¿Extra constitucionalidad?
En la UNAM, durante el movimiento estudiantil de 1968, y quizá desde antes; posteriormente, en 1977, cuando se formó el sindicato universitario y estalló una huelga en medio del conflicto que fue interrumpida por el ingreso violento de la policía a Ciudad Universitaria; y cuando estallaron las huelgas estudiantiles de 1987 y la de 1999, columnistas, abogados, políticos y académicos discutieron arduamente si la autonomía universitaria significaba extra territorialidad. Es decir, que a las instalaciones de la UNAM no podían entrar fuerzas del orden público.
Para el gobierno nunca fue políticamente conveniente intervenir en algún conflicto universitario con las fuerzas policiacas o el Ejército porque, salvo el de 1999, los movimientos de 1968, 1977 y 1987 eran legítimos y tenían un amplio respaldo de las comunidades universitarias, pero lo hicieron. Sin embargo, era y es cierto que, en términos constitucionales, la autonomía no significa extraterritorialidad.
Que sirva este ejemplo para preguntarnos ¿en casos de corrupción desnuda y abierta de autoridades en universidades públicas, como presuntamente se acusa en la UAS, la autonomía protege ese delito? ¿La autonomía significa que nadie puede juzgar la corrupción de funcionarios fuera de la institución? ¿La Constitución Mexicana y la Constitución del Estado de Sinaloa impiden que la corrupción de sus autoridades sea juzgada por el Poder Judicial? ¿La autonomía es extra constitucional?
Sería absurdo pensar que sí. Si así fuera las universidades públicas serían una especie de Estados Nacionales.
Y lo más grave del asunto es que en el caso de la UAS hasta los columnistas que defienden a los funcionarios acusados de corrupción y que dicen defender la autonomía universitaria, saben que esta no existe porque quien manda en la Casa Rosalina es el PAS, instrumento político propiedad de Héctor Melesio Cuén. ¡La autonomía está secuestrada por un partido político desde hace varios años!
Lo he dicho muchas veces a lo largo de tres lustros: en Sinaloa hay una aberración de lesa humanidad, solo posible en sociedades increíblemente tolerantes con las acciones delictivas, cuando se acepta que un dominio caciquil saque provechos personales de la universidad. Desde hace años hay tal pobreza ética en las elites empresariales y culturales, y en numerosos medios periodísticos de Sinaloa que, salvo honrosas excepciones, guardan ominoso silencio, sino es que plena complicidad, sobre los usos político y monetario aberrantes que hay sobre la UAS.
¡Y los funcionarios de la universidad todavía se atreven a sacar compulsivamente a los estudiantes, profesores y trabajadores a la calle para defender el control dictatorial que ejerce el PAS sobre la institución, y para escudar los manejos financieros presuntamente ilícitos de varios funcionarios!
Sin embargo, los lectores pueden estar seguros que a los estudiantes no los volverán a manipular ni dos veces más para que salgan a las calles. Esta generación estudiantil no estará muy politizada, pero está fuera de su interés marchar para defender algo ajeno a sus intereses. Fuera de un puñado de jóvenes manipulables los funcionarios del PAS no volverán a manipular a los estudiantes. Pueden jurarlo.
Un abogado sinaloense que reside en la Ciudad de México me envió la siguiente carta sobre el conflicto con el Poder Judicial:
Tengo una opinión de esta situación y creo que los jueces y magistrados no se quieren poner al frente de las manifestaciones. Sólo las apoyan con los oficios declarando los días inhábiles, pero no veo un compromiso de asumir una responsabilidad histórica de salir al frente, aun cuando la mayoría de los fideicomisos benefician principalmente a ellos.
Por otra parte, veo que los servidores públicos que representan a la clase trabajadora, sí han demostrado mucha empatía con los jueces y magistrados al salir al frente a defender los fideicomisos.
Sin embargo, no veo que exista una reciprocidad y empatía hacia los trabajadores por parte de los titulares en el quehacer del día a día. Sigue existiendo el mal trato de algunos titulares con algunos trabajadores.
Creo que este movimiento debería evolucionar, reivindicar y denunciar las altas jornadas de trabajo y las altas cargas de trabajo, y poner en conocimiento del Poder Legislativo y de la sociedad, el ambiente laboral que existe en el PJF.
A los reclamos de las manifestaciones, deberían agregarse la exigencia de: más juzgados y tribunales, reducción de la jornada laboral, un mejor trato y ambiente de trabajo, jornadas de trabajo a distancia.
Y otras demandas de la clase trabajadora.