El limitado entendimiento de la democracia

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@vraldapa

¿Cuánto cuesta nuestra democracia en Sinaloa? Si ubicamos este concepto en el ámbito electoral, en pesos significa cerca de 242 millones para este año 2020, que serán invertidos en financiamiento para IEES y los partidos políticos. ¿Vale la pena invertir esa cantidad de millones para sostener a una Institución y las estructuras de los partidos en nuestra sociedad, aun cuando no se celebran elecciones? La respuesta tendría que considerar una seria estimación de los beneficios que le han significado a la población contar con un sistema de partidos y un instituto electoral, pero sobre todo evaluar el desempeño social de las instituciones gubernamentales y poderes legislativo y judicial en el estado, de tal forma que nos permita decidir si ha valido la pena o no, seguir invirtiendo en un ámbito público que incide en un muy reducido sector social, representado en la llamada clase política.

Ciertamente al realizar una valoración de la realidad social del país, los resultados ponen en duda la pertinencia de invertir semejante recurso en un sistema democrático que no garantiza el cambio y desarrollo civilizatorio de la sociedad, sino que por el contrario, los gobiernos, en este caso electos democráticamente, enfrentan a través de sus instituciones realidades de violencia, desintegración social y familiar, corrupción e impunidad, delincuencia organizada, crisis moral y pérdida de valores en las nuevas generaciones, detrimento de la salud de la población, procesos de desarrollo industrial estancados, pobreza, entre otros indicadores que desde hace al menos 20 años son el origen del serio proceso de deterioro y descomposición que vivimos en muchos ámbitos de la vida social y gubernamental. El costo ha sido alto, difícil y frustrante, sobre todo si consideramos que se requieren décadas y generaciones de mexicanos para modificar la realidad de atraso y subdesarrollo en el que se encuentra nuestro país.

Ante este escenario y especie de “auditoría social” a nuestra democracia electoral y de partidos, examinar el costo financiero que representa a nivel nacional resulta un tanto inmoral por su elevado costo y de dudosa utilidad social porque no ha representado soluciones concretas a los problemas sociales del País. Tan sólo en el proceso electoral de 2018 en el que se eligió al presidente de México, 500 diputados y 128 senadores, se invirtieron poco más de 28 mil millones de pesos invertidos al INE, el TEPJF y en partidos políticos.

Otro de los aspectos a reflexionar en torno al costo de nuestra democracia electoral, es que, de acuerdo a la fórmula de Unidad de Medida y Actualización para determinar la asignación de recursos públicos a los partidos, indica que, a mayor participación ciudadana, mayor presupuesto para los partidos, por otra parte, un dato que cuestiona esta lógica de asignación de recursos para los partidos, es que, en la elección de 2018, la coalición encabezada por Morena y su candidato presidencial, ganó con el 53.19 porciento de la votación, es decir, con la mitad del presupuesto de los partidos de las otras coaliciones lideradas por el PRI y PAN. Así también, resulta un tanto paradójico el caso de Morena en Sinaloa, puesto que por segunda ocasión se le asigna presupuesto estatal, ya que en 2019 se le entregaron 43 millones 300 mil y para 2020, 48 millones 455 mil pesos, a un partido que prácticamente no existe de manera formal en Sinaloa. En este mismo sentido otro elemento a revisar, es que Morena, con una organización un tanto amorfa e híbrida, ganó las elecciones en 2018 sin ser prácticamente un partido político, aunque se aduce que en realidad representaba más un movimiento social que un partido político. No obstante, pudiéramos afirmar que no fue Morena quien ganó, sino la ciudadanía que evitó y logró su cometido de impedir que ganaran de nuevo los partidos tradicionales, enviando a la vez un mensaje claro y rotundo de rechazo.

Los resultados del análisis del costo-beneficio de lo invertido en nuestra democracia electoral, no son para nada alentadores, por el contrario, contrastan de una manera que nos exhorta a revisar la forma en la que se desarrollan e invierte en los procesos electorales y el sistema de partidos. Todo indica que nos ocupamos más en procesos democráticos de elección y no en los resultados de haber elegido. Plantearnos modificar los enfoques, reglas y prácticas que se realizan para elegir representantes ciudadanos es ahora una asignatura social que exige la atención necesaria para reducir los costos financieros y sociales que ahora padecemos, ubicando más nuestra mirada en una democracia electoral que sirva como indicador de desarrollo y mayor democracia social.

Hasta aquí mi opinión, los espero en este espacio el próximo martes.