Disminuir la injusticia social
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fernando@garciasais.mx
Construir una política pública seria para contender contra la fabricación de pobres tras sexenal, esto es, para avanzar en la disminución de las injusticias sociales derivadas de las desigualdades, diversos expertos internacionales (Stiglitz, Holmes, Sunstein, Piketty, Milanovic, Deaton, Kerstenetzky) y mexicanos (Luis de la Calle, Isaac Katz y Valeria Moy) han manifestado la viabilidad de, por ejemplo, establecer el impuesto al valor agregado (IVA) para los alimentos y las medicinas.
El tema es lo que le sigue a lo controversial, en la arena política, por su impacto sobre los más pobres dado que son quienes destinan un porcentaje mayor a dicho gasto en comparación con el porcentaje del ingreso que destinan los ricos (y por su regresividad).
Según proyecciones del INEGI, tras un impuesto en alimentos y medicinas, el costo de vida de los más pobres se triplicaría en relación con el de los más ricos. Luego, habría que generar políticas públicas que distribuyeran eficientemente ese ingreso entre los más necesitados para que el efecto regresivo del IVA se mitigue.
Isaac Katz ha dicho una verdad insoslayable: vivir en sociedad implica que uno tiene que estar dispuesto a pagar impuestos, a contribuir a la provisión gubernamental de bienes públicos (El Economista, 17 de febrero de 2018).
Hay un vínculo importante entre esa aceptación y cumplimiento de esa obligación y la calidad de los bienes públicos que el Gobierno ofrece y, a su vez dice Katz “en aquellos países en los cuales hay una mayor calidad de los bienes públicos y una menor percepción de corrupción, los individuos están dispuestos a pagar un monto de impuestos mayor que el valor subjetivo asignado a los bienes públicos que el gobierno le ofrece a cambio, una forma de ser solidarios con miembros de la sociedad menos favorecidos, quienes recibirían un valor de bienes públicos mayor al monto de impuestos pagados”.
Pero, por supuesto, hay otras visiones. El IVA a alimentos y medicinas, dicen Rodolfo Minzer y Valentín Solís, provocaría un incremento en la pobreza urbana moderada, evidenciando así el carácter regresivo. Además, los más afectados serían no los más pobres sino los intermedios (del quinto decil, sexto y séptimo). Por ello, de aumentarse el IVA, la compensación que se haga no debe enfocarse en los más pobres, de lo contrario la pobreza se incrementará aún más en los deciles intermedios. La recaudación tributaria alcanzaría su nivel máximo (2.9 por ciento) pero también lo haría la pobreza (50.8 por ciento).
Según datos del INEGI los más pobres gastan más (destinan mayor porcentaje de sus ingresos) en alimentos, que los más ricos (50.7 por ciento versus un 22.5 por ciento) y los ricos destinan mayor porcentaje al transporte (beneficiándose de los subsidios generalizados al combustible). Es sano, por ello, avanzar en la línea de la eliminación de subsidios a gasolinas que benefician a los más ricos -lo que ya aconteció con en la “época neoliberal”-).
Paralelamente, es innegable enfrentar dos problemas mayúsculos: las tasas de elusión y de evasión fiscal, que en México alcanzan niveles muy elevados. Pues, sin una mejora significativa en esos rubros, cualquier reforma fiscal que se implemente tendrá un efecto muy limitado.
La gran brecha entre ricos y pobres, en la que los más ricos perciben lo equivalente a la suma total del ingreso de los ocho primeros deciles, se traduce en altos niveles de pobreza moderada urbana (47.7 por ciento) y pobreza extrema urbana (14.7 por ciento), pobreza modera rural (66 por ciento) y pobreza extrema rural (35 por ciento). La pobreza moderada de los tres primeros deciles en la zona urbana supera un 90 por ciento, en tanto que en la zona rural son los cinco primeros deciles los que registran un porcentaje de pobreza moderada por sobre 90 por ciento.
El IVA en alimentos y medicinas es “una propuesta altamente regresiva”. Sin un mecanismo de compensación adecuado el impacto en la pérdida de poder adquisitivo en dichos estratos [bajos y medios] será significativo. Si de manera alternativa se elimina el subsidio a las gasolinas, se incremente el impuesto sobre la renta de las personas pertenecientes a los deciles más altos y se grava con un nuevo impuesto los activos bancarios, se producen políticas fiscales menos regresivas e incluso progresivas.
México forma parte del entorno internacional. A finales de 2017 en Estados Unidos se redujo la tasa del impuesto sobre la renta a 20 por ciento (lo que, de acuerdo con la legislación mexicana, sería un “paraíso fiscal” al tener una tasa menor al 22.5 por ciento), se permite la deducción inmediata de la inversión y se reduce la tasa impositiva sobre la repatriación de ganancias. Ello se traduce en una pérdida de competitividad fiscal, que implicará el replanteamiento de algunas políticas tributarias en México, como eliminar la tasa adicional de 10 por ciento sobre el pago de dividendos y volver a establecer el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) que permita la deducción de la base gravable (los ingresos brutos de las empresas) de la adquisición de insumos, de la inversión en capital fijo y de la inversión en investigación en ciencia y tecnología.