Hablando de difamaciones

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Son de todos conocidas las muchas y constantes descalificaciones y difamaciones que han sufrido ex-funcionarios, empresarios, periodistas, opinadores, órganos estatales y organismos de la sociedad civil a manos de los más altos funcionarios incluido el Presidente de la República. Ahí están las mañaneras para comprobarlas.

Descalificaciones y difamaciones que no han estado acompañadas de sustento alguno ni tampoco de denuncias ante las autoridades competentes. La permisividad en los juicios sobre estas instituciones y personas es notable. Con un agravante: los emite una persona investida de poder y de autoridad.

A continuación, algunas preguntas: ¿Se le podría ganar un juicio por difamación o por haber dañado la reputación de alguien al Presidente de la República? ¿Se atrevería un juez a condenar al Presidente por “la afectación moral del actor”? ¿Osaría un juzgador fallar en favor del agraviado y le pediría 10 millones al Presidente para “restañar sus sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”? ¿Se le obligaría, también, a difundir en la conferencia matutina la sentencia puesto que fue en ese “medio y formato en el que se difundieron los hechos y opiniones que constituyeron la afectación del patrimonio moral del actor”? Y, por último, ¿mientras terminara el juicio se le solicitarían 450 mil pesos so pena de ejecutar la sentencia que lo condena o embargar sus bienes?

Exactamente esto es lo que le ha sucedido al profesor de El Colegio de México y editorialista del periódico Reforma, Sergio Aguayo.

Hace más de cuatro años, escribió una columna sobre como Los Zetas lograron el control del norte de Coahuila. La columna se desprende de una investigación que hace años ha ocupado y sigue ocupando el tiempo y trabajo de Aguayo. En ella se afirma que Humberto Moreira incurrió en actos de corrupción y que en el mejor de los casos fue omiso ante violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. En esos momentos Moreira se encontraba detenido en España acusado de delitos de blanqueo, malversación de fondos, cohecho y organización criminal. Todos, casos de corrupción.

El ex Gobernador Humberto Moreira interpuso una demanda por daño moral en contra del investigador exigiéndole el pago de 10 millones de pesos por haber dañado su reputación y para “restañar sus sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”.

En marzo de 2019 un juez de lo civil de la Ciudad de México absolvió al profesor Aguayo por falta de pruebas -no acreditar la acción de daño moral- de parte del demandante. Moreira presentó un recurso de apelación y la Sexta Sala Civil resolvió por unanimidad de sus tres magistrados que le asistía la razón y que además de pagar los 10 millones de pesos debía también publicar la sentencia en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón, así como en Twitter, pues fue precisamente en esos “medios y formatos donde se difundieron los hechos y opiniones que constituyeron la afectación del patrimonio moral del actor”.
Héctor Beristain, abogado de Aguayo, declaró que la nueva sentencia es “totalmente infundada porque deja de lado los parámetros de proporcionalidad, racionalidad y tolerancia que deben de tener las figuras públicas a los temas de libertad de expresión”.

Aguayo decidió proseguir el juicio y ampararse. Hace unos días nos enteramos que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México requirió a Aguayo exhibir una garantía por 450 mil pesos so pena de que sea ejecutada la sentencia que lo condena a pagar 10 millones de pesos por daño moral.

Hasta aquí el acoso judicial que ha sufrido Aguayo por expresar una opinión que, además, está respaldada por una sólida investigación. Con la vara que ha sido medido Aguayo, buena parte de la comentocracia podría ser demandada. Afortunadamente esto no ha pasado. Peor todavía, si los borradores de las iniciativas de reforma al sistema penal fuesen presentadas y aprobadas, el riesgo sería aún mayor: merecería demandas no por la vía civil sino por la penal y sanciones no monetarias sino de privación de la libertad. Afortunadamente esto tampoco ha pasado.

La conclusión es ineludible: los agraviados por quienes detentan el poder, presentes o pasados, están en posición de absoluta desventaja. Son medidos con distinta vara.