella y no al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.
Si la SCJN hoy 5 de noviembre, día histórico, decide que la reforma al Poder Judicial de Morena y sus aliados, idea y propuesta original del Presidente López Obrador (2018-2024), es anticonstitucional y debe ser modificada, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben acatar la resolución.
Y de no estar de acuerdo con ella, deben impugnarla ante la misma SCJN, con argumentos jurídicos constitucionales, no con las posiciones políticas. Debe entonces iniciar un proceso legal.
Y si la SCJN considera, con argumentos jurídicos constitucionales, que su posición es la correcta, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben de obedecer lo dicho por el máximo órgano jurídico del País.
Todo indica que la Presidenta, titular del Poder Ejecutivo, y Morena y sus aliados, mayoría calificada en las cámaras, no harán caso a la resolución de la SCJN. México entraría en una crisis constitucional y política de enormes consecuencias para la vida del País en todos sus aspectos: legitimidad política del poder, ausencia de Estado de Derecho y una crisis económica ante la incertidumbre política y jurídica. Y estaríamos, por la vía de los hechos, en otro sistema político.
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@RubenAguilar
Animal Político / @Pajaropolitico