EU aplicó con Cienfuegos sigilo de Estado. AMLO, Ebrard, Durazo y Sandoval no fueron enterados
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@DoliaEstevez
WASHINGTON._ La investigación y captura del General retirado Salvador Cienfuegos Zepeda en Los Ángeles el jueves pasado, ha sido el secreto diplomático mejor guardado en tiempos recientes. En agosto de 2019, un gran jurado en Nueva York emitió un encausamiento sellado con cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el ex Secretario de la Defensa Nacional (Sedena) de Enrique Peña Nieto. El mismo día, una jueza giró orden de aprehensión en su contra. A lo largo de 14 meses, el Departamento de Justicia se aseguró que México no se enterara.
El Procurador William Barr viajó a la capital mexicana unos meses después, presuntamente para reforzar lazos de cooperación contra los carteles. Se entrevistó con el Gabinete de Seguridad. El General Crescencio Sandoval González, Alfonso Durazo Montaño, Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard Casaubón y Julio Scherer Ibarra. No dijo nada sobre Cienfuegos Zepeda. El jefe interino de la DEA, Timothy Shea, estuvo en México tres semanas previo a la detención. Tuvo reuniones en la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores. No dijo nada sobre Cienfuegos. Trump recibió a Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca con honores e intercambio de elogios en julio. Ni una mención sobre Cienfuegos.
No fue hasta que estaba bajo la custodia de Estados Unidos que Marcelo Ebrard finalmente se enteró. “He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California”, tuiteó a las 10 de la noche. La noticia cimbró a México. Era la primera vez que el país vecino arrestaba y acusaba de narcotraficante a un ex Secretario de la Defensa Nacional. Por añadidura, se dijo, el golpe fue también contra una de las instituciones percibidas como menos corruptas, que juega un papel central en el Gobierno de López Obrador.
En la mañanera del viernes, AMLO mencionó que algo le había comentado Martha Bárcena. En septiembre pasado la Embajadora escuchó comentarios en radio pasillo Washington sobre una posible investigación de Cienfuegos. La diplomática se lo comunicó al Presidente como versión no confirmada. No le informó sobre la acusación judicial y la orden de aprehensión porque no sabía. Al igual que López Obrador y el resto de México, Bárcena se enteró a posteriori. El Departamento de Estado, a cargo del trato diplomático cotidiano con México, no la puso en sobreaviso porque tampoco sabía.
La decisión de mantener el affair en secreto se tomó en agosto de 2019 cuando el Departamento de Justicia renunció a la prerrogativa de pedir a México el arresto de Cienfuegos con fines de extradición. Consideró que no era uno más del montón de mexicanos extraditables. Dada su estatura política y los secretos que debe guardar con poder de chantaje, las autoridades temían que si iniciaban el trámite para traerlo a Estados Unidos, jamás lo lograrían. Prefirieron esperar que cruzara la frontera. Manejarlo con el sigilo de un operativo de Estado para capturar o ultimar a un terrorista, o rescatar a un rehén.
La petición para que la Corte niegue libertad condicionada a Cienfuegos, presentada el viernes pasado, deja ver la desconfianza que hay respecto al cumplimiento del tratado de extradición. Los fiscales argumentan que si Cienfuegos es dejado en libertad hay un alto riesgo de que huya a México, donde presuntamente será blindado por los narcos y ex funcionarios corruptos. Si bien Estados Unidos tiene un tratado de extradición con México, es como si no lo tuviera pues los extraditables se valen de amparos en los tribunales para evitar ser extraditados (carta de los fiscales a la jueza Carol B. Amon 16/10/2020).
Muestra de esa desconfianza son las órdenes de arresto contra Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, ex altos mandos de la Policía mexicana acusados de asociación delictuosa para traficar drogas a cambio de sobornos en complicidad con Genaro García Luna. El Departamento de Justicia no ha solicitado a México el arresto y extradición de Pequeño y Cárdenas Palomino. No creen que México se los entregue. Son fugitivos. De cruzar la frontera serían arrestados.
Cienfuegos comparecería este martes en la Corte del Distrito Central de Los Ángeles a la 1 pm, hora local. Se esperaba que su abogado, Duane Lyons, socio del buró Quinn Emanuel, pidiera libertad condicionada. Argumentará que es un militar de reconocida trayectoria sin antecedentes criminales. El despacho tiene fama de agresivo y excesivamente caro. Qué tan duradera será la representación de lujo de Quinn Emanuel, dependerá de si Cienfuegos puede pagar las astronómicas tarifas. García Luna no pudo costearlas. Quinn Emanuel lo dejó vestido y alborotado tras la primera audiencia. Su defensa fue delegada a César de Castro, abogado de oficio pagado por el Gobierno.
Los fiscales confían en que la evidencia en su poder sea lo suficientemente demoledora para condenar a Cienfuegos. Dicen tener miles de mensajes de Blackberry entre el acusado y un líder del Cártel H-2 discutiendo la “asistencia histórica” a otro cartel y comunicaciones en que es identificado con nombre, foto y título como el máximo protector de los trasiegos de drogas por mar y tierra. De ahí el apodo “El Padrino”. El expediente fue armado por agentes de la DEA que llevaban años siguiéndole la pista, recaudando pruebas, entrevistando a socios e infiltrando al Cártel H-2, descendiente de la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Conociendo el truculento historial de la DEA en México, de intrigas y venganzas, injerencias y prepotencia, sería ingenuo descartar la posibilidad de que la detención de Cienfuegos tenga el elemento adicional de saldo de cuentas con los militares. La mala vibra de la DEA con el Ejército mexicano es legendaria. Se remonta al asesinato y tortura de Enrique Camarena. La DEA estaba convencida que el entonces Secretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui estaba coludido con los perpetradores.
En los últimos dos sexenios, el Gobierno de Estados Unidos amarró navajas entre la Marina y el Ejército. La DEA vetó la propuesta de la CIA y el FBI para que el Ejército dirigiera el operativo de captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Baja California en 2013. Alegó que la Marina, que opera bajo sus órdenes, era “menos corrupta” que los verdes (La DEA, FBI y CIA operaron en México para cazar y atrapar a El Chapo, SinEmbargo 29/09/2020).
Las sospechas sobre Cienfuegos no son nuevas. En 2013, un grupo de agentes de la DEA estableció que el General era socio de el H-2 (Juan Francisco Patrón), sucesor de Héctor Beltrán Leyva, el H-1. Sin embargo, Washington no dio luz verde a la investigación. No quiso destapar la caja de pandora en medio de la quimera del “Mexican Moment” de Peña Nieto. Su arresto no tiene el costo político de hace siete años.
El sábado, AMLO pidió a “los de la DEA” aclarar su participación en los casos García Luna y Cienfuegos. Demandó que fueran más respetuosos. Parecía molesto. Motivos le sobran. El arresto de un General de cuatro estrellas, que no hace mucho era el jefe y responsable del Ejército Mexicano, fue un acto unilateral. No amistoso. Irrespetuoso. Por no decir más. Pese a los frecuentes encomios entre los presidentes y el romance post TMEC, manda el mensaje de que México no es un socio confiable. Le recuerda al mundo que México es lo que es: el patio trasero donde los personeros del imperio pueden hacer y deshacer a su antojo; donde marcan la pauta en una guerra en la que nosotros ponemos los muertos y los presos de gran calado, y ellos las armas, los consumidores y el lavado de dinero.