En favor del revisionismo

María Amparo Casar
04 diciembre 2019

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amparocasar@gmail.com

 

Si lo despojamos de sus tintes ideológicos, el revisionismo no es malo. Es la reconsideración de las premisas y/o el estudio crítico de los hechos para rectificar.

Siempre hay tiempo de rectificar. No puede hacerse con discursos triunfalistas y oídos sordos. Hace muchos años que un Presidente en México no tenía el poder suficiente para impulsar un nuevo modelo. Supongo que lo que AMLO quiere es una economía competitiva con un Estado de bienestar y, espero, la preservación de la democracia. El Estado de bienestar requiere de tasas de crecimiento elevadas producto de la suma de la inversión pública y privada, un buen sistema impositivo que compense la desigualdad y un gasto público capaz de brindar los bienes y servicios mínimos para los ciudadanos. Todo esto necesita, a su vez, de niveles de seguridad razonables.

Triunfalismos aparte, pasado un año y manteniendo todavía una posición de enorme poder, se requiere revisar la hoja de ruta a partir de lo que grita, ilustra o impone la realidad y de -si queda algo de humildad- lo que señalan los críticos que no, no quieren derrocarlo ni descarrilar su gobierno. Quieren señalar rutas alternas para los mismos propósitos.
De entre las materias en las que la realidad lo ha reprobado están los asuntos económicos y los de seguridad.

Más allá de que a mitad del año el discurso presidencial haya cambiado de “creceremos al 4 por ciento” a “el crecimiento no importa”, él y todos sabemos que sí importa y mucho. La línea de crecimiento económico en los últimos cuatro trimestres es clara. La economía dejó de crecer y comenzó a caer al momento en que se anunció la cancelación del aeropuerto. La señal de incertidumbre mandada se reflejó entre otras cosas en la caída de inversión privada. Ni el crecimiento de 2 por ciento de la economía estadounidense, de la cual la mexicana es espejo, pudo detener la caída. Tampoco la va a detener un presupuesto en el que no se priorizó la inversión pública. Poco ayudó el subejercicio registrado y que alcanza más de los 150 mil millones de pesos. Difícilmente corregirá la situación el anuncio –que bienvenido sea- del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura firmado por el Presidente y los empresarios. Es absolutamente insuficiente en términos de alcanzar los niveles de inversión requeridos en este País. Por poner un ejemplo, Corea ha tenido una tasa de inversión promedio (pública y privada) de 30.4 por ciento del PIB durante los últimos 50 años. México apenas alcanza el 20 por ciento.

¿Podría rectificar? Sí. Y con buenos dividendos. El que el origen del problema de la desconfianza fuera la cancelación del NAICM y el que diversas asociaciones internacionales, líneas aéreas y, más recientemente, dos grupos internacionales hayan manifestado la inviabilidad o la necesidad de un costoso rediseño para que Santa Lucía pueda operar simultáneamente con el aeropuerto actual, deberían ser razones suficientes para rectificar.

Pero hay una segunda razón todavía más poderosa. El Presidente tiene la suficiente legitimidad y capital político para hacerlo. Y, otra más, tiene las facultades y el poder para retomar Texcoco, sin erogar un solo centavo y gestionando una obra impecable por su transparencia y honestidad. Bien haría también en repensar el resto de sus proyectos de infraestructura y obras emblemáticas.

Es momento de revisar su viabilidad y tomar decisiones. Aún con el año que ya se fue, todas podrían estar a tiempo para terminarse en el sexenio o sustituirse por otras que hagan más sentido.

El otro frente está, aún más complicado. La inseguridad no cesa y no hay punto de inflexión que indique el inicio de su disminución. No hay receta como la de “mayor inversión productiva igual a mayor crecimiento” pero tampoco hay una actitud revisionista con base a lo que dicen los expertos o experiencias internacionales y a los 26 mil homicidios que se acumulan este año. En dos necesidades coinciden cuanto especialista he consultado: la formación de policías locales y la instauración de un sistema de procuración y administración de justicia con una política criminal que oriente su quehacer.

Estos dos frentes abiertos y en franca crisis, pueden frustrar las buenas intenciones de un poderoso y bien intencionado Presidente. ¿Por qué la negativa a hacerlo?