El acuerdo para judicializar el caso UAS
¿Intentaron detener al Rector? ¿Quién?

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Fue un asunto consensuado en la Secretaría de Gobernación y apoyado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador: que el tema de la aplicación a la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Ley de Educación Superior recién aprobada por el Congreso del Estado fuera retirado del contexto de dimes y diretes y sean las instancias legales las que decidan qué procede. Por eso es la judicialización del caso UAS que quedó en evidencia con la solicitud de amparo que formuló el Rector Jesús Madueña Molina contra cualquier orden de aprehensión.

Es decir, podría estarse cumpliendo al pie de la letra lo acordado con Adán Augusto López Hernández en aquella reunión del 24 de marzo a la que asistieron el Gobernador Rubén Rocha Moya y el dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, instándolos el funcionario federal a que permitieran que las instituciones competentes resolvieran sobre el diferendo.

En caso de que sea auténtica la versión de la fallida acción para apresarlo, Madueña estaría siendo el objetivo de aquel pacto que se selló ante Adán Augusto López e inclusive López Obrador respaldó, de los órganos ministeriales y judiciales haciendo la labor que les corresponde sin inmiscuirse los actores políticos. ¿Y si no? Pues en tremendo brete está metido el Rector al tener que demostrar fehacientemente que sí existió el aparatoso operativo de arresto.

Pero la situación que el mismo Rector reveló, en el sentido de que policías y militares trataron de detenerlo, viró rápido hacia la pregunta de qué autoridad quiso ejecutar la orden de aprehensión ya que en Sinaloa la Fiscal Sara Bruna Quiñónez salió a aclarar que la institución a su cargo está apenas en la fase de análisis de pruebas en lo que corresponde a la denuncia por abuso de autoridad que la Auditoría Superior del Estado interpuso contra Madueña Molina.

Tampoco hay evidencias de que Fiscalía o Juzgado federal hayan intentado aprisionar al Rector por lo relacionado al Impuesto sobre la Renta que la UAS retuvo a sus trabajadores en 2015 y 2016, pero no enteró al Sistema de Administración Tributaria, por un monto superior a 2 mil millones de pesos. Y si fuera el caso, al que debieran buscar es a Juan Eulogio Guerra, quien encabezó la administración universitaria en la omisión tributaria reclamada.

O, excepto que el Rector Madueña padezca de algún delirio de persecución, la motivación del amparo que tramitó para no ser detenido deberá explicarla ante el Juez que se lo otorgó de manera precautoria. Dice, en justificación, que “las autoridades ordenadoras han dictado órdenes de aprehensión en mi contra, misma que tratan de consumar las autoridades ejecutoras, ya que el día 31 de marzo del año 2023, a las 22:30 horas, personas que se dicen agentes de la policía de investigación, estatales y federales, y municipales y hasta soldados, se presentaron en las instalaciones de mi domicilio personal, con el propósito de privarme de mi libertad sin expresar el motivo que tengan para ello, llevando unas órdenes de aprehensión que habían sido emitidas por las autoridades ordenadoras, por lo que he tenido la necesidad de mantenerme alerta ante cualquier atraco y me veo obligado a promover la presente demanda de amparo indirecto y protección de la Justicia Federal a mi favor”.

Y de allí derivan las preguntas: ¿Quién iba al frente del supuesto operativo para detener al Rector? ¿Eran autoridades estatales o federales las que se presentaron en su domicilio? ¿Por qué no cumplimentaron el mandamiento de detención si en ese momento no existía el amparo? ¿Cuál Juez autorizó la orden de aprehensión? ¿Qué tenía que hacer el Ejército en una acción que compete ejecutar a jurisdicciones civiles? ¿Por qué Madueña no aporta nombres ni filiaciones de los que presuntamente intentaron privarlo de su libertad?

En la conferencia de prensa semanera del lunes 3 de abril, el Gobernador Rubén Rocha enfatizó su decisión de ceñirse al voto de silencio en el tema UAS en atención a la recomendación que en la víspera le hizo el Presidente López Obrador para que dejara que el conflicto fuera encarrilado por la vía jurídica. En realidad, respetó la posición de “no soy fuente” hasta que ayer tuvo que aclarar que en lo que corresponde a Sinaloa nadie trató de detener al Rector.

Otro punto que abona a la maraña de la supuesta orden de aprehensión es por qué Madueña extendió a las autoridades de Sonora la protección del amparo gestionado. Si la batalla jurídica la libra la UAS en Sinaloa contra la 64 Legislatura local, Auditoría Superior del Estado, Fiscalía General del Estado, o en el ámbito federal contra el Sistema de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República ¿de qué se cuida de instancias legales del estado vecino del norte?

Y, finalmente, ¿qué fue lo que en verdad pasó? Al darse a conocer el martes del amparo solicitado por el Rector, y la manera en que lo sustentó, el equipo jurídico de la UAS reaccionó veloz con un posicionamiento también ambiguo precisando que “la promoción de un amparo la puede realizar cualquier ciudadano que sienta vulnerados sus derechos por cualquier autoridad, motivo por el cual el Rector acudió a ese derecho que le asiste”.

Muy dispuesto a pisar la prisión,

Se dijo por defender a la UAS,

Y ante la orden de detención,

Claro que se echó hacia atrás.

El Gobernador Rubén Rocha se mantuvo ayer en la zona de cautela en que se ha sostenido en el tema UAS y por más que los reporteros le preguntaron si es falso el supuesto operativo para aprehender a Jesús Madueña, ancló en la respuesta de “eso ya no me corresponde a mí; no sé si es falso o inventado”. ¿Fue lo mejor para la Universidad el hecho de solicitar que el Gobernador se mantenga al margen? ¿Es lo más inteligente excluir al aliado en momentos tan cruciales para la casa rosalina?