En la UAS, la torre está a punto de caer
Ahora que el Congreso del Estado se ha propuesto reformar cuanto antes la Ley Orgánica de la UAS, es necesario advertir la posibilidad de que la universidad obtenga un nuevo amparo que retrase todavía más los cambios que la institución amerita.
Sacar una nueva ley a marchas forzadas no es lo más conveniente. Se debe actuar con mucha cautela. No solo se trata de restituir el voto directo, eso ni siquiera asegura el fin a los cacicazgos. Lo que hace falta es una reforma integral, que contemple la democracia, sí, pero también la legalidad, la transparencia, la paridad y el desarrollo científico.
Para no cometer los errores que han entrampado la discordia en los últimos meses, es necesario vislumbrar los escenarios que se pueden presentar en relación a las dos cuestiones que hay actualmente en disputa: la reforma universitaria, por un lado, y los juicios penales contra autoridades de la UAS, por el otro.
Hay que decir que ninguna de las facciones involucradas tiene todas las de ganar, y en estas circunstancias la negociación se vuelve un imperativo para destrabar este conflicto que tiene como rehen a la educación y la cultura en Sinaloa.
De parte del gobierno, su mayor fortaleza es el montón de pruebas incriminatorias que pesan sobre los ex Rectores, sobre el Encargado de despacho y sobre el Comité de Adquisiciones de la UAS; tanto así como el respaldo social y la sinergia entre los distintos órganos y niveles de gobierno, que ha permitido a las autoridades del estado llevar a los inculpados ante la justicia, sin un solo reproche por parte de la ciudadanía.
Por el lado de los universitarios, el principal activo que tienen, además del montón de acarreados a los que reparten plazas, es el reconocimiento de la autonomía que los ampara en su derecho a comandar cualquier reforma antes de que el congreso pretenda realizar cambio alguno en su estructura orgánica.
De conservarse intacto este equilibro de fuerzas, el único desenlace al conflicto será el encarcelamiento de las autoridades universitarias, pero dejando intacto el sistema de control absoluto que tiene el PAS al interior de la universidad.
Este es un escenario en el que todos pierden. Pierde el gobierno por su incapacidad de liberar a la UAS; pierden las autoridades universitarias por los años que tendrían que pasar tras la rejas; pero principalmente pierden los sinaloenses al tener que mantener una universidad secuestrada, anacrónica y mediocre, que no es capaz de contribuir de manera plena al desarrollo.
Por eso, la única alternativa para contener el deterioro de la UAS es el diálogo y la negociación. Pero no el tipo de negociación con acuerdos de impunidad en los que están pensando Cuén, Madueña y Robespierre. Eso no va a ocurrir.
Y es que, derrepente, todo está muy claro. Mantener la disputa de la reforma universitaria en los tribunales federales era una perdida de tiempo, cuando el gobierno del estado tiene todas las cartas a su favor en el terreno de lo penal y lo político.
Esa es la razón del desistimiento de los legisladores al recurso de revisión. A los cuenistas les tendieron una trampa sin salida. Rocha, Inzunza, Sergio Marrio, Feliciano y todos los diputados entendieron que de nada les sirve a los cuenistas retener el control de la UAS, si lo hacen encerrados en una celda.
Es la libertad de los inculpados la que está en juego. Y así, al final, serán las propias autoridades universitarias las que correrán a pedir clemencia, avergonzados por todos los abusos que cometieron durante años en los que actuaron con total impunidad.
Y para conseguir piedad en un acuerdo reparatorio, los cuenistas estarán dispuestos a reconocer su culpabilidad y restituir el daño ocasionado al patrimonio de la UAS, y aún todavía serán capaces de ofrecer una cosa más: su entera disposición para que en la universidad se modifique la ley orgánica.
La torre está a punto de caer.