El manejo irregular de los recursos de la UAS obliga a una auditoría

jorge.ibarram@uas.edu.mx

Este primero de mayo, el PAS, disfrazado de UAS, salió a marchar para encubrir los brotes de corrupción que han enlodado a la universidad en los últimos meses.

El Día del Trabajo quedará marcado como la fecha en que los universitarios fueron utilizados como escudo humano para impedir que sus líderes rindan cuentas ante la justicia.

Si en años anteriores a los sinaloenses le costaba trabajo entender las intrincadas formas de control político al interior de la UAS, ahora, en cambio, ya es sencillo entender cómo se lucra con el presupuesto público que se le otorga a la institución.

En la universidad se utiliza el método de fraccionar facturas millonarias, para hacer pasar grandes compras por pequeñas adquisiciones, con la intención de esquivar licitaciones abiertas y así poder elegir discrecionalmente a los proveedores.

No se trata de una persecución, tampoco es calumnia. Está comprobado que la UAS en 2022 compró 123 millones mediante contratos pulverizados en 5 mil 643 facturas.

La elección directa de proveedores es una práctica lasciva y penada por ley, porque propicia compras a sobreprecio, y permite la triangulación de dinero que puede ser utilizado para fines diversos, desde el financiamiento a actividades políticas, hasta el enriquecimiento ilegítimo de funcionarios.

Investigaciones en otros casos de corrupción han revelado que la mayoría de las veces los proveedores seleccionados mediante la opacidad, ni siquiera son empresas reales, sino prestanombres vinculados a las personas que en realidad controlan las instituciones.

En lo que respecta a la UAS, en las facturas aparece que las empresas involucradas son propiedad de una funcionaria de la Facultad de Informática y de su esposo, aunque por la fachada modesta de los negocios, se percibe que estos no corresponden a los de una compañía que facture cuentas similares a los montos que erogó la universidad a su favor.

Habiéndose revelado estas irregularidades, la autonomía universitaria no puede ser excusa para que se investigue al Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa por haber hecho compras fraccionadas a un mismo proveedor.

Obligados a rendir cuentas están los miembros de este Comité de Adquisiciones, presidido por Salvador Pérez Martínez, e integrado además por Soila Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón y Manuel de Jesús Lara Salazar.

Otro integrante es Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del líder moral del PAS, que en la universidad tiene el cargo de Director de Control de Bienes e Inventarios, y al que recientemente se le han descubierto varias propiedades millonarias a su nombre.

Y como consultor de este órgano funge Robespierre Lizárraga Otero, Director de Asuntos Jurídicos de la UAS, que por su función debió ser el primero en advertir que fraccionar facturas para soslayar licitaciones es un delito. Así que no se hagan los inocentes.

Una de las consignas de la marcha del 1 de mayo fue que la universidad ya es auditada, sin embargo, esto no es completamente cierto, pues si bien se hacen revisiones sobre las participaciones federales, todavía falta un escrutinio al manejo de los ingresos por recaudación propia y a los recursos que le otorga el Estado.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, el Diputado Sergio Mario Arredondo, reveló que en este rubro la universidad no ha entregado informes financieros desde el 2017.

Resulta necesario evidenciar todas estas inconsistencias para que los universitarios sepan realmente lo que hay detrás de la renuencia para que se revisen las finanzas institucionales.

Tengan por seguro que sus líderes estarán dispuestos a sacrificar las ayudas que al final de cada año el Gobierno del Estado hace a la UAS para completar aguinaldos, con tal de mantener las cuentas en la opacidad.

Y es que una auditoría rigurosa probablemente sacaría a la luz otras irregularidades como las que ya están siendo puestas en evidencia, y que por sí mismas ya son suficientes para abrir proceso penal contra los probables responsables.