El premeditado dúo Ejecutivo-Judicial. Muerta la autonomía y vivo el siamés

Deberán tomarse más tiempo quienes esperaban que la independencia entre poderes fuera fortalecida en Sinaloa con la llegada de un Gobernador derivado de la izquierda política, porque la designación de Ricardo López Chávez como Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado fue lentamente trabajada para reeditar la subordinación de la institución judicial con el aparato del Ejecutivo estatal. La autonomía exigida durante décadas por la Oposición, hoy es uno más de los baluartes demolidos a pesar de que la alternancia sí se consumó.

El nombramiento de quien suplirá a Enrique Inzunza Cázarez en la presidencia del STJE, para que éste se desempeñe como Secretario General de Gobierno en el Gabinete de Rubén Rocha Moya, es parte de la tramoya sucesoria que comenzó a levantarse desde que el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue electo Senador, el 1 de julio de 2018, encarrilándose a partir de entonces a la Gubernatura.

Con el desmantelamiento de la estructura vieja del Poder Judicial y la recuperación de aquellos cotos que se necesitarán para la gobernabilidad en el período que empieza el 1 de noviembre de 2021 y concluye el 31 de octubre de 2027, el dúo que integran Rubén Rocha Moya, Gobernador electo, y Enrique Inzunza Cázarez, quien será el segundo funcionario público con más poder en el próximo sexenio, colocaron el 20 de agosto la primera piedra de la obediencia de la Judicatura estatal a las órdenes del Ejecutivo.

Con López Chávez a cargo del Poder Judicial concluye el plan que empezó en mayo de 2019, a ocho meses de que Rocha Moya rindiera protesta como miembros de la 64 Legislatura del Senado. Aquel día la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso del Estado sacó adelante la magistratura para el hombre de mayor confianza de Inzunza Cázarez, a quien le acaba de heredar la presidencia de la máxima Corte.

La indicación para los diputados de Morena fue clara. Es propuesta de Rocha, les dijeron y el resultado de la votación no dejó lugar a dudas sobre el proyectado control del Poder Judicial: López Chávez obtuvo 32 votos y los demás integrantes de la terna cuyos nombres iban de adorno apenas alcanzaron dos apoyos Omar Jesús Abitia Salazar y uno Ángel Antonio Gutiérrez Villarreal. Inzunza Cázarez lo operó con las manos en la cintura porque en el caso de él sí existió la autonomía respecto al gobierno de Quirino Ordaz Coppel y no tuvo que consultarlo con el Mandatario en funciones.

Claro que López Chávez tiene una buena hoja de servicios en el sistema judicial sinaloense y que dicha trayectoria de 22 años lo habilita para presidir el Supremo Tribunal. En su carrera que inició como secretario de juzgado, luego juez, magistrado de circuito y finalmente integrante del STJE, se pertrechó al lado de Inzunza Cázarez y ello le valió que por unanimidad estará al frente del Poder Judicial en la era del todopoderoso régimen de la Cuarta Transformación en Sinaloa.

Muchos de los peldaños del andamiaje judicial que llevará a Rubén Rocha a la cumbre del poder fueron resueltos en maniobras exprés, con anticipación, para que al asumir el cargo de Gobernador se le eviten al badiraguatense los conflictos con los otros dos poderes constitucionalmente erigidos. Basten dos ejemplos: en el Tribunal de Justicia Administrativa ya lleva el timón Iván Chávez Rangel, otro de los colaboradores leales a Inzunza, mientras que en Tribunal Electoral del Estado hay dos cartas listas para subir al mando. Son Carolina Chávez Rangel, hermana de Iván Chávez Rangel, y Aída Inzunza Cázarez, hermana de Enrique Inzunza Cázarez.

Inclusive en órganos autónomos como es el caso de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública fue orquestado con premeditación el relevo en la presidencia (una vez que José Alfredo Beltrán concluya el período de conducción del órgano garante de la transparencia) al elegir el Congreso en enero de 2021 a la comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega , que es parte del equipo de Inzunza Cázarez al formarse junto a él en el Supremo Tribunal.

Aparte de operar la estabilidad de la administración estatal que presidirá Rocha Moya, a Inzunza Cázarez le corresponderá sincronizar la actuación del Poder Judicial con las políticas del Gobierno del Estado en el inmejorable escenario de colaboración casi con rasgos de subordinación. Nadie dice que es mala la armonía entre ambas instituciones, siempre y cuando dicha colaboración sepa respetar la función de contrapeso y equilibrio que la Constitución le delimita a cada ente.

Pero al menos sí hubo el intervalo de independencia entre Judicial y Ejecutivo en los cuatro años y 10 meses que Quirino Ordaz gobierna en Sinaloa ya que Inzunza Cázarez, abrigado en la fuerza política que adquirió Rubén Rocha, se dio el lujo de hacer valer la sana separación que a Carta Magna establece. Antes y después de eso el sometimiento fue y será tan evidente como nocivo es para la función pública y la expectativa ciudadana de que ningún poder legítimo se sitúe por encima de otro.

Este matrimonio indeseable,

Entre el Ejecutivo y Judicial,

Hoy considera que es razonable,

Lo que ayer veía como inmoral.

En las agencias del Ministerio Público, Policía Investigadora y unidades especiales se procede a adelantar el corte de caja para que esta otra entrega-recepción transcurra con orden y transparencia, y a la vez se les cerró la llave presupuestal a cualquier requerimiento de recursos públicos que le corresponda atender a la Fiscalía General del Estado. Para muchos es la preparación de maletas del Fiscal Juan José Ríos Estavillo que, se conjetura, en cualquier momento pedirá permiso para dejar el cargo.