El ideal de un despropósito

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jehernandezn@hotmail.com

El pasado jueves Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, compareció ante los miembros de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, y en ese cónclave técnico político, el funcionario expuso que la iniciativa de Ley de Ingresos para 2021 representa una reducción de 146.5 millones de pesos y un aumento de los recursos federales en 612 millones que generalmente vienen etiquetados y no pueden ser aplicados más que a lo que está destinado.

Ahora toca a los diputados revisar las partidas estatales para finalmente tener el presupuesto consolidado de 2021. Aparentemente la perspectiva de recaudación en el gobierno no es tan mala para 2021, aun cuando, todo indica que 2020 cerrará con daños considerables en nuestra economía y, por lo tanto, es de esperar una menor recaudación en el estado y en los municipios.

Y de cumplirse ese pronóstico sombrío, habrá menos dinero público, lo que obligaría en todas las instancias de gobierno y organismos autónomos a elaborar presupuestos más realistas, más acorde con las circunstancias de crisis y un mejor uso del recurso escaso.

Y, con este breve preámbulo, quiero llamar la atención sobre la propuesta hecha por el gobernador en materia de presupuesto para la organización electoral, y es que como se sabe el próximo 6 de junio, tendremos los comicios más grandes de nuestra historia, pues ese día se celebrarán todas las elecciones locales (y también la de los de siete distritos federales) y eso implica recursos cuantiosos para el órgano electoral estatal que en el caso de los partidos está claramente definido en la fórmula de la ley. Vincula el padrón electoral con la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA) “que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores”, que para este año la UMA fue de 86.88 pesos diarios y habrá de ajustarse al alza en 2021, lo que exigirá más dinero público que en 2020.

El 65 por ciento de esos casi 87 pesos, o más, se multiplicarán por el número total de empadronados de conformidad con el artículo 65 de la ley. Calcular con el padrón es un exceso que debería cambiar porque en él están incluidos frecuentemente los que han perdido sus derechos políticos, los que murieron y no han sido dados de baja en el Registro Civil y menos en el Registro Federal de Electores o los fallecidos que solo por Covid-19 rondan los 4 mil sinaloenses y se debería calcular con base en la lista nominal o mejor con el porcentaje de participación electoral de la última elección de diputados que obligaría a los partidos a mejorar su rendimiento en funciones de representación política.

Pero no es el caso del Instituto, donde como órgano autónomo, hace sus proyecciones de gasto. Este año se le fue la mano pues pretenden obtener más del doble de lo que se asignará a los partidos políticos. Y eso ha provocado una tensión entre Quirino Ordaz, titular del Gobierno del Estado y Karla Peraza, titular del Instituto Estatal Electoral (IEES), pues en la iniciativa de Ley se contemplan para la operación del organismo electoral sólo 217 millones de pesos, cuando el IEES solicitó al Ejecutivo estatal 417 millones de pesos, sin contar, la parte de los partidos políticos que en el cálculo del Instituto les corresponderían 191 millones de pesos, lo que suma un gran total de 608 millones lo que costarían las elecciones a los contribuyentes sinaloenses -dicho de paso, habría que recordar que los partidos nacionales no sólo reciben dinero de los sinaloenses sino también federal para sufragar los gastos ordinarios y de campañas electorales.

O sea, la autoridad electoral es muy generosa consigo misma y las leyes electorales con los partidos políticos, al punto de que se ha señalado en el mundo académico que la democracia mexicana es una de las más caras del mundo, y si a eso le agregamos su reconocido bajo rendimiento, es todavía más cara.

Y más injusta. Nuestro país, y nuestro estado, vive en una situación de emergencia por la pandemia y esto ya ha tenido sus efectos negativos en el mundo empresarial y laboral, está el cierre de cientos quizá miles de pequeñas y medianas empresas, sin considerar su efecto en la informalidad laboral que es más grave. Codesin ha considerado que siguen sin recuperarse los empleos que se perdieron en la parte más álgida de la pandemia, sin olvidar, que miles de los que permanecieron fueron gracias a la reducción de salarios de los trabajadores y eso está demostrado, que va a reducir sensiblemente los ingresos públicos.

Entonces, el “exceso” que ve el gobernador y que al parecen no ven las autoridades electorales, pues como lo dice Karla Peraza con cierta dosis de desenfado: “es lo óptimo, lo que es ideal” para organizar las elecciones locales. Y es que da la impresión de que en ningún momento los consejeros electorales -por cierto, muy bien pagados- hicieron ejercicios para unas elecciones en un contexto de crisis con el fin de hacer un presupuesto realista. Van por lo “ideal”, que suena a esa desvergüenza que los abogados sintetizan en la máxima de obviedad: “A declaración de parte, relevo de pruebas”.

Y es que no se parte de reconocer la escasez de recursos públicos, sino de lo deseable en una situación óptima, sino una circunstancia excepcional como la que estamos viviendo. Cierto, la circunstancia obliga a protocolos de seguridad y eso cuesta inversión de recursos, pero qué tanto, ¿si los protocolos están ya institucionalizados y habituados entre la población? Además, en sentido inverso, hay muchas cosas que se podrían dejar de hacerse, reducir o hacer de una manera más económica, por ejemplo, las campañas institucionales de promoción del voto que resultan una obviedad, la capacitación en línea de los funcionarios de casilla y recuperando a los ya capacitados, a los que ya saben hacer las rutinas, además, se han reducido los tiempos y eso significa ahorros en la contratación de servicios e inmuebles. Incluso, por qué no, una reducción de salarios de los consejeros electorales. O mejor, podrían estar dialogando con los líderes partidistas para bajar el costo de las elecciones a través de un gran pacto de austeridad. Pero, no, van por lo ideal.

En fin, como exconsejero, me gustaría ver más proactivo a los nuevos a los que poco se conoce su dinamismo, su compromiso con la democracia. Y es así, porque es más cómodo hacerlo como lo están haciendo, y si la autoridad electoral no se aprieta el cinturón para bajar costos, los partidos políticos tampoco lo van a hacer, aunque Óscar Sánchez Félix, consejero del IEES, exprese socarronamente: “ya depende de los partidos políticos si ellos deciden por su cuenta (renunciar) a algunas prerrogativas”. Solo le faltó agregar, "nosotros no".
Ya veremos qué resuelve el Congreso del Estado, que está obligado a votar un presupuesto acorde con las necesidades económicas y sociales dramáticas que viven muchas familias y en ese sentido el gobernador dio la pauta.

PD. Celebro la incorporación de Vicente López Portillo al gobierno del Estado, como nuevo coordinador de asesores del Gobierno del Estado, colega, capaz, trabajador, honesto.
¡Felicidades, amigo!