En defensa de la corrupción

En respuesta a mi columna de la semana anterior, el señor Valeriano Suárez envió una aclaración a Noroeste por la siguiente afirmación: “Debo decir que estoy sorprendido que ningún empresario sinaloense haya invertido un solo peso en la lucha real contra la corrupción, no retórica ni de denuncia, que es risible y carece de toda metodología científica”. El señor Suárez hizo una lista de actividades que ha promovido, así como el esfuerzo realizado por la iniciativa 3 de 3. Por supuesto, bienvenidas las diferencias de percepción y de criterio. Son parte del debate democrático para comparar y contrastar puntos de vista. Quiero, con todo, desarrollar la idea que me motivó a formular el aserto que generó polémica. Veamos.

 

1. Estoy convencido de que los empresarios que venden la idea de su compromiso con la promoción democrática, de entrada, inician con un acto de corrupción al existir varios casos de conflictos de interés, reales o aparentes, que jurídicamente son idénticos por cuanto a sus sanciones. Si, por un lado, se venden bienes o servicios al Gobierno del Estado y, por otro, se auspician actividades que buscan la reforma del ejercicio del poder, se genera -al menos- cierta suspicacia porque se puede presumir la existencia de cierto acuerdo en lo fundamental observando la clásica expresión del ideólogo del PRI, don Jesús Reyes Heroles: “Lo que resiste apoya”. Con esas palabras, Reyes Heroles estaba convencido de que era mejor tener dentro a la oposición- de ahí que nacieran las diputaciones de representación proporcional- que fuera en un ambiente sin control y, por ende, peligroso para la reproducción del poder.

 

2. En un posible acuerdo implícito o explícito -lo señalo como hipótesis no como afirmación- el umbral de tolerancia del Gobierno llega a soportar foros, reportajes, posicionamientos y toda la retórica que se pueda imaginar a cambio de una sola cosa: de que nada cambie, en el fondo, y solo en el mejor de los casos, en la forma. El diseño institucional, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado es, como diría claridosamente Pepe Carreño, “una fórmula apantalla pendejos”. Y lo es. No sé si por ignorancia o colusión o por las dos cosas los opinadores sinaloenses lo han visto como “un gran avance democrático por la sensibilidad y apertura” del Gobernador Ordaz. Del mismo modo, el más reciente nombramiento de los integrantes del órgano garante del acceso a la información en Sinaloa fue otra puesta en escena de la simulación. Y es que, parafraseando a Martín Luis Guzmán en su célebre obra La sombra del caudillo, nadie va contra su propio interés.

 

3. La iniciativa 3 de 3 es un punto de partida. Solo eso. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que es prácticamente imposible verificar -aunque sea de modo razonable- la identidad entre lo que los políticos dicen tener como patrimonio y lo que en verdad tienen. Hay, sin embargo, casos de pavor como el de la declaración patrimonial del Presidente Enrique Peña Nieto, que no fue arropado por sus asesores y de manera burda sus declaraciones son un mar de inconsistencias, pero esa es una excepción por un déficit cognitivo. Una persona corrupta, con una inteligencia promedio, abre un trust en Estados Unidos o una sociedad en Aruba y a través de ellas hace inversiones, compra de bienes inmuebles y toda una amplia gama de posibilidades que es muy difícil de rastrear. Tan es algo tan inocuo que los políticos se sumaron a la iniciativa 3 de 3.

 

4. En apoyo a lo que dije de ese sector empresarial políticamente correcto puedo afirmar que no se ha dado a conocer una metodología científica que permita establecer parámetros de medición en el combate real a la corrupción. ¿Qué porcentaje en la lucha por la honestidad se alcanza con un reportaje en Sinaloa? ¿Los foros y posicionamientos cómo y cuánto inciden en el entramado jurídico y práctico del ejercicio del poder público? ¿Por cada reportaje se avanza un 1 por ciento o un 5 por ciento y bajo qué criterios se puede validar ese combate demostrable con datos duros contra la corrupción? ¿Por qué cuando se proponen medidas de fondo para abatir la corrupción se genera un espíritu de cuerpo que demoniza las medidas en ánimo de proteger al régimen? ¿Algo tendrá que ver que sus defensores tienen como cliente al Gobierno de Sinaloa y les genera una parte considerable de sus ingresos? ¿Cómo se puede justificar que una política estímulo-respuesta es mejor que atacar de raíz el problema? ¿No le parece raro?

 

5. En Veracruz, la poderosa ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción, promueve en estos días el test de integridad (aplicación del polígrafo, entorno social, EyeDetect y examen toxicológico con tecnologías de última generación) que tiene una confiabilidad superior al 98 por ciento en conjunto hecho por expertos independientes y con un sistema de revisión a prueba de contramedidas forenses. En el Estado de México, los siete candidatos al Gobierno del Estado han aceptado someterse a ese conjunto de exámenes lo que se hace con el apoyo activo de la principal cadena de radio que cubre el 100 por ciento de ese estado y de su titular de noticieros, Luis Pantoja, quien ha internalizado la idea y la promueve en forma puntual. Ello ayuda, sin duda, a generar incentivos para que los candidatos sean más receptivos a una medida de esta naturaleza, inédita por sus características actuales en la historia del País. Mientras esto ocurre en el País, en Sinaloa se genera un cerco de protección para que los gobernantes no sean tocados más allá de la retórica discursiva (marchas y sombrerazos incluidos) alejada por entero de exámenes de verdad que la DEA aplica a sus agentes y directivos y lo propio lo hace Coca-Cola con sus directivos y el personal que maneja o incide en los recursos de la empresa, tan solo por citar dos ejemplos. Así las cosas.

@evillanuevamx