El poder de la transparencia: cómo el acceso a la información salvó a los pescadores mexicanos de un embargo
El acceso a la información pública ha sido una herramienta crucial para exigir la rendición de cuentas a las autoridades, fomentar la participación ciudadana en las decisiones de gobierno y garantizar el ejercicio de otros derechos humanos. Hoy quiero compartir con ustedes cómo, a través del acceso a la información, logramos defender a los pescadores de un embargo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.
Desde 2012, en México se implementó el monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras con el propósito de vigilar la legalidad de sus actividades. Sin embargo, sólo la Secretaría de Marina y la autoridad pesquera, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), conocían esta información. Para todos los demás, era información reservada. Ni siquiera otras autoridades del sector ambiental podían acceder a estos datos.
En 2018, cuando Oceana inició operaciones en México, nos propusimos transparentar al sector pesquero. Nuestra primera batalla fue abrir los datos del monitoreo satelital. Hicimos solicitudes de acceso a la información, pero nos fueron negadas. Los argumentos eran absurdos; prevalecía la ignorancia o el temor a la transparencia sin una justificación válida.
A pesar de ello, acudimos al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) quien, después de unos meses, resolvió que la Conapesca debía liberar la información. A partir de entonces, Oceana ha estado alimentando una plataforma pública que, mediante un algoritmo, rastrea embarcaciones realizando actividades pesqueras. Esta plataforma, Global Fishing Watch (GFW), permite a las autoridades identificar la pesca ilegal y actuar para combatirla. Pero esa no es toda la historia.
La plataforma también permite saber cuándo los pescadores hacen bien las cosas. Ese fue el caso de los pescadores legales del Alto Golfo de California. En esta zona vive un animal amenazado: la vaquita marina. Este mamífero marino, endémico, está al borde de la extinción, principalmente por la pesca ilegal de totoaba, un pez buscado por su buche, el cual se deshidrata y se vende en el mercado asiático a precios exorbitantes, convirtiendo a esta región en una de las más conflictivas del mar mexicano.
La preocupación por la vaquita marina ha llevado al gobierno de Estados Unidos a presionar a su homólogo mexicano para proteger a esta especie. Se han impuesto restricciones a la importación de camarón con pesca arrastre de embarcaciones mayores y menores; camarón con pesca suripera, sierra con pesca de cerco, sierra con pesca de anzuelo; chano con pesca de arrastre de embarcaciones menores, curvina con pesca de cerco de embarcaciones mayores y menores y sardina con pesca de cerco de embarcaciones mayores y menores.
En 2015, se estableció la suspensión temporal de la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operados con embarcaciones menores, para proteger a la vaquita marina dentro de una zona de exclusión. Gracias al monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras (SISMEP) y al análisis de la plataforma GFW, con datos abiertos a través del INAI, se pudo comprobar cómo todas las embarcaciones pesqueras monitoreadas respetaron el polígono en todo momento.
Cuando surgió la amenaza de un nuevo embargo por parte de nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos, difundimos esta información en Oceana. Con estos datos, obtenidos a través de la resolución del INAI, logramos comprobar a las autoridades de Estados Unidos que los pescadores legales obedecían las restricciones de la zona, por lo que un nuevo embargo no sólo era innecesario sino injusto.
Pensar que el acceso a la información será garantizado por la propia autoridad, y que el INAI es una institución prescindible, es desconocer en profundidad el quehacer de las autoridades mexicanas.
El INAI se creó para garantizar que las dependencias de gobierno respeten el derecho a estar informados de las y los mexicanos. Este derecho a saber, en el caso de la pesca, significó poder defender a los pescadores de un nuevo embargo.
Todavía hay mucho por hacer para avanzar en este derecho y evitar que las autoridades actúen a su antojo. Por las buenas, por gusto, casi nadie entregaría información. Así vivimos todo el Siglo 20 cuando el PRI gobernó, con autoridades escondiendo sus actividades y ciudadanos en la ignorancia total. Para las y los ciudadanos, es difícil simplemente confiar en sus funcionarios y en sus políticos; necesitamos de instituciones y leyes que los hagan cumplir y rendir cuentas.
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La autora es Renata Terrazas (@Renaterra_zas), directora ejecutiva de Oceana en México (@OceanaMexico).