Echeverría frente a la Juez Quiñónez. Justicia imperfecta en el caso Salud

""

alexsicairos@hotmail.com

 

De vuelta a los tribunales, pero obligado ahora por la fuerza pública a testificar, Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud del Gobierno de Sinaloa, reitera su mentalidad de que a la justicia se le somete o se le compra, la misma concepción de legalidad elástica que le valió ser absuelto en febrero de 2019 de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, tras pagar solamente 7 de los 14 millones de pesos que constituían el daño a las finanzas estatales.

Esta vez, quien fuera uno de los hombres de confianza de Mario López Valdez en el sexenio 2011-2016, topará con la mano dura de la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien está decidida a sentar precedentes de sanción en materia anticorrupción en el esfuerzo por recobrar la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

Se trata de la continuación del juicio instaurado contra María Alejandra Gil Álvarez, el hilo más delgado de aquella red de saqueadores del erario que se descubrió en la Secretaría de Salud estatal, trama que el sistema de justicia penal acusatorio no termina de resolver. A Echeverría se le ha citado en tres ocasiones para que declare en el caso y al no acudir deberá ser presentado mediante la acción policiaca.

Tal rebeldía ante la autoridad reedita el sentimiento social de coraje porque la gente cree que la impunidad se otorga como franquicia a unos y el rigor de la ley cae encima de aquellos que son destinados a pagar los platos que otros rompieron. Véase la severidad jurídica utilizada contra la mujer que se desempeñó como Directora Administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, en contraste con el trato para que el jefe de ella pagará solo la mitad y en abonos de la suma malversada.

El solo retorno de Echeverría al Juzgado, así sea en calidad de testigo, remueve la costra de la corrupción para hacer sangrar esa herida que no cicatrizará hasta que la opinión pública se asegure de que el daño fue reparado con la vigencia plena del estado de derecho, en lugar de arreglos que, lejos de inhibir la corrupción, la fomentan.

Desde el inicio del gobierno en curso que preside Quirino Ordaz Coppel, los sinaloenses desearon ver expuesta en la plaza la presa mayor de la caza de corruptos. Al asumir el cargo, el actual Mandatario ofreció ir sin miramientos contra los desfalcadores de las finanzas estatales, lo cual hizo que la sociedad imaginara una lucha sin tregua ni cuartel contra la camarilla que, por no dejar nada, se lo llevó todo.

Entonces Echeverría se convirtió en el ícono del deseo colectivo para que los corruptos paguen sus fechorías en la cárcel. En un momento dado hasta pareció que él era la cuota entregada a las autoridades por el ex Gobernador Malova, sólo con el fin de atender la indignación de las masas afectadas por los desfalcos. Y no. Aquel pago con facilidades de la mitad del dinero manejado en forma irregular atizó la hoguera de la ira pública.

¿Será María Alejandra Gil Álvarez ese trofeo de caza que la gente pide en el caso Echeverría? De ser ella continuará el descontento ciudadano, que interpretará al pie de la letra la blandengue acción judicial contra los “tiburones” del poder y el ensañamiento legal contra los peces más vulnerables en el acuario de las componendas.

El único elemento de esperanza de que la justicia haga lo que deba hacer es la juez Quiñónez Estrada. ¿Actuará de nuevo contra ex funcionarios que insisten en poner contra las cuerdas el precepto legal? Tamaña carga le significa el hecho de que los sinaloenses la cataloguen como la enjuiciadora que no se presta a malas prácticas judiciales.

Sea real o no tal pudrición, para el diestro olfato popular olerá a descomposición todo aquello que vaya contra servidores públicos de menor rango cuando al mismo tiempo se proceda a absolver a los que estaban al mando de las cloacas que hoy desbordan. No éramos así; nos hicieron: debido a la extenuante espera para que la vía judicial fuerce el reencauzamiento de Sinaloa hacia el estado de legalidad ya no le damos lugar a la ingenuidad.

Todo esto es lo que se revivirá cuando, llevado a la fuerza, Ernesto Echeverría Aispuro pise antes de que concluya marzo el Centro de Justicia Penal de Culiacán. Ya el juicio social lo ha declarado culpable pese a que las instancias legales le aceptaron el trato del 50 por ciento pagado en abonos; falta que hunda a quienes fueron sus subalternos para continuar favorecido él.

 

Reverso

Deseamos más de una vez,
Se nos diera la ocasión,
De que fuera de hierro el juez,
Que castigue la corrupción.

 

Un virus nos cala

Después del primer caso de coronavirus en Sinaloa que fue manejado con éxito, menudo desafío el que sigue para el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres: establecer las barreras para que en Sinaloa cause los menores estragos posibles el coronavirus que en el mundo escala a nivel de pandemia, que en México amenaza con pasar a la etapa de transmisión comunitaria, que ayer continuó devastando la actividad bursátil, al peso y al petróleo, que obliga a países a restringir sus vuelos internacionales y cancelar eventos multitudinarios. ¿Tenemos los medicamentos e infraestructura hospitalaria para hacerle frente a lo que viene? Ojalá que las autoridades eviten caer en excesos de confianza.