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El caso de Emilio Lozoya Austin se percibía como un circunstancial logro del gobierno de la 4T en su reiterada propuesta anticorrupción; un logro muy favorable para las pretensiones electorales del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y es posible que aún se preserve ese deseado efecto en el ánimo de un determinante sector del electorado, aunque el manejo judicial que el proceso está registrando presagia un desenlace jurídicamente irregular.

Para empezar, las expectativas que latían con la extradición del ex titular de Pemex enfrentaron una primera controversia ante el show que se montó para hacer creer a los representantes de los medios que, a su llegada a México, el detenido fue conducido hacia un reclusorio, cuando la realidad es que se le internó en un hospital privado. Al día siguiente las autoridades informarían que Lozoya padecía de un agudo estado de anemia, amén de otras molestias.

Esta circunstancia permite lucubrar que el avión en el que Lozoya fue trasladado de España a México tiene algo de maléfico y algo más de milagroso, pues por un lado le produjo al pasajero un mal que todo indica que no padecía cuando abordó el aparato, pero por otro lado operó una radical mutación, toda vez que las autoridades españolas hicieron entrega de un presunto delincuente que, al llegar a México se convirtió en un “testigo colaborador”, condición jurídica que el mismo Presidente López Obrador ha reiterado en las “mañaneras”.

En ese carácter de colaborador, a lo largo de este juicio, Lozoya Austin no pisará la prisión, a cambio de lo cual deberá presentarse ante las autoridades, pero al parecer será sólo a firmar. Así fue anunciado oficialmente el martes más reciente. Tal es la concesión que se vislumbró mediante un pacto entre la Fiscalía y Emilio Lozoya Thalmann, padre del testigo, cuyos abogados recurrieron a la figura legal denominada “criterio de oportunidad” que les permitió gestionar para su defendido una suerte de inmunidad que se interpreta como un pasaporte a la impunidad.

A cambio de esa preliberación concertada, este protagónico personaje ha dejado de ser un vinculado a proceso para constituirse en testigo de cargo, y como tal se espera que aporte las revelaciones suficientes para vincular a proceso al pez más gordo que, sabido es, responde al nombre de Enrique Peña Nieto, lo cual sentaría un precedente insólito en la lucha contra la corrupción que López Obrador declaró como el enemigo público número uno a combatir como prioridad emblemática por parte de su gobierno.

Sin embargo, el curso de este proceso ha adolecido de una sucesión de irregularidades que generan incertidumbre en torno a los resultados del juicio, pues late la percepción de que la apertura de la caja de Pandora, que contiene las pruebas que Lozoya Austin dice poseer, acabe por mostrar un parto de los montes aunque las autoridades pretendan acreditarlo como una “verdad histórica”.

En sus declaraciones “mañaneras” el Presidente López Obrador ha sido reiterativo en el sentido de que su gobierno no ejercería alguna acción penal en contra de su antecesor, Enrique Peña Nieto, pero ante la posibilidad de que el ex Presidente priista resultara vinculado a proceso con base en las acusaciones de Emilio “L”, el de Macuspana advirtió que se convocaría a una consulta ciudadana para que, en todo caso, sea el pueblo quien emita la decisión correspondiente. Hasta ahora Lozoya Austin es uno de los procesados más beneficiados en la historia de la función judicial en México. ¿Seguirá así hasta el final del juicio? La moneda está en el aire.

Contra la actitud de quienes han mantenido un absurdo rechazo a los protocolos sanitarios contra el Covid 19, surgen propuestas en los tres órdenes de Gobierno, tal es la moción de Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán, quien está convocando a integrar una entidad multisectorial con participación de las autoridades y los organismos ciudadanos de todos los municipios de Sinaloa y que tendrá el objetivo de presentar un frente homogéneo de acciones que compaginen responsablemente la atención a la urgencia económica sin descuidar la prioridad sanitaria. Algo digno de tomar en cuenta.