Deletreando al Presidente en el caso UAS

Había dado señales el Poder Judicial del Estado de que retomó con firmeza los casos de funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa en activo o en calidad de ex que enfrentan procesos penales por presuntos delitos de corrupción y abuso de autoridad, cuando apareció en escena ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el llamado a la reconciliación, pero sin tolerar la corrupción. ¿Lo que quiso decir el Mandatario nacional es que los uaseños indiciados deberán acudir a los tribunales a ceñirse a lo que establezca la Ley?

Es verdad que el principal ocupante de Palacio Nacional dejó demasiado abierta su postura a las interpretaciones, y que carece de autoridad jurídica para inmiscuirse en asuntos que le compete resolver al sistema local de justicia, pero también es bien sabido que desde la supremacía política que le corresponde es dado a repartir exoneraciones e inculpaciones a quienes son señalados de incurrir en delitos que atacan al patrimonio público.

Desconcierta el hecho de que el posicionamiento presidencial, a pesar de que fue en respuesta a una pregunta formulada en la conferencia de prensa mañanera de ayer, suceda al día siguiente de que en Culiacán el Juez Carlos Alberto Herrera le determinara a Jesús Madueña Molina, el Rector de la UAS destituido por mandato judicial, el pago de 2 millones de pesos como multa por desobedecer la medida cautelar que lo separó del cargo desde octubre de 2023.

O que López Obrador adelante que “ahora va a encontrarse una salida” a la semana de que la Jueza Graciela Adriana Peraza le advirtiera a Héctor Melesio Cuén Díaz, ex Director de Bienes y Suministros de la UAS, de que hará uso de la fuerza pública para llevarlo a la audiencia de imputación por presuntas negociaciones ilícitas, en caso de que el hijo el ex Rector de la Universidad reincida en desatender el proceso derivado de la carpeta de investigación abierta en su contra por la Fiscalía General del Estado.

Siendo las cosas así, importa ponerles atención a dos conceptos que el Presidente manejó al abordar la judicialización del caso UAS. Durante las recientes campañas políticas se extraviaron los límites entre las movilizaciones organizadas por los imputados en autodefensa, y el uso del tema a favor del proselitismo prianredista al que se sumaron Cuén Ojeda y el Partido Sinaloense. De ello está al tanto López Obrador cuando dice que “esto se mezcló con la cuestión electoral, ya ven no sólo es Sinaloa, fue todo México, subió la temperatura, el ruido, y así es en todo el mundo donde hay elecciones”.

Lo otro tiene que ver con el hecho de que en ningún momento López Obrador se refiere a que la “negociación” exima de responsabilidades a los imputados uaseños, sabiendo el Presidente que Rocha Moya llegará a la mesa que reinstale la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reiterando el único acuerdo posible: que el PAS salga de la UAS, que las autoridades de la institución retiren las impugnaciones a la Ley de Educación Superior del Sinaloa, y que el actual establishment de la casa de estudios permita una nueva Ley Orgánica y se sujete a ésta.

La incógnita del momento es qué tipo de valoraciones políticas o judiciales hará la Secretaria de Gobernación en el diálogo que propone López Obrador. Cómo operará el factor Cuén Ojeda si se confirma la diputación federal que por la vía plurinominal recibiría de parte del PRI, la que “Alito” Moreno le dice que la tiene garantizada, misma que le abre vías de concertacesión al dueño del PAS y que, nadie lo dude, es capaz de aparecer mañana en las filas de Morena por los buenos oficios que hagan a su favor integrantes del círculo guinda adjunto a Claudia Sheinbaum, como lo es Adán Augusto López Hernández.

Cuén Ojeda podría intentar nuevas estrategias de salvamento político porque la que le proporcionó el PRI ya le queda chiquita. Por más que es dado a involucrar a su familia en la ocupación de posiciones de poder de alto riesgo en la UAS y Congreso del Estado, nunca llegaría al extremo de ver el uso de la fuerza pública para llevar a su hijo a comparecer ante los tribunales ni que él continue bajo la investigación por enriquecimiento inexplicable que le realiza la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa.

Lo que salta a la vista es que López Obrador está al tanto de los temas UAS, PAS y familias Cuén Díaz y que igual que le planteó a Rocha pausar durante las campañas las diligencias judiciales, hoy le podría sugerir que las retome. No es casualidad que al responder la pregunta, espontánea o inducida, que le formuló una reportera sobre el expediente UAS, de inmediato el jefe del Ejecutivo federal tejió en el aire el planteamiento de revisar y buscar acuerdos “sin tolerar la corrupción”.

Y entre líneas dejó traslucir al lado de quién estará porque ni era necesaria la acotación de que “el maestro Rubén Rocha Moya, es ex universitario y, es la verdad, un buen Gobernador que está haciendo muy bien su trabajo y cuenta con nuestro apoyo”.

Esta negociación subrepticia,

le da lugar a la contradicción,

De si AMLO propone justicia,

O dejar impune la corrupción.

Acertada la decisión que toma la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, al poner en pausa la alianza con el PRI, PAS y PRD hasta que en 2027 decida si va otra vez junto con priistas y pasistas en la elección de Gobernador. La valoración interna del PAN considera que el peso negativo de los acompañantes en la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa le evitó al albiazul convertirse en la segunda fuerza política local, como sí se perfila a serlo a nivel nacional, y obstruyó el Revolucionario Institucional la posible victoria del panista Guillermo Romero en la competencia por la Alcaldía de Mazatlán. Por ahora la instrucción es desbaratar lo que acabó siendo una mancomunidad dañina.