El Gran Acuerdo: un germen necesario y urgente de paz
Ayer, un grupo diverso de ciudadanos se reunió en el Hotel Lucerna de Culiacán para firmar el Gran Acuerdo, una serie de compromisos y principios para la construcción de paz en Culiacán.
El proyecto es coordinado por la organización de la sociedad civil Construyendo Paz y liderado por Isidro Cavazos, ex director del Tec de Monterrey Campus Sinaloa, en conjunto con Javier Llausás y Othon Herrera.
La firma simbólica reunió a líderes empresariales, academia, cuadros políticos de oposición, activistas, entre otros.
Tuve la fortuna de saber del Gran Acuerdo con antelación y me parece una iniciativa valiosa y necesaria en materia de paz positiva. Si usted lee los 11 principios que una selección de ciudadanos firmó ahí frente a todos, notará que están enfocados en su gran mayoría en la educación y la cultura de paz. Lo que implica que la ambición del proyecto es de mediano y largo plazo.
Leído desde afuera podría parecer que un acto simbólico de esta naturaleza son solo buenas intenciones dada la abrumadora realidad que nos deja ocho muertos y siete desaparecidos diarios en Sinaloa.
Sin embargo, me parece que el Gran Acuerdo es un buen germen de articulación ciudadana para construir una paz auténtica y duradera en Culiacán y el resto de Sinaloa. Algo distinto al equilibrio mafioso del que venimos y que se rompió con la disputa entre los Guzmán y los Zambada y que nos regresará de golpe este 2024 a una tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes superior a 30; prácticamente el doble de la que logramos en 2023.
Pero debo decir que lo que no hemos logrado articular en Sinaloa, porque no sabemos cómo hacerlo, es un diálogo exigente entre ciudadanía y gobierno que nos permita emprender acciones colectivas y relevantes en materia de paz negativa: seguridad y justicia, básicamente.
El principio 9 del Gran Acuerdo se refiere a “promover la transparencia y la rendición de cuentas, impulsando la participación ciudadana en la vigilancia y denuncia de actos de corrupción, y fomentando la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales para abordar la corrupción de manera efectiva”, pero no queda claro como eso se traducirá acciones concretas para reducir la criminalidad generalizada de la que somos víctimas.
Reconozco la iniciativa, sobre todo porque tras casi 90 días de guerra mafiosa, es admirable que aún haya personas y organizaciones dispuestas a sacudirse la parálisis y el miedo para buscar alternativas de cómo salir de este abismo.
Pero creo que de manera complementaria y paralela al Gran Acuerdo urge desarrollar una iniciativa integral y profunda en materia de estado de derecho o legalidad que incluya la construcción y limpieza de nuestras policías estatal y municipales; una reingeniería y depuración de la Fiscalía para que entregue mejores resultados que el 93.98 por ciento de impunidad que arroja (Hallazgos 2023, México Evalúa), un proyecto de justicia transicional que considere a las miles de víctimas (con especial énfasis en las familias de los asesinados y desaparecidos); así como reformas legales y estrategias de seguridad que permitan desmantelar a las facciones criminales que están en disputa y que han hecho del tráfico de drogas, el alcohol y el tabaco ilegal, robo de autos, las máquinas tragamonedas, los giros negros, la desaparición de personas, e incluso el dinero público, sus principales negocios y con los que ahora financian la guerra que nos tiene a los culichis sumidos en la zozobra.
Porque mientras solo avancemos en la rueda de la cultura, mayoritariamente en la cancha de la sociedad organizada, y dejemos pendiente la rueda de la legalidad, que está en manos de nuestros gobernantes electos y cada vez más del ejército, seguiremos renovando la esperanza en cada acto simbólico pero solo para perderla en cada “Culiacanazo”.