Defensa a periodistas en la narcoguerra
Buena labor del Instituto de Protección

Cuando el ejercicio del periodismo enfrenta en Sinaloa la que quizás es la más grande amenaza en relación a coberturas de guerras internas en los cárteles del narcotráfico, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también realiza el mayor despliegue de resguardo y atención a reporteros y medios de comunicación. A diferencia de otras confrontaciones criminales de alto impacto para la sociedad entera, esta vez la labor de la prensa está acompañada por un equipo especializado en prevención y atención de riesgos y la implementación de protocolos de seguridad antes inexistentes.

Los ciudadanos necesitan en contextos de peligro a periodistas que proporcionen el flujo de información confiable que ayude a la toma de las medidas más correctas, según lo determinen las circunstancias. Le es vital el reporteo cuyos manejos noticiosos estén soportados en el conocimiento, evaluación y difusión correctos de eventos de violencia, marcando distancia de alarmismos que cunden en las redes sociales para agregarle a las audiencias mayor pánico que el de por sí diseminado por los maleantes.

Históricamente los periodistas y medios de Sinaloa han estado a la altura de tal función proveedora de datos asertivos para el buen criterio de masas afectadas por distintos tipos de calamidades, esa luz que por más densa que sea la noche guía hacia las salidas seguras de las que dispone la gente. Lo novedoso ahora es que Sinaloa cuenta con el Instituto de Protección como guía y amparo hacia colectividades que hallen en la información que por verificada es más creíble, para transitar por los insondables laberintos de la violencia.

El mes de noviembre, que es el tercero de la llamada narcoguerra, es el mejor indicador de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo cala y verifica la pertinencia en escenarios que son la prueba de fuego. Por ejemplo, en el penúltimo mes de 2024 el IPPPDDHyP otorgó 37 medidas, un promedio de 1.2 por día, que indican no el fragor del choque criminal sino la situación de vulnerabilidad del periodismo cuando en Sinaloa es alterada la legalidad y tranquilidad.

Del total de acciones de protección, tres corresponden a medidas de urgente protección, seis de protección ordinaria y nueve de atención que incluye esta última desde ayuda social como servicios básicos, alimentación, renta temporal de vivienda y apoyo psicológico. También se otorgaron 19 medidas preventivas que consisten en manuales de autoprotección, asesorías jurídicas, aplicaciones de emergencia SOS ciudadano 360, guías de seguridad digital, plumas tácticas y seguimiento institucional, entre otras.

Antes de que el Congreso del Estado aprobara en mayo de 2022 la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los obreros de las noticias cargábamos con el peso adicional del desamparo añadido al arma en la sien determinada por el hampa que aspira al silencio generalizado como proveedor de impunidad. De esa soledad hablaba mucho en foros nacionales e internacionales el periodista Javier Valdez Cárdenas, asesinado el 15 de mayo de 2017, al notar que por el pasmo generalizado y la adaptación forzada a la embestida criminal, la sociedad y las instituciones dejaron solos a las y los comunicadores.

Por ello, con la acotación pertinente de que queda bastante por hacer, el equipo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que encabeza Jhenny Judith Bernal Arellano avanza en reducir esa especie de orfandad que en materia de defensa y ayuda hacía que cada quien se las arreglara a como pudiera, en lo particular y gremial, para realizar buenas coberturas informativas sin perder la vida en el intento. A la hazaña de proveer de noticias veraces le sobrevenía la proeza de sobrevivir, misma que infortunadamente no lograron varios compañeros caídos en el cumplimiento del deber.

Por supuesto que el Instituto de Protección adolece de una serie de insuficiencias, la financiera y la Fiscalía especializada son algunas, y que cruza apenas la curva del expertis para que cobre pronto más experiencia y oportunidad en la respuesta a periodistas y activistas en la zona de alto riesgo que es Sinaloa para ambas actividades consideradas de lucha social. No obstante que ahora pasa por la prueba de fuego y la supera con creces, el desafío consiste en fortalecerlo desde los sujetos amparados y lograr que los poderes Ejecutivo y Federal le den el trato que corresponde a los buenos resultados alcanzados.

Nadie le puede regatear el reconocimiento que le dan organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión, a no ser que la pretensión por derruirlo enceguezca a los detractores. Como dice Joaquín Sabina, podríamos negarlo todo e incluso la verdad, pero nos asestaríamos como periodistas una bala en pie. Los informes de septiembre, octubre y noviembre no dan para golpear como marros en la demolición del IPPPDDHyP.

Sin ser chalecos acorazados,

Pero sí blindada la intención,

Hoy sí vamos bien acompañados,

Por el Instituto de Protección.

Cuando asoma la posibilidad de hacerle justicia a la familia y al gremio de Javier Valdez, con la extradición a México del presunto asesino intelectual, aparece también la encrucijada final para que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum concrete sin las negligencias judiciales del pasado, el sueño consistente en que todo el peso de la Ley traiga algo de paz a los deudos de la víctima y un soplo de confianza a la actividad periodística que durante la llamada Cuarta Transformación ha quedado a deber mucho en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Si esto ha de ser petición en carta navideña, pues que sea la principal en cualquier pliego petitorio del periodismo.

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