Entre la transparencia y el silencio:
el acceso a la información en México
En los últimos años, México ha avanzado de manera institucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, al contar con principios, obligaciones, medios y mecanismos para garantizar a la ciudadanía su derecho a estar informada sobre cualquier tema público que le interese. Dentro de los mecanismos que se han habilitado se encuentra la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN).
Esta plataforma digital surgió como resultado de la reforma constitucional en materia de transparencia en 2014, y fue puesta en marcha por el INAI el 5 de mayo de 2016. Este sistema pretendía reemplazar a todos los portales locales de acceso a la información para facilitar la realización de solicitudes de información y consulta de datos públicos. De modo que un solo lugar podría concentrar los 32 sistemas locales y uno federal.
Dado que la disponibilidad de datos por sí sola no garantiza la transparencia ni el acceso a la información, se requiere también cumplir con ciertos principios para asegurar el derecho de acceso a esta, que de acuerdo con la Constitución Política son los siguientes:
1) Máxima publicidad de toda información en posesión de cualquier entidad pública o entidad privada que ejerza recursos públicos o cumpla funciones de autoridad.
2) Incondicionalidad del derecho de acceso a la información.
3) Protección de datos personales.
4) Gratuidad de la información.
Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública menciona que la información pública debe ser completa, oportuna, accesible, confiable, verificable, veraz, gratuita y con un lenguaje sencillo para cualquier persona.
Sin embargo, este acceso a la información en México continúa siendo limitado, ya que muy pocas personas lo podemos ejercer debido a las mismas limitaciones que la plataforma presenta. Por un lado, se necesita contar con el equipo tecnológico para presentar una solicitud de información (lo que en sí mismo representa una problema de alcance), además del conocimiento técnico que se requiere para el manejo de una computadora y de la plataforma en particular, sin considerar los tecnicismos con los que las instituciones refieren la información o con las deficiencias del portal que muchas veces se encuentra deshabilitado.
Por si fuera poco, en temas como desaparición forzada, localización sobre fosas clandestinas, asesinatos, tortura y abuso sexual, mismos en los que se procura la no repetición y el acceso a la verdad se necesita contar con datos fidedignos y en muchos casos ni las fiscalías ni las instituciones involucradas generan la información suficiente para sustentar y convalidar las políticas que adoptan.
La opacidad de las instituciones hace que las investigaciones se vuelvan más complejas al momento de indagar en información pública. Uno de los principales problemas radica en la forma y el contenido en que las fiscalías, comisiones locales de derechos humanos u órganos de defensoría, así como instituciones federales, proporcionan información mediante la plataforma, además de los tiempos de espera prolongados y las posibles prórrogas en el proceso.
De acuerdo con el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, que publica el Centro de Análisis e Investigación Fundar y Artículo 19, la plataforma no prevé la imposibilidad de “reservar información cuando se trate de la investigación de delitos de lesa humanidad ni prevé la imposibilidad de reservar información cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos”.
La transparencia y el acceso a la información se relacionan directamente porque forman parte de un concepto más amplio que refiere al derecho a la libertad de opinión y de expresión. En este sentido, subyace la premisa de que las personas son libres para investigar, solicitar y recibir cualquier tipo de información que las instituciones públicas generen y con ello poder exigir una adecuada rendición de cuentas y la formulación de políticas públicas congruentes con la realidad. Así, se considera que la transparencia y el acceso a la información son derechos “llave” que abre la posibilidad a ejercer otros derechos.
El acceso a esta información es fundamental para poder ayudar a encontrar a familiares desaparecidos y para la identificación y atribución de responsabilidades y el establecimiento de sanciones sobre los perpetradores de crímenes internacionales o graves violaciones a derechos humanos.
Es decir, información que nos brinde elementos suficientes para detonar procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que estén enfocados en mitigar los problemas estructurales que dan lugar a estas violaciones, que lamentablemente se ven socavados por el silencio de las fiscalías, comisiones de búsqueda y de derechos humanos tanto locales como federales al momento de pedir información. Es importante recordar que la transparencia y la rendición de cuentas son responsabilidad de todas las instituciones.
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La autora es Ana Victoria Vargas, socióloga por la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM y colabora como pasante en el área de Investigación y Análisis criminal de la @CMDPDH.