Dos ciclones a la vez: ‘Orlene’ y ‘El Químico’. Avisa Rocha que no es tapadera de nadie

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Cuando ayer el Huracán Orlene degradado tocaba tierra a unos kilómetros más al sur, el Gobernador Rubén Rocha Moya dejaba otros vientos huracanados en Mazatlán al aclarar que él no protegerá al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en las consecuencias que deba enfrentar por la auditoría que revela el manejo irregular de 400 millones de pesos en recursos públicos para la compra de luminarias a la empresa Azteca Lighting, su proveedora favorita. Inclusive le restregó a “El Químico” que “soy enemigo de andar resguardando información”.

Frente a la conjetura de que el Mandatario estatal protegería a quien está en la mira de la Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Anticorrupción y Secretaría de Transparencia, fue claro Rocha al adelantar que no será tapadera de nadie. “Cuando yo me meta en una bronca de ese tipo no quiero que me apoye el Presidente; yo soy el que tiene que responder”. Literalmente o en lenguaje subliminal, como cada quien quiera leerla, esta declaración no tiene posibilidad de interpretaciones sesgadas.

La semanera de ayer en Mazatlán corrió al mismo tiempo que los vientos y las lluvias azotaban la zona limítrofe de Sinaloa y Nayarit. Allá seguía el comportamiento fluctuante de ‘Orlene’, a veces atenuante y otras devastador; en tanto el puerto proseguía en el ojo del ciclón político cuando más sectores de la sociedad reclaman que el Alcalde Benítez sea encauzado en los procedimientos legislativos y judiciales para que responda por los presuntos delitos cometidos en el desempeño de la función pública.

Está cayendo la rumorología que dice que el gobierno de Rocha ha decidido que no haya más juicios políticos, aparte del que se le instauró al ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, todavía en fase procesal. En contrasentido de dicha teoría permisiva se instala la pertinencia de ir con todas las posibilidades legales contra servidores públicos que se desvían precisamente de la función de servirles a los sinaloenses. Qué importa a cuántos se les tenga que someter a la justicia con tal de que la ley alcance el objetivo de mejores prácticas gubernamentales.

El aviso a tiempo del Gobernador de “yo no voy a apoyar a nadie en este tipo de conflictos” derrumba la presunción del solapamiento por miedo a pagar costos políticos. Aclara el panorama de “el que la hace la paga” en momentos en que el imaginario paraíso de encubrimiento procedía a tranquilizar a ediles que tienen cuentas pendientes ya sea con la ASE u órganos ministeriales y judiciales, edén sin ley que aminoraba la zozobra derivada del caso Estrada Ferreiro.

Benítez Torres es uno de esos que cree que con el juicio a Estrada Ferreiro ya es suficiente para mantener a salvo la estabilidad política en Sinaloa. Obviamente no quiere que estos procedimientos sigan porque sabe que es el siguiente en la lista. ¿Pero acaso no representa mayor peligro para la gobernabilidad el hecho de que se les otorgue vía libre a los delitos contra las finanzas públicas como atajo a la impunidad y detonador de la de por sí grave desconfianza ciudadana en las autoridades? Para la sociedad y la 4T resultaría transformador acabar con el arcaico esquema de tapar las sentinas de corrupción en vez de limpiarlas.

Rocha volvió a ponerse al lado del trabajo de los comunicadores y organizaciones ciudadanas que empujan la rendición de cuentas. Su gobierno, reiteró, está comprometido con la transparencia y agregó que es de la idea de que “no batallen los periodistas para recibir información”. En síntesis y más claro: no será tapadera de nadie, nunca dará la orden de que se reserven actuaciones durante su administración pública y funcionario que se vea involucrado en manejos indebidos tendrá que responder por sus actos.

Es obligación de las instituciones competentes investigar y castigar los ilícitos que atacan al patrimonio público y esto debe ser al margen de colores partidistas, jerarquías de los gobernantes o escudos de inmunidad otorgados desde las altas esferas del poder. De ser así en Sinaloa, las acotaciones pertinentes del Gobernador debieron dar lugar a alguna actividad ciclónica de carácter política en Mazatlán que en pocas semanas escalará al huracán de la justicia que venga a derribar cualquier estructura de corrupción.

Los aires de legalidad son bienvenidos, siempre. Quien sea que vaya en contra de cualquier soplo de Estado de derecho que sea arrasado por el ventarrón de normas jurídicas hasta que lo deje en el lugar que le corresponde a cada infractor de la ley. Lleguemos puntuales a la cita con el Sinaloa donde la impunidad no tenga sentido. Trátese de “El Químico” o de cualquier funcionario de mínima o alta jerarquía. La ley no se negocia; se acata, ha dicho el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Vamos resolviendo la cuestión,

De qué trae más calamidad,

‘El Químico’ y su corrupción,

U ‘Orlene’ con su tempestad.

La organizada y coordinada respuesta que presentó el sistema estatal de protección civil frente a la entrada en Escuinapa del Huracán Orlene dejaba la tarde de ayer la agradable sensación de población bien resguardada y poco damnificada, a pesar de rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. El Gobernador Rocha Moya y todo el Gabinete se acuartelaron en Mazatlán en una estrategia de reacción inmediata pocas veces vista en anteriores fenómenos naturales desastrosos. Bien hecho con todo y que parecía que algunos funcionarios iban listos para la fiesta de la Virgen del Rosario y no para enfrentar al ciclón que, por fortuna, no reportaba pérdida de vidas humanas. Todo bien.