El puente caído y la obra pública herida. Reponer las vigas y reparar la confianza

Seguramente al Gobernador Rubén Rocha Moya le preocupa mucho, más de lo que puede suponer la opinión pública, el colapso de las vigas en un tramo de la reconstrucción del puente El Quelite y no se quedará solo con la explicación técnica ofrecida sino con la evaluación de consecuencias de distintos tipos y definición de estrategias que se anticipen a situaciones que afectan la imagen del Gobierno más que la de una de las cinco constructoras que realizan la obra.

El tema no puede quedar en la explicación de que la empresa que tiene a su cargo la construcción del trecho caído se hará cargo de los daños y lo demás permanecer como anécdota de cosas que pasan donde sea. No es tan sencillo porque el error en la colocación de uno de los travesaños induce la probabilidad de la improvisación por parte de la compañía que debió justificar la experiencia y pericia en realizar los trabajos para los cuales fue contratada y estimula la teoría de la insuficiente inspección.

Rocha Moya no es de los que se conforman con las primeras elucidaciones y sabe del impacto que tuvo en la población sinaloense y en las audiencias nacionales la noticia de que un “accidente de maniobra”, según lo definió el Secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, fuera el impedimento de que en estos días se reabriera el paso por la carretera México 15, averiada en septiembre de 2021 por el Huracán Nora.

Habrá que ir a fondo no tanto para detener la coyuntura de sorna que cobra fuerza en las redes sociales, pero sí con tal de dejar en claro la inexistencia de desidias y negligencias en la supervisión que le corresponde hacer al Gobierno del Estado tratándose de áreas que, el mismo Rocha Moya lo ha reconocido, se han prestado para ser caldo de cultivo de la corrupción. Reconstruir lo derrumbado es lo de menos; rehacer la confianza resulta lo fundamental.

Las huellas quedan después de que la infraestructura es reparada e inclusive si el embellecimiento de ese espacio físico va más allá de lo originalmente planeado. ¿Quién no recuerda al pasar frente al Acuario de Mazatlán que allí tronó el Tiburonario el 1 de febrero de 2017, a 37 días de que la gran pecera fue inaugurada luego de la inversión de 80 millones de pesos? E igualmente la memoria ciudadana registra que ningún funcionario pagó por los quebrantos ocasionados a las finanzas públicas.

En otro suceso similar de menor magnitud en daños físicos, pero agravado por la pérdida de vidas humanas, en la comunidad de Temaxcalac, municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, reventó un tanque elevado de agua potable el 14 de septiembre de 2022 que dos días antes había sido puesto en servicio y el Gobernador Miguel Barbosa ordenó a la Fiscalía estatal abrir la correspondiente carpeta de investigación pese a que la constructora responsable de la obra se deslindó y ofreció indemnizar a las familias de dos personas fallecidas y cubrir los gastos de hospitalización de otra que resultó herida.

Es decir, cuando suceden este tipo de afectaciones a infraestructura de beneficio social más vale cerrar todos los resquicios a sospechas, conjeturas y rumores que con el tiempo se tornan cargas pesadas para los gobiernos así estén sustentadas en suposiciones. El peritaje que defina qué fue lo que ocurrió y qué lo ocasionó, que se haga del conocimiento público, permitirá dar por finiquitado un acontecimiento áspero que le puede ocurrir a cualquier administración pública.

Cuidado con los estigmas. A José Luis Sevilla Suárez, que fue el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el sexenio de Mario López Valdez, se le tatuó la referencia del Tiburonario colapsado por no asignar la construcción del estanque a empresas calificadas. Es probable, si cobra vuelo la malicia generalizada que empezó la tarde del domingo en El Quelite, que a José Luis Zavala se le reseñe como el de los puentes de chicle. Y aquí sí el efecto dominó se presenta más devastador que la reacción en cadena que, según el informe preliminar, arqueó las vigas.

Y aparte de que requerirá de más tiempo concluir la obra que Rocha Moya ya tenía agendada para inaugurarla en diciembre hay otra vertiente que mete presión para esclarecer cómo sucedieron los hechos y hacérselo saber a los sinaloenses y al Presidente Andrés Manuel López Obrador: el puente se construye con recursos federales que el Gobernador tuvo que defender para que se radicaran en la obra después de varios aplazamientos.

En síntesis, esto no puede quedar como la crónica burlona del aprendiz de albañil al que se le cayó una barda. De la energía que muestre el Gobierno para escudriñar en lo hondo de la hipótesis de la SOP, del rigor futuro en la elección de constructoras a prueba de errores, y la evidencia irrefutable de obra pública de calidad dependerá que se apague la llamarada de suspicacias que cobra fuerza en Twitter, Tiktok, Facebook y demás plataformas digitales.

Estorba a nuestra realidad,

El haber plasmado la foto,

Del afrentoso puente roto,

Con tanta irresponsabilidad.

Por sus resultados será evaluado, pero la instalación ayer del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes es la respuesta necesaria a la alta incidencia de muertes y heridos en percances de tránsito. El Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, dio a conocer que a esta dependencia se le agotó desde mediados de año el presupuesto destinado a la atención de personas lesionadas en accidentes viales, mientras que el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, informó que en Sinaloa se registraron en 2017 un total de 3 mil 984 siniestros y en 2022, con corte a noviembre, suman 8 mil 788 con un saldo de 600 personas sin vida y casi 6 mil lesionadas siendo las víctimas en su mayoría jóvenes.