Guardia Nacional a la Sedena, el poder en estado puro

A veces los actos de poder se desnudan en su estado puro, es decir, cuando no se justifican más que en sí mismos. El Estado mexicano y todas las fuerzas políticas formalmente representadas nos trajeron aquí: la función policial federal va a manos militares no porque así lo recomienden las mejores prácticas en seguridad ciudadana, no porque así lo fundamente el aprendizaje de la militarización en curso del 2006 a la fecha, no porque el conocimiento internacional comparado así lo sugiera, nada de eso. Va a manos militares por una decisión política que es tal porque se puede imponer.

En su festín de polarización política y social, les es imposible reconocer que la entrega de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena es el resultado de una larga capitulación civil a manos de gobiernos de todos los colores. Lo quieren ver como obra del PAN, del PRI o de Morena porque así conviene a su impulso polarizado y polarizante, pero en realidad saben que no es obra de algún color u otro y eso lo hace mucho más profundo y grave.

Pocos, muy pocos líderes políticos y operativos han trabajado a favor de la seguridad en vía civil con auténticas iniciativas de profesionalización, y sus liderazgos han sido frágiles y efímeros porque los aparatos partidistas no los apoyan; más bien, incluso por sus logros los acosan y debilitan, una y mil veces prefiriendo la improvisación y la lealtad, antes que invertir su capital político en la reforma democrática del aparato de seguridad.

Por eso a las y los legisladores les importa nada mostrar que desconocen de qué va una política de seguridad. Por eso no tienen el menor recato enseñándonos que no han consultado lo más básico en el tema. Por eso no hay atisbo de vergüenza. La crisis de representación se desnuda de manera burda, sea cual sea la postura, a favor o en contra de la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena. Invito a escuchar lo que se dijo en la sesión del jueves pasado en San Lázaro y lo que se dijo esta semana en el Senado. El solo hecho de que haya quien opera para que “no se mueva ni una coma” del proyecto, exhibe el tamaño de la desvergüenza.

¿Para qué analizar la reforma investigando qué han hecho la Guardia Nacional y a la Sedena en sus tareas de seguridad pública, contrastándolas con la evaluación asociada, por ejemplo, a la tarea policial comunitaria, la orientada por problemas, la de gestión por resultados, la de puntos calientes, la enfocada en el desorden y perturbación de la tranquilidad, la focalizada en armas de fuego, la de disuasión focalizada sobre grupos violentos, la focalizada en individuos altamente violentos, la enfocada en puntos de venta de droga en las calles, entre tantas otras metodologías?

¿Para qué analizar la reforma tomando en cuenta que el patrullaje militar es una de las muy pocas estrategias contraproducentes para la prevención y reducción de homicidios, según la sistematización de todos los programas evaluados en América Latina y el Caribe que fue avanzada en sus resultados en este evento y que será lanzada el próximo 8 de octubre desde Brasil?

La plataforma de evidencias del BID tiene 20 tipos de soluciones, 135 casos evaluados y 42 casos efectivos, solo en policía, pero incluye más de 90 tipos de soluciones y 700 casos evaluados en seguridad y justicia, ¿pero a quién le importa eso en el poder legislativo y en la clase política en general? Si fuera importante, nadie entre los que votan estaría a favor de la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena sin exigir evaluaciones de impacto que justifiquen este acto de poder. Pero no, la cosa no va por ahí.

Cumplo 30 años comprometido públicamente con la seguridad ciudadana, la reforma policial democrática y la no militarización de la seguridad ciudadana. Igual periodo de operaciones de un Sistema Nacional de Seguridad Pública que prometió la profesionalización policial civil, misma que, de haberse cumplido, ni siquiera estaríamos hablando de la cesión civil de la función policial a la Sedena. Lo dicho, una capitulación civil estructural.

Y junto a un Poder Legislativo incapacitado, cada hegemonía se recarga en operadores habilitados como especialistas del momento. Así vemos a quienes jamás han acompañado la función policial en su desarrollo institucional y en la calle, ni en México ni en otros países -ni hablar de alguna vez haber escuchado a la policía-; que jamás han estado en los foros en seguridad ciudadana y reforma policial democrática que llevan ya al menos décadas cuatro madurando en la región; que jamás han mirado lo que produce la academia y la sociedad civil especializadas, pero tienen el micrófono y el respaldo del poder en turno, incluso para decir que la militarización de la seguridad pública, tal como se le ha definido en investigaciones también por décadas, no es la militarización de la seguridad pública.

Por cierto, cuatro colegas de igual número de países en Sudamérica me confirman que jamás imaginaron argumento alguno según el cual la responsabilidad política civil en la cabeza del Estado equivale a neutralizar la militarización de la seguridad y la policía. “Nunca me lo hubiera imaginado”, afirmó un colega de Argentina con experiencia política y policial.

Larga historia para llegar aquí y al final lo lograron. A tenerlo bien claro, la discusión detrás de esto no ha sido jamás cómo construir la seguridad ciudadana; por eso los argumentos fundados no hacen falta y, si así se quiere contar la historia, entonces militarizar no es militarizar.

Un acto de poder en su más pura expresión.

-