Fin a coartada de imputados de la UAS
Aplazar juicios, apuesta a la impunidad

Porque después de tanta artimaña para retrasar los trabajos de la justicia llega el momento en que el juzgador se exaspera, podrían tocar fondo en las semanas próximas las tácticas implementadas por funcionarios en calidad de ex o activos de la Universidad Autónoma de Sinaloa para posponer los juicios que enfrentan por presuntos delitos de corrupción. Las medidas de apremio por los ardides de quienes se burlan de los tribunales están por determinarse para encauzar las vinculaciones a procesos ya dictadas y las que están a punto de ser dictaminadas.

El principio constitucional de justicia pronta y expedita resulta dañado por los personajes de la UAS que conforme más les rehúyen a los jueces en la misma proporción la ciudadanía duda si están en la circunstancia de “el que nada debe, nada teme”. La coartada de postergar sus comparecencias en los juzgados, una y otra vez hasta perder la cuenta de tales inasistencias, los delata en la apuesta a la impunidad. Es la romería interminable de imputados cuya única ley y salvación es aquella que los situé fast track en calidad de perseguidos políticos.

Cada vez que el Juez Adán Alberto Salazar cita a audiencias a los cabecillas universitarios acusados de desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y negociaciones ilícitas, se da por hecho que los defensores jurídicos llevarán nuevos pretextos para descarrilar el debido proceso. Enfermar, cambiar de abogados, alegar falta de tiempo para estudiar los expedientes, y proceder a desconocimiento de los defensores de oficio se han vuelto maniobras tan socorridas que rayan en lo grotesco.

Los indiciados uaseños y sus abogados, que un día se dicen enfermos y al siguiente gozan de cabal salud al mostrarse en acciones de rebeldía contra los preceptos judiciales, han rebasado los límites que permite el sistema de justicia oral al volver elástica la presunción de inocencia, tanto que en los agraviados, que son los universitarios y la sociedad en general, empieza a generarse la sensación de impunidad.

El ex Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, y el que está a cargo de la institución, Robespierre Lizárraga Otero, así como el ex director de Bienes e Inventarios, Héctor Melesio Cuén Díaz, han acudido a todo el catálogo de motivos que la ley concede para la no realización de las audiencias judiciales, ocasionando que ni la parte acusadora, que es la Fiscalía, ni la enjuiciadora, que es el aparato de impartición de justicia, avancen en los procedimientos penales. A ese paso de tortuga del Poder Judicial, lo saben, pasarán años para que sean declarados culpables.

La Fiscalía General del Estado está metiendo presión para que el Juez determine si Madueña Molina, Lizárraga Otero, Cuén Díaz y coacusados incurren en actos que tipifican estafa procesal a través de la falsificación de documentos médicos, fingidas renuncias de abogados o manipulación de pruebas, tratando de evitar los juicios en los cuales son inculpados a tal grado de que nunca se concreten las sentencias. Ni analizan siquiera el escenario donde el uso en extremo de dichas tretas estaría por derivar en que la justicia endurezca su postura.

En la misma exigencia está la Auditoría Superior del Estado, porque desde agosto de 2023 el Juez de control determinó vincular a proceso a Jesús Madueña, por incurrir en el presunto delito de abuso de autoridad al impedir que el órgano revisor fiscalizara los estados contables de la UAS, y sin resolverse la anterior, actualmente la ASE está por interponer una nueva denuncia al reincidir el Rector suplente, Robespierre Lizárraga, en negarse a aportar la información financiera de la casa de estudios.

O la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica que no ve avances de la acusación por desempeño irregular de la función pública que efectuó desde mayo de 2023 contra Madueña y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública de la UAS que también integran Salvador Pérez Martínez, Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Robespierre Lizárraga Otero y Manuel de Jesús Lara Salazar.

El caso de funcionarios y ex de la UAS beneficiados con la ralentización de la justicia le abona a la percepción ciudadana en el sentido de que el ya no tan nuevo sistema penal acusatorio beneficia a los que delinquen y opera en detrimento de los derechos de las víctimas. Es que tolera situaciones de risión pública como lo es el hecho de que Robespierre Lizárraga diga estar enfermo para no acudir a las audiencias judiciales y al mismo tiempo aparezca sano al liderar movilizaciones que buscan esquivar la acción de la norma jurídica.

¿Procederá el Juez Salazar a modificar las medidas cautelares a los uaseños imputados, con el propósito de evitar que obstaculicen los juicios y sigan dañando a la víctima que en este caso es la UAS? La Fiscalía, ASE y UIPE van contra la morosa labor de la justicia.

No les permita, Su Señoría,

Que ellos logren la estulticia,

De escarnecer a la justicia,

Porque esta aplica tardía.

Las elecciones constitucionales operan como proveedoras de impunidad porque en épocas de buscar votos las autoridades estatales acuden a la inacción de la Ley con tal de no pagar costos políticos y abren amplios boquetes de ilegalidad por los cuales los presuntos indiciados hasta pueden aspirar a otros puestos de elección popular, después de desfalcar erarios y usar la transparencia como papel de baño. Los órganos y medios de sanción entran en pausa y allí andan los pillos apareciendo en la boleta comicial, riéndose de las instituciones y de los desfalcados. ¿Verdad que sí Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres?

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