El tiempo es limitado para ser Testigo Social
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norma@sanchez-castillo.mx
Los plazos que las entidades públicas dan para que un ciudadano participe en los procesos de contratación pública por licitación, como Testigo Social, son un claro indicador para medir la calidad de esta figura de participación social.
En Sinaloa, obligados por la nueva Ley de Obras Públicas que entró en vigor el pasado mes de septiembre, las instituciones de Gobierno han comenzado a publicar las convocatorias para quienes deseen atestiguar ese tipo de procesos. Los periodos de apertura y cierre para presentar los documentos a través de los cuales se acreditará el perfil para ingresar al Padrón de Testigos Sociales son realmente cortos. Una práctica que desincentiva la participación ciudadana.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, por ejemplo, publicó la convocatoria el 12 de octubre y la cerró el día 23 siguiente, apenas nueve días hábiles para que los interesados integren un expediente de ocho documentos solicitados. El Poder Legislativo lo hizo el 15 de octubre, pero dio como plazo para acreditar requisitos el 22 de octubre, apenas cinco días hábiles.
Lo mismo ocurrió con el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), que abrió convocatoria el 29 de septiembre y la cerró el 6 de octubre, solo cinco días hábiles para hacerlo.
En el caso de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) el periodo fue más largo que los anteriores, al ampliar a 14 días el periodo para la integración y presentación de expedientes, del 26 de octubre del 13 de noviembre, mientras que la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán (COMUN) lo hizo aún mejor, otorgando 25 días hábiles para ello, del 23 de octubre al 30 de noviembre.
Estas cinco convocatorias permiten reflexionar sobre dos puntos: la capacidad de planeación del Gobierno para garantizar el ejercicio del derecho ciudadano a la participación, y el interés para hacer funcionar este tipo de mecanismos de incidencia en la gestión de contratos de obras.
De acuerdo con la página de internet compranet.sinaloa.gob.mx, al menos 22 entes públicos están obligados a llevar a cabo licitaciones integrando listas de ciudadanos como Testigos Sociales, por lo tanto se espera que en los próximos días todos ellos abran convocatorias. Pero establecer plazos tan reducidos contraviene la propia Política Estatal Anticorrupción de Sinaloa a través de la cual se busca prevenir, investigar y sancionar la corrupción en áreas tan susceptibles como los contratos de obra.
La planeación de los procesos para el ejercicio de la participación ciudadana es un paso obligado para un Gobierno interesado en promover el fortalecimiento de los espacios para la ciudadanía; para que esto suceda, es necesario que el principio de máxima publicidad se refleje en periodos suficientemente amplios para que las personas interesadas puedan realmente aprovechar las convocatorias.
Algunos insumos elaborados por organizaciones de la sociedad civil recomiendan que para asegurar el principio de igualdad de oportunidades en espacios de participación, ninguna convocatoria podrá considerar un plazo inferior a 10 días hábiles ni involucrar documentos cuyo mero trámite consuma dicho periodo.
Prever estos principios y criterios es fundamental para que la figura de Testigo Social pueda operar de manera efectiva en Sinaloa, cumpliendo con calidad las funciones encomendadas por la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado.