Francisco Labastida bajo dos lupas

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Lo salpica la corrupción de Malova

Aparte de la indagación que realizaron de manera conjunta Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que lo involucra en posibles conflictos de interés para beneficiar a su hijo en negocios hechos con recursos públicos, Francisco Labastida Ochoa es sujeto a otra investigación por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante la posibilidad del tráfico de influencias que lo habría beneficiado a él y sus amigos Mario López Valdez y Rubén Félix Hays en la compra-venta de terrenos para la planta de amoniaco de Topolobampo.
Así, el ex Gobernador de Sinaloa aparece de nuevo junto al también ex Mandatario estatal, Mario López Valdez, en pesquisas sobre probables hechos de corrupción. El expediente de IS y MCCI se elevará a denuncias penales en los próximos días, mientras que López Obrador ordenó a la Secretaría de la Función Pública ir al fondo en el caso del humedal de Ohuira, declarado sitio ecológico protegido, calificación Ramsar, comprado a los ejidatarios a precios de ganga y vendido a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente precios de oro.
Los dos casos prácticamente correrán al mismo tiempo en las instancias correspondientes. Por supuesto que pondrán a prueba la fortaleza del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, así como la voluntad que tenga la Cuarta Transformación para indagar y sustentar con pruebas presuntos delitos de corrupción. La ley, por un lado, y la lucha de los Labastida por limpiar el apellido, por su cuenta.
En el trabajo articulado por Marlene León, Zorayda Gallegos y Silber Meza, investigadores de Iniciativa Sinaloa, se involucra a Francisco Labastida Ochoa y Francisco Labastida Gómez de la Torre de haberse beneficiado con 14 millones de pesos obtenidos por el hijo en fondos federales y haciendo negocios con el Gobierno del que formó parte de 2011 a 2016, desempeñándose como Secretario de Proyectos Estratégicos y de Desarrollo Económico durante el sexenio de Malova.
La otra carpeta de investigación fue puesta en manos de Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública. Con la orden de paralizar todo trámite que signifique avances para la operación de la planta de fertilizantes de Topolobampo, el Presidente instruyó la investigación sobre el uso de información privilegiada respecto a este proyecto para beneficiar a un político, Rubén Félix Hays, quien se sospecha utilizó su empresa inmobiliaria para terciar beneficios a favor de Labastida Ochoa y López Valdez.
En procedimientos relámpago, Félix Hays, parte del grupo político que en Ahome encabezan Labastida y Malova, consiguió que el ejido Rosendo G. Castro le vendiera, en junio de 2010, dos millones 400 mil metros cuadrados de tierra salitre, a razón de menos de dos pesos el metro cuadrado, superficie que él a su vez le vendió a la empresa propietaria de la planta de amoniaco, con un costo de 100 millones de pesos, es decir a 42 pesos el metro cuadrado.
Tanto a Labastida como a Malova, los dos impulsores de la planta de Topolobampo, se les incluye en la indagatoria ya que lograron que el proyecto se asentara ahí, habiendo otras zonas en la costa del norte de Sinaloa donde se ocasionaba menor impacto ambiental. Pero conspiraron para que se instalara precisamente en los terrenos que Félix Hays consiguió en la víspera, demasiado baratos. Este pudo haber tenido a su alcance, se presume, información confidencial en manos de los dos ex Gobernadores para planear y concretar el negocio.
En el ocaso de su carrera política, Francisco Labastida intenta mediante todos los medios dejar limpia la trayectoria en el servicio público que cobró fuerza desde que en 1982 el entonces Presidente Miguel de la Madrid lo nombró Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Sin embargo, en 2010 apoyó la rebelión de Malova contra el PRI y al convertirse en socio e impulsor del malovato le ha tocado el rocío de la descomposición del gran albañal sexenal.
La búsqueda de culpables a través de las denuncias penales que ha amenazado entablar contra quienes lograron y publicaron la información de la llamada “Operación desfalco” lo desvía del origen de la materia que lo salpica. Las evidencias que presentarán Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se medirán frente al incorpóreo alegato de FLO de que le dañan el prestigio. Y junto a eso, está por emitirse el dictamen, no por los peligros que la planta de amoniaco le causa al medio ambiente sino por la probabilidad de fincarse en tratos alentados y solapados con el tráfico de influencias.
Y esto ya no depende de lo que el ex Gobernador Labastida haga para defenderse. Estará en manos de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de López Obrador, y de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gabinete de Quirino Ordaz Coppel, el desarrollo de investigaciones y acciones que, o esparcen igual fango hacia estas instancias federal y estatal, o dan señales de que van en serio en el castigo a la corrupción.

Reverso
Ven, hazte a un lado, justicia,
Que hay momentos en la vida,
Que te rocían de inmundicia,
De esa siempre mal olida.

Un ‘bozal’ para AMLO
Cuando el argot político de un País o de un Presidente le da entrada al término “golpe de Estado” resulta casi imposible borrar la expresión de la conciencia nacional. Ahí se queda agazapada la locución en la percepción pública, como en cuclillas permanece, lista para atacar, en el bando militar. ¿Fue un nuevo traspié en la oratoria de Andrés Manuel López Obrador o posee información sobre el derrocamiento en ciernes? Por lo pronto, que no se confíe mucho del respaldo de esa “mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado”.
alexsicairos@hotmail.com