Defender lo público y atender a los más pobres.

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En el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el consenso colectivo reconoce, al menos, dos necesidades de atención inmediata para salvaguardar la vida: defender lo público y atender a los más pobres.
El desafío es mayúsculo porque las acciones de política pública requieren una velocidad mayor al contagio del coronavirus, que de acuerdo a la autoridad sanitaria, está a punto de propagarse de forma acelerada, lo cual requerirá de espacios hospitalarios suficientes y equipamiento médico adecuado, carencias que en otros países ha provocado la muerte de miles de personas.
El análisis de lo ocurrido en otras latitudes ayuda, pero tómese en cuenta que muchas de nuestras necesidades médicas requieren adquirirse en naciones que se encuentran en peores condiciones que la nuestra. Sin embargo, liberar recursos económicos para este fin es fundamental.
Por ello, sobresale el acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, el pasado 9 de abril, suscrito por todas las fuerzas políticas para reorientar una bolsa inicial de casi 8 millones de pesos para equipar a hospitales públicos con respiradores o ventiladores que asistan a pacientes que requieran atención respiratoria.
El mismo acuerdo convoca a los poderes ejecutivo y judicial, organismos autónomos, descentralizados y gobiernos municipales, a realizar adecuaciones presupuestales y profundizar en los esquemas de austeridad republicana para destinar recursos económicos al sector salud y a sectores vulnerables de la población sinaloense afectados por el desempleo y las condiciones económicas.
El llamado no es menor. Desde mediados de marzo cientos de miles de sinaloenses se encuentran bajo resguardo domiciliario. Tan sólo 800 mil estudiantes están en esa condición y desde principios de abril, miles de trabajadores del sector público, social y privado, se han sumado a esta medida necesaria que si bien puede sobrellevarse por quienes tienen un salario asegurado o la posibilidad de continuar con el trabajo a distancia, existen miles de trabajadores que no tienen opción: o salen a la calle a ganarse el diario o simplemente no llevarán el alimento a sus hogares.
De ahí la urgente necesidad de atender a los más pobres y apoyar a quiénes desarrollan actividades esenciales: salud, seguridad, educación, justicia, empleo, alimentación, vivienda, aseo, limpia, recolección de basura, suministro de energía eléctrica, agua potable, combustible, transporte, servicios de mensajería, abarrotes, guarderías, asilos, servicios de emergencia, logística, operación de programas sociales gubernamentales, entre otros.
El Plan para la Reactivación de la Economía, anunciado el 5 de abril por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, refleja un gobierno que pone por delante lo público y a los pobres. Veamos, el Plan destaca: no aumentar el precio de los combustibles; una inversión de 25 mil millones de pesos en agua potable y pavimento; 228 mil empleos creados derivados de la construcción de vivienda para 50 mil familias en zonas marginadas; ampliación del Programa Sembrando Vida para 200 mil campesinos más; apoyos directos para 190 mil pescadores; 31 mil escuelas recibirán recursos adicionales; se contratarán a 45 mil médicos y enfermeras, que serán sumados a la intervención que ya realiza la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional; reclutarán 31 mil elementos de las Fuerzas Armadas; 35 mil millones de pesos del ISSSTE para créditos personales; 170 mil millones para créditos de vivienda que generarán 270 mil empleos; mantener estímulos fiscales y de combustible en frontera norte; no aumentar impuestos; la devolución del IVA de manera inmediata; reducir el gasto de la publicidad oficial; reducir sueldos y aguinaldos de altos funcionarios; una inversión de 65 mil millones de pesos adicionales para petróleos mexicanos; 25 mil millones adicionales para los sistemas de salud estatales; 1 millón de créditos de 25 mil pesos para empresas familiares, para micro y pequeñas empresas; el INFONAVIT anunció un seguro por desempleo para cubrir 3 meses, entre otros beneficios; y se priorizó adelantar 4 meses de apoyos de bienestar para adultos mayores y discapacitados, por ser población vulnerable.
Queda claro que los días más difíciles del coronavirus están por llegar. Defender lo público y atender a los más pobres al final nos salvará.