Extinguir sin transparentar es impunidad
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norma@sanchez-castillo.mx
El Presidente Andrés Manuel López Obrador confundió una vez más el remedio con la enfermedad al decretar la extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos, el 2 de abril pasado.
Si bien las figuras de los fideicomisos en México cargan con una lamentable historia de opacidad, discrecionalidad y arbitrariedad, la medida presidencial traerá consecuencias más graves que las actuales, si no se prevén las condiciones necesarias para reducir las zonas de corrupción en las que ahora operan.
Más que una medida anticorrupción, de disciplina fiscal y cese del endeudamiento como lo señala el apartado de consideraciones del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el mandato se reduce a una alternativa para recuperar recursos frente a la contingencia generada por el Covid-19, pero no está claro aún el destino que se le dará y, sobre todo, qué necesidades concretas se van a atender. Esto también es necesario que sea aclarado.
Tal como lo han venido señalando organizaciones civiles como México Infórmate, México Evalúa, Fundar y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otras, los fideicomisos públicos en México operan en la más completa opacidad, sin rendición de cuentas y con una serie de complejidades, muchas de ellas de carácter legislativo, que deben ser atendidas de manera integral si de verdad se quiere prevenir la corrupción seriamente.
Desaparecerlos sin dejar rastro de su estatus (quiénes los integran, cuántos recursos tiene disponibles, qué clase de fideicomisos son, a quiénes han o no han beneficiado por acción u omisión), es un acto de arbitrariedad que pone en riesgo no solo los derechos de terceros involucrados, sino también el derecho a saber de toda la sociedad.
La Política Nacional Anticorrupción aprobada el 29 de enero pasado documenta que, en el año 2017, los fideicomisos públicos de carácter federal ejercieron 631.7 miles de millones de pesos. Aunque la cifra proviene del Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018 -elaborado por el IMCO, una fuente confiable-, hay que tomarla con precaución pues hay evidencia de que la información sobre estas figuras jurídicas se encuentra dispersa y fragmentada, tal como lo prueba la investigación Fideicomisos en México, El arte de desaparecer dinero público, de Fundar.
Las oportunidades de corrupción para los fideicomisos de carácter federal, estatal y municipal son muy amplias, empezando por el excesivo uso del secreto bancario bajo el cual se amparan quienes administran los fondos públicos a través de instituciones de la banca privada. Aquí es necesario que el Poder Legislativo realice las reformas necesarias para que sea el interés público y la máxima publicidad los principios que se privilegien, pues se trata de recursos públicos que son confiados siempre con un fin social.
A lo anterior hay que agregar las constantes trasgresiones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en las que incurren quienes administran los fideicomisos, al ni siquiera contar con un portal de internet para cumplir con las disposiciones mínimas de transparencia de la información, como sujetos obligados que son desde 2015.
En Sinaloa, la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal sugirió al Poder Ejecutivo, mediante un Acuerdo aprobado el 9 de abril pasado, llevar a cabo una revisión de los fideicomisos, fondos, mandatos, actos y contratos existentes en la actualidad en el Estado de Sinaloa, ello con la finalidad de verificar cuales son los que realmente funcionan o tiene sentido seguir utilizándolos bajo el esquema del presupuesto basado en resultados y la evaluación del desempeño.
Aunque la recomendación parece acertada, no tendrá sentido si solo se queda en un estudio que excluya un plan de acción con impacto social y económico, como parte de la Política Estatal Anticorrupción. Y para esto debe haber disposición de todos los integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, incluidos los 18 municipios, los cuales también cuentan con contratos de fideicomisos.
Las medidas que al respecto se tomen en Sinaloa deben necesariamente comprometer la creación de un registro único de fideicomisos, porque la disposición actual de información sobre ellos es prácticamente inaccesible. El portal de acceso a la información Infomex Sinaloa solo contiene siete fideicomisos, lo cual indica que hay muchos que siguen operando en la opacidad.
No se trata solamente de extinguir sin transparentar la situación particular de cada uno de ellos, permitiendo a la sociedad identificar las causas concretas por las que tendrían que modificarse o desaparecer. Nadie duda de las prácticas de corrupción en las que muchos de ellos podrían estar incurriendo, pero desaparecerlas sin dejar rastro es impunidad.