El poder de la palabra

En un posicionamiento reciente expresé que no es un recurso novedoso el que los presidentes en turno descalifiquen a aquellos que expresan opiniones críticas a su gestión o que exponen sus actos de corrupción. No somos ingenuos: al abrazar el oficio de analista o periodista, estamos preparados para ello. Son gajes del oficio.

Pero cuando esta práctica llega al punto de convertirse en una incesante letanía de insultos e infamias desde el poder, llega el momento de preguntarnos si sigue vigente la libertad para que cualquier persona pueda exponer sus ideas y críticas sin temor a represalias. Esto les ocurre a los académicos, los empresarios, los científicos, los ambientalistas, las mujeres...

Las palabras incendiarias que emanan de la boca del Presidente bien pueden incitar a violencia y por ende no pueden ni deben ser aceptadas en una democracia. Mucho menos debería ser práctica cotidiana en un país que detenta el lamentable récord mundial de cantidad de periodistas asesinados.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUs dieron a conocer, con documentos en la mano, una investigación que exhibe el posible conflicto de interés y tráfico de influencias que supone que el hijo y nuera del Presidente hayan habitado la propiedad de un funcionario de Baker Hughes. Una empresa que tuvo y tiene aún millonarios contratos vigentes con Pemex. Una empresa que ya ha sido acusada por la justicia de Estados Unidos por sobornos a gobiernos en algunos de los países en que opera.

La respuesta del Presidente fue la de siempre. Descalificar de manera despiadada para dañar la reputación y credibilidad de sus autores sin prueba alguna y sin el derecho a utilizar el mismo potente micrófono desde el cual se los acusa.

Los insultos y calumnias proferidas por el Presidente en contra de Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Víctor Trujillo, Sergio Aguayo, Denise Dresser y de tantos otros periodistas que se atreven a contradecirlo ofreciendo argumentos, datos e incluso alternativas de política pública son, no solo injustas, sino una forma muy poderosa de acoso e intimidación que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Esto se llama abuso de poder.

La misma suerte han corrido organizaciones como MCCI que ha sido vilipendiada en nada menos que 96 oportunidades desde esa tribuna confeccionada a la medida que es la mañanera. Siempre en términos ofensivos. Todas y cada una de esas menciones ocurrieron como reacción a distintas denuncias periodísticas y señalamientos de irregularidades.

El Presidente se equivoca -y mucho- si cree que MCCI está en contra de él o que tiene algún tipo de actividad político-partidaria. Estamos en contra de la corrupción y de la impunidad sin importar qué partido gobierne. Bien pensado debería considerarnos como aliados en su lucha contra la corrupción en lugar de como un enemigo al cual combatir. Finalmente, nuestra causa y, presuntamente, la suya es la misma.

Si hiciera falta prueba de nuestra conducta e imparcialidad y de que nunca hemos “callado como momias”, basten dos hechos irrefutables.

Desde 2016 -fecha en que nacimos- hemos denunciado hechos y redes de corrupción de todos los partidos y gobiernos independientemente de su ideología o de su posición en el poder. Vayan como ejemplo nuestras investigaciones de los casos Odebrecht, la Estafa Maestra, La Estafa Verde, Los Piratas de Borge, La Empresas Fantasmas de Javier Duarte o la Operación Safiro sobre el desvío de recursos públicos a campañas electorales.

Además, el propio Presidente utiliza de manera sistemática nuestras investigaciones para ejemplificar la corrupción del pasado, aunque no la del presente. ¿Será que las del pasado eran válidas porque sumaban a su causa, mientras que las de ahora no lo son porque lo exponen?

El Presidente se presenta en público como el gobernante que no tolera la corrupción ni la impunidad. Se atreve a decir que terminó con ellas.

Los hechos lo desmienten. En sus tres años como Presidente se han exhibido decenas de actos de corrupción por parte de funcionarios de su gobierno. A todos los defiende y exonera, haciendo caso omiso de los hechos. México, en el mejor de los casos, ha mantenido los mismos niveles de corrupción en las mediciones internacionales. La impunidad, por increíble que parezca, ha aumentado. Y, lo peor, la corrupción sigue afectando más a los pobres, que no tienen defensa alguna en contra de la extorsión a la que son sometidos por las autoridades.

A pesar de las difíciles condiciones en que les toca trabajar a los analistas, periodistas, organizaciones y medios de comunicación, estoy convencida de que seguirán haciendo la tarea que, por deber, compromiso y elección han venido haciendo hace mucho tiempo. Continuarán investigando y denunciando la corrupción y la impunidad que sigue tan presente como siempre en nuestro país.