El punto áspero del Gabinete de Rocha
Habrá Fiscal, por acuerdo o destitución

Corre el tiempo en dos cuentas regresivas distintas para que se dé el relevo en la Fiscalía General del Estado paralelamente a la asunción de Rubén Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa. Con procedimientos distintos, uno fino como la filigrana y otro áspero tal cual es la piel de la política, podría definirse el procedimiento legal para que Juan José Ríos Estavillo deje el cargo antes de cumplirse el período para el que fue designado y de esa forma sea publicada la convocatoria del proceso que definirá quién lo sucederá en la institución autónoma.

Se trata de un conflicto entre lo legal y lo funcional que pondera la pertinencia de que Rocha Moya cuente con alguien de todas sus confianzas en el área de procuración de justicia y partir de esa colaboración para establecer acciones de combate a la impunidad, o bien ceñirse al marco legal que le extiende a Ríos Estavillo hasta 2024 la ocupación del cargo de Fiscal. Cualquiera de las dos vías trae conflictos y riesgos implícitos e igualmente plantea posibilidades intermedias de arreglo.

En la opción pulida y exprés podría suceder que el actual Fiscal presente su renuncia de un momento a otro en comprensión de la transición que va más allá del fin de un mandato e inicio de otro y que trasciende dicha circunstancia por la mudanza del partido en el poder, el Revolucionario Institucional, para que se instale otro diametralmente opuesto, que es el Movimiento Regeneración Nacional. Aquí opera la lógica tradicional que convoca a los servidores públicos a entender las conversiones de la política donde los plazos formales que establece la ley no tienen que ser por obligación los que se le impongan al régimen que llega.

A esta salida se le está apostando actualmente, quedando la operatividad en la cancha del Gobernador Quirino Ordaz Coppel. De resultar en buenos términos, lo cual depende de la actitud de colaboración o resistencia que adopte el Fiscal Ríos, permitirá que a finales de septiembre en curso o principios de octubre sea publicada la convocatoria para designar al nuevo titular de la FGE y que tanto el Consejo Estatal de Seguridad Pública como el Congreso del Estado resuelvan en buenos términos, con pinzas de legitimidad y avenencia.

Según ha trascendido, Ríos Estavillo aspira a un retiro tranquilo y negociado mediante la jubilación con las percepciones económicas que hoy recibe, equivalentes al sueldo de un Magistrado del Poder Judicial del Estado. Parece ser hasta hoy el único inciso del pliego petitorio que lo haría irse en paz, aunque el problema es que no cumple con el requisito de edad laboral ni los años prestados al servicio público para recibir dicha prestación, descartándose esa salida por inviabilidad jurídica.

La vía complicada tiene que ver con la intervención de la 64 Legislatura estatal, que entra en funciones el 1 de octubre, para evaluar los resultados que ha rendido Ríos Estavillo desde que el Congreso lo nombró Fiscal para los siguientes siete años, contados a partir de marzo de 2017. La Cámara analizaría la existencia de motivos para destituirlo, causales que por cierto fueron actualizadas recientemente, entre las que figuran incapacidad total o permanente, abuso o ejercicio indebido del cargo, y autorizar indebidamente el no ejercicio o desistimiento de la acción penal.

Sin embargo, en caso de pasar a manos del Legislativo la dinámica de encontrar por qué Sinaloa debe tener un nuevo Fiscal se alteraría el cronograma planeado para definir todo el Gabinete de Rocha, Fiscalía incluida, antes de que se instale el gobierno de la 4T. Los cálculos del equipo de transición determinan que sí es posible resolver el tema sin ir a la etapa hosca donde la mayoría parlamentaria de Morena deba proceder. ¿Pueden convencer a Ríos Estavillo de que renuncie y el cambio de estafeta transcurra sin mayores complicaciones para el rochismo?

Es decir, la designación de Fiscal General del Estado enfrenta la disyuntiva de la solución consensuada entre los gobiernos entrante y saliente, o la acción ruda que ocasionaría que en la tribuna legislativa se debata sobre incidencia delictiva en contraste con la actuación del Ministerio Público, los acuerdos impulsados desde la FGE para que en carpetas de investigación por corrupción los imputados libraran la sanción legal correspondiente, y el manejo del recurso público asignado a la Fiscalía. La conformidad para resolver en armonía un asunto de políticas públicas, o la lupa que siempre encuentra algo mal.

Está por conocerse el camino que tomará esta trama. El Gobernador electo procede a cerrar la lista de colaboradores que lo acompañarán en el sexenio que viene, pero tiene escritos con lápiz los nombres y la ruta crítica para definir al Fiscal. Lo dicho: tanta lisura en la traslación del mando advertía de complicaciones políticas ineludibles y por lo menos aquí está apareciendo el punto tosco que obstaculiza el final de todos contentos. Nunca falta un fruncido que eche a perder todo lo planchado.

Al llevar al Fiscal a juicio,

Sin ciudadano que lo defienda,

Es de justicia que lo atienda,

Algún defensor de oficio.

Por mínima cortesía, el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Guzmán, debió notificarle al Gobierno de Guasave de su estancia en el municipio la tarde del martes, al menos para que la gente sepa a qué se debe el despliegue de elementos de las fuerzas armadas y se disperse el temor a operativos que significan peligro para los pobladores. Aunque así parezca, la Alcaldesa Aurelia Leal no está de adorno y por el solo hecho de pertenecer a la Cuarta Transformación debió estar al tanto de una visita dizque para supervisar obras. Luego no vayan a salirnos con otras cosas.