El modelo Sinaloa para jornaleros agrícolas. Humanitarismo después de la crisis de JJR

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Hay un factor de alta dificultad en medio de las acciones que lleva a cabo el gobierno de Rubén Rocha Moya y los esfuerzos que puedan aportar los agricultores para dignificar la estancia en Sinaloa de los jornaleros agrícolas eventuales, consistente en el eslabón de enganchamiento, transportación o fletaje que incide en situaciones como la que detonó en Juan José Ríos, con la enfermedad y muerte de niñas y niños hijos de peones del campo. Es un ingrediente entorpecedor que dificulta la comprensión del problema que bordea los linderos de la trata de personas.

A reserva de lo que determinen las partes que deben intervenir en la regulación del éxodo de la mano de obra, es la nula sensibilidad de los reclutadores hacia aquellos que son atraídos mediante el espejismo de sueño americano versión México, lo toral a combatir a través del pacto gobierno-productores, al tratarse del engranaje que echa a perder el tratamiento humanitario de un tema eminentemente de derechos de las personas. El Gobernador Rocha lo sintetizó tal cual es: hacer valer la Ley Federal del Trabajo.

Sucede desde hace al menos dos décadas que los intermediarios cortaron el flujo libre de trabajadores con destino a los cultivos de hortalizas de los valles sinaloenses, alrededor de 200 mil que llegaban por medios propios a ocuparse en las jornadas de siembra y recolección de legumbres y frutas. Al constituirse en una especie de mafias, los terciarios marcaron las reglas del negocio en el tráfico de mano de obra en detrimento para los peones, encareciendo la contratación, pero ofreciendo a los propietarios de las plantaciones la comodidad de no caer sobre ellos la carga social que deriva.

De esa forma se desarrolló la encrucijada de los migrantes para la estancia en los campos que tienen instalaciones adecuadas para albergarlos, con servicios médicos, guarderías y cuartería adecuada y segura, o bien esclavizarse al prototipo perverso que se fragua desde los lugares de origen que les ofrece vivienda barata (si es que puede llamársele así a deplorables espacios inhabitables), altos salarios impagables y condiciones laborales de evidente explotación.

Este podría ser un breve resumen del fenómeno que en estos días hace crisis, aunque también el compendio de retos que se tendrán en los siguientes meses para que cuando la muchedumbre laboral nómada retorne a ocuparse en los surcos locales, el verde de las plantas sea para ellos también el color de la esperanza. ¿Cómo? Solamente si en el resto de Sinaloa es implementado, entre Gobierno y agricultores, el prototipo de bienestar que emana de la tragedia infantil en Juan José Ríos.

Por desgracia tuvo que mediar la desventura para ir a las medidas de fondo, aunque la prestancia con la que se actúa hoy hace la diferencia con las negligencias de antes. El despliegue de prácticamente todo el aparato del Gobierno del Estado, y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, le ha dado forma a un esquema de atención sin precedentes cuya relevancia está en la posibilidad de diseminarlo al resto de Sinaloa donde el campo requiere de la fuerza laboral.

La sustitución de la cuartería horrenda por habitación decente en la comunidad guasavense que está en el foco estatal, nacional e internacional debido al fallecimiento de niñas y niños por desnutrición y falta de atención médica, constituye la sorprendente respuesta en discordancia con la insensibilidad que caracterizó a autoridades anteriores históricamente omisas frente al sufrimiento de niñas y niños que acompañan a sus familias a algo que los “coyotes” prometen como el paraíso y lo que les cristalizan es el infierno ya referenciado.

La apatía oficial, y la resistencia de los agricultores a resaltar sus buenos ejemplos, le tatuó durante años al campo sinaloense el estigma de explotación infantil que los competidores hortícolas de Estados Unidos aprovechan para el establecimiento de sanciones contra sus homólogos mexicanos. E invariablemente, la intermediación de voraces reclutadores de jornaleros ha ocurrido sin pagar por la parte de responsabilidad que les toca.

El enfoque humanitario compartido entre todos los componentes del fenómeno es la salida que está más a la mano después de la circunstancia triste que desde Juan José Ríos conmocionó a la sociedad. Y sí: en los siguientes arribos de esta gente, mayoritariamente indígenas que en sus comunidades no tienen oportunidades de trabajo, deberá encontrar el abrazo solidario de Sinaloa, entendido éste desde la justicia laboral, el trato fraternal ofrecido al connacional, y un sistema gubernamental de protección sin límites.

Parece irrepetible la coyuntura de colaboración y pertinente el régimen de la 4T en Sinaloa para saldar con el humanitarismo un asunto que avergonzó a la tierra de los 11 ríos por la discriminación y abandono de los trabajadores del campo que antes que mano de obra son ciudadanos con sentimientos y derechos iguales a los de cualquier sinaloense.

Quitarles todos los yugos,

Y aumentarles las libertades;

Nunca más ser sus verdugos,

Sino escudos antimaldades.

Por allá en octubre, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría, intentó implementar una campaña de buena imagen sobre el ejemplar sistema de apoyo a jornaleros agrícolas, con respeto a los derechos y la dignidad de éstos. Y en respuesta, los propietarios de los campos hortícolas cerraron las puertas para evitar que entraran los equipos que realizarían tales contenidos positivos. ¡Cómo hubieran servido de amortiguadores ante sensacionalismos esos materiales de comunicación en estos días en que la prensa y organizaciones internacionales apuntan la atención al contexto de Juan José Ríos!