FGR en el caso Cuén: dudas razonables
Fiscalía contra Fiscalía, táctica dilatoria
A la Fiscalía General de la República le falta la contundencia de la información exhaustiva sobre la investigación que realiza en torno a la muerte del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que según confirma la institución ministerial ocurrió en el sector Huertos del Pedregal de Culiacán, en la misma finca desde la cual Ismael “El Mayo” Zambada García fue llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos para entregarlo a la justicia de aquel país.
Sin atender las derivaciones políticas y sociales de tal crimen y las circunstancias que lo rodean, mucho menos definir las consecuencias jurídicas, la FGR flota en la superficie de aguas negras profundas. Se le ve mayor prisa por instalar las mamparas que exhiban el desdoro del Ministerio Público estatal que en erigir los estrados de la justicia para que sean castigados los responsables del grueso mosaico de crímenes cometidos.
Llama que en los dos informes rendidos sobre el caso Cuén, el equipo que dirige Alejandro Gertz Manero aporte más dudas que respuestas al enfocar duro sus pesquisas contra la Fiscalía General del Estado, motivando primero la renuncia de la anterior titular del área, Sara Bruna Quiñónez Estrada. Ahora dice que procederá a solicitar órdenes de aprehensión contra personal de la FGE ya que fue un montaje el video que presenta como móvil del homicidio el intento de robo de la camioneta que es propiedad de Fausto Corrales, el chofer del vehículo que ese día transportó al político pasista.
Es decir, la FGR poco contribuye a que la sociedad sinaloense adquiera la certeza de la aplicación de la Ley en un hecho delictivo que en sus diferentes vertientes daña fibras sensibles del tejido social, incluyendo tal afectación a los recintos de la educación superior consagrados a la civilidad y la legalidad como fruto maduro del saber y el conocimiento, esto en caso de que la indagatoria federal pruebe que la narcopolítica penetró el campus de la UAS.
¿De quién fue la idea del montaje y con qué fines? ¿Por qué la versión original que el acompañante de Cuén dio a la FGE posteriormente la cambió ante la FGR? ¿A quién se le ocurrió pasear durante horas el cuerpo sin vida del fundador y líder del Partido Sinaloense hasta armar la coartada que ocultara el episodio del encuentro con Zambada? ¿Quién invitó a “El Mayo” a esa reunión? ¿Por qué en la batea de la camioneta del trabajador de la UAS e hijo del presidente del PAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño, hallaron sangre de uno de los guardaespaldas del capo sinaloense?
Ninguna de estas dudas razonables responde la FGR en los comunicados que soltó el 15 de agosto y más recientemente el 20 de octubre. Procede a dosificar la información recreando la percepción de que la Fiscalía estatal es la que está sentada en el banquillo de los acusados y no los que planearon, cometieron y manipularon el asesinato del político que se disponía a asumir una diputación federal lograda por la vía plurinominal.
En el primer informe la FGR no reparó en calificativos para ridiculizar el desempeño de la Fiscalía local, no sólo echándole abajo la hipótesis del robo como motivación del homicidio sino derrumbando toda la labor pericial porque “en la necropsia no se establecen de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo”. En el segundo se limita a determinar que Cuén fue ultimado en el mismo lugar en que se habría reunido con Ismael Zambada y destaca las responsabilidades penales en contra de policías, ministerios públicos, peritos y personal de la FGE por el posible montaje.
Aunque algunas piezas del rompecabezas que proporciona la FGR adelantan la posibilidad del crimen perpetrado por el narcotráfico, importa aguardar a que haya elementos de peso en materia de criminalística que clarifiquen el motivo que originó el asesinato de Cuén Ojeda y, enseguida, ir al fondo de la convergencia de éste en el mismo lugar en que estuvieron presentes Zambada García y Joaquín Guzmán López. Y dilucidar lo más insondable del evento que le dio origen a la violencia de alto impacto que golpea a Sinaloa desde el 9 de septiembre.
Por eso importa que la FGR vaya más allá de la estrategia de desacreditar el trabajo de la FGE, que si es errático y requiere de sanciones, además de anunciar órdenes de aprehensión por las omisiones del personal de la institución ministerial estatal y acusando a jueces de negarse a obsequiarlas, enredo que se agudizó por el desmentido que formuló ayer el Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa, al afirmar que fue la Fiscalía federal la que desistió de tales solicitudes de detención y consignación.
Frente a ambientes de miedo y conjeturas que sacuden, provenientes de aquel 25 de julio que en cuestión de horas consumó el traslado de Ismael Zambada a Estados Unidos y la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, hasta resulta natural que la conversación pública desvaríe de complots y pactos que comprometen lo esencial como lo es el derecho humano a la verdad. Lo que nada tiene de normal es que la institución procuradora de justicia en México le entre a la rebatinga donde la murmuración irresponsable puede más que la realidad visible, la evidencia verificada y la prueba jurídica.
¿Y hasta cuándo saldrá la verdad,
Oculta en Huertos del Pedregal,
Con el grave daño colateral,
Causado a la Universidad?
Al Movimiento Regeneración Nacional debe provocarle al menos pena ajena la actitud de su Alcaldesa en Navolato, Margoth Urrea, que se niega a iniciar el proceso de traslado de mandos para que el nuevo Presidente Municipal, el priista Jorge Bojórquez, tome posesión el 1 de noviembre. ¿Qué le pasa a la Edil morenista cuando después de un pésimo desempeño del cargo todavía aspiraba a que la gente la reeligiera? Ya le cumplieron el capricho de contar voto por voto y aun así perdió la elección. Así sea con balas de salva, le declara la guerra a la democracia.
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