Felicidad política 1

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fernando@garciasais.mx

El primer deber de los gobiernos es dar seguridad a los habitantes. La tranquilidad pública es el ingrediente indispensable para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Seguridad, legalidad y libertad son tres conceptos que se dicen rápido pero que tienen profundas implicaciones sociales.

Recientemente se colocó en la mesa pública el tema de la felicidad. “No nos dejemos envolver por lo material. Alejémonos del consumismo. La felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales ni se consigue con lujos, extravagancias y frivolidades. Sólo siendo buenos podemos ser felices”. Así lo dijo el Presidente de México, hace unos días, al anunciar su decálogo para salir de la pandemia. También ha dicho que “la gente está contenta porque tienen esperanza de que el País va a salir adelante”.

En las corrientes filosóficas hay cierto nivel de consenso en que el bienestar es un fenómeno sicológico caracterizado por sentimientos de placer o su ausencia, felicidad, tristeza, satisfacción e insatisfacción. Sin embargo, economistas como Dolan y Peasgood, proponen un método que permita establecer criterios utilizables para medir el bienestar.
El tema de la felicidad ciudadana no es fácil de abreviar. Algunas preguntas que de inmediato se pueden formular son: ¿es función del Estado buscar la felicidad de sus habitantes?, ¿cómo puede el Estado intervenir para que sus ciudadanos sean más seguros y corran menos riesgos?, ¿cómo influye y en qué medida lo hacen las políticas públicas para que los ciudadanos sean más felices y tengan más bienestar?, ¿hay alguna relación entre riqueza (o ingreso personal) y felicidad?

Junto al Estado ¿qué le toca a los operadores privados, como a las empresas, para lograr la felicidad, no de los habitantes, pero sí de sus consumidores? En el mercado, los empresarios desean que los consumidores les compren sus bienes y servicios. Ninguno persigue que el consumidor no gaste, ninguno busca que el consumidor guarde dinero para fin de mes, para alguna “verdadera necesidad”. Por ello, utilizan la persuasión, a través de diversas técnicas, para que los consumidores compren casi cualquier cosa.

El Presidente propone que nos alejemos del consumo, que nos alejemos del mercado, que no compremos, que no gastemos. ¿Cómo se concilia dicha homilía con el mandato constitucional de libertad de empresa en un entorno de protección al consumidor y de competencia económica? ¿Deberían hacerse ajustes al sistema económico constitucional, para alcanzar la felicidad que el Presidente propone?

Sin afán de entrar a revisar la corrección de la afirmación de que el pueblo está feliz, Sunstein Simpler. The future of government, (EUA; 2013, p.60) se decanta por la importancia de la claridad de la información pública: “La lección más importante es que cuando la gente está informada de los riesgos y beneficios de llevar a cabo determinadas acciones, son más capaces de responder si, simultáneamente, son provistos de información explícita sobre cómo hacerlo”.

En dicho sentido, para alcanzar la felicidad anunciada ¿qué tan bien informados los mexicanos estamos no sólo respecto de las acciones para mitigar los efectos y daños de la pandemia, sino en general, respecto de la veracidad y exactitud de las acciones públicas? Confundir con la idea de no acumular bienes o riqueza no parece colmar dichos extremos.