Del verbo ‘levantar’
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“Había sido levantada junto con su esposo, que fue el primero que se encontró allá...”, dijo Rubén Rocha Moya sobre el asesinato reciente de una pareja en Culiacán. Las cursivas son mías y las uso para destacar el uso del verbo levantar en voz de un Gobernador del estado.
Javier Valdez tituló a uno de sus libros sobre desapariciones e historias del narco así, “Levantones”. El Debate tiene una etiqueta digital que se llama “levantados” para agrupar todas las noticias relacionadas con estos hechos. Línea Directa usa el verbo “levantar” entre comillas de manera habitual. Lo mismo hacen prácticamente todos los medios y periodistas del estado y muchos otros del país.
“Levantar”, “levantón”, “levantan”... se usan indistintamente en el lenguaje popular para referir a ese fenómeno en que alguien es privado de la libertad. El resultado es desaparecer para siempre (en la mayoría de los casos) o luego ser asesinado o regresado vivo.
En Noroeste hemos sostenido una postura diferente al respecto y decimos “privado de la libertad”, “secuestrado” o “desaparecido” en lugar del genérico “levantado”. Usamos “asesinato” u “homicidio” y no “ejecutado”, por citar otro ejemplo similar. Lo hacemos así básicamente por dos razones, una periodística y otra ética. Ambas interrelacionadas entre sí.
Desde lo periodístico. Creemos que una de las funciones principales del periodismo es el registro de los hechos. Un registro lo más preciso posible para eliminar sesgos y ambigüedades.
En el caso de “levantado”, el término es sumamente impreciso en ese contexto y se aplica de manera indiscriminada a una diversidad de circunstancias. De manera formal, “levantado” existe en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) como participio del verbo “levantar”, pero no existe en la acepción violenta que los medios y la gente usan para referirse a una persona que fue privada de la libertad, ya sea para secuestrarla y pedir un rescate por ella, asesinarla o desaparecerla. Todos esos delitos cuentan con un vocabulario preciso para describirlos en términos jurídicos. En Noroeste creemos en la necesidad de esa precisión para informar mejor a nuestras audiencias.
La segunda razón es ética: “levantar”, un verbo antes inocuo en este contexto, se convirtió en una palabra que describe un hecho violento, un ataque a la libertad de las personas. El término se impuso en la narrativa diaria de ciudadanos y medios de comunicación que lo usan para identificar una acción de criminales: son los “narcos” los que levantan, “los malos”, “los criminales”.
No es el “levantar” de la “leva” (aquella que “recluta”) del ejército, sino un término que entraña una criminalización a priori: “levantan” a los que “andan metidos”, a los que “algo debían”. El resultado de ese “levantón” (en sustantivo) es entonces la normalización: se lo merecían, es “como debía ser”. Los “muertos buenos” y “muertos malos” que Rossana Reguillo explica en Necromáquina (2021). En cambio, un privado de la libertad o un secuestrado implica un delito específico con una víctima concreta.
Desde 1976, año del lanzamiento de la Operación Cóndor contra el narcotráfico, en Sinaloa hemos venido acumulando derrotas contra ese fenómeno: más de 30 mil homicidios dolosos, más de 5 mil desapariciones oficiales de personas –los colectivos de buscadoras dicen que son muchos más– y la identificación del nombre del estado con “lo narco”. Un estigma reforzado desde adentro y desde afuera por la ficción de las narcoseries y los narcocorridos. Además, con el primer Jueves Negro de 2019 y su reedición más violenta el pasado 5 de enero de 2023, el narco se impuso a la población sinaloense desde el miedo y el terror. Derrotas que configuran una situación de atrocidad que sigue sin reconocerse de manera oficial.
A esas derrotas hay que sumar una más: la del lenguaje que ahora se nos impone desde el narco para nombrar la violencia.
O tal vez es hora de reconocer que no hay nada más vivo que el lenguaje y que “levantar”, un verbo con 34 acepciones en el diccionario de la Real Academia Española, sea entendido también como la privación de la libertad de una persona y, por lo tanto, incluido en nuestro Código Penal para llamar, entonces sí, a las cosas por su nombre.