De reversa: Reculadas en UAS y Congreso
Y de freno, seguirán juicios contra uaseños

Alguno de los dos componentes del diferendo derivado de la nueva Ley de Educación Superior se sintió acorralado y decidió ceder en cuanto a los intentos para democratizar y transparentar a la Universidad Autónoma de Sinaloa y, a reserva de conocer los alcances de la “negociación”, lo único que se les puede exigir a las partes del litigio es que no sea la casa de estudios la que termine siendo más rehén de apetitos políticos y corruptos de lo que ahora es. Mientras tanto, nada recomendable es irse con la finta de que el Legislativo le extienda la mano a la UAS y que el Rector en funciones, Robespierre Lizárraga, acepte tal gesto sin llevar implícito la cláusula de impunidad para los suyos.

Es que del lado de los directivos universitarios indiciados en procesos penales el guiño que les hace el Congreso fue festejado como incipiente pacto de inacción judicial en beneficio de ellos y nunca como la simiente de una nueva Ley Orgánica que libere a la institución de educación superior de los grilletes del Partido Sinaloense y la camarilla que se ha apoderado de ella; en la otra parte que integran el Poder Judicial, la Fiscalía del Estado y el gobierno de Rubén Rocha Moya se remarcó que las denuncias y juicios punitivos continúan.

Pero para Robespierre Lizárraga, encargado del despacho como interino o sustituto, pues ya ni se sabe qué es, lo que el Congreso indebidamente salió a anunciar con bombo y platillo, “es un triunfo legal para la Universidad”, pero se dice aún insatisfecho porque “esto debe de seguir y deben resolverse las causas penales de todos los involucrados”. Lo dicho: a los funcionarios y ex de la UAS imputados el diálogo y La Ley de Educación les valen un comino; quieren el borrón de los ilícitos y cuenta nueva para seguirse repartiéndose el botín.

Ello ocasionó que en cuestión de horas resultara disuelta la expectativa del “arreglo” que Lizárraga y Madueña le agradecen al Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Congreso pecó de ingenuo y los universitarios vinculados a proceso creyeron que les resultaron las cartas jugadas en Palacio Nacional, en la víspera de que sean liberadas las correspondientes órdenes de aprehensión. Ya tienen la Ley de Educación sin el articulado que no les convenía, sin embargo, no es lo que esperaban sino el desistimiento también en las carpetas de investigación por desempeño irregular del servicio público, abuso de autoridad y negociaciones ilícitas.

Esto es lo que la poca disponibilidad de elementos de análisis permite inferir después de la sorpresiva salida del Congreso a través de Feliciano Castro, coordinador de la Junta de Coordinación Política, y Ricardo Madrid, que preside la Mesa Directiva, para mostrar el viraje que da la 64 Legislatura al retirar la petición de revisar el amparo que un Juez federal le otorgó a la Universidad decretando así la inaplicabilidad de artículos claves de la Ley de Educación.

El extraño posicionamiento del Legislativo fue interpretado por los dirigentes universitarios como la posibilidad de que hubieran logrado en la mesa de “negociación” instalada por el Gobierno Federal que aquellos que mantienen el secuestro del águila rosalina accedan a la reforma a la Ley Orgánica de la UAS y que la distensión del conflicto inicie sobre bases hasta estos momentos desconocidas. Operó rápido el Gobernador Rocha Moya para apoyar la actitud del Congreso y aclarar que lo otro, lo de las denuncias penales, es otra cosa. “La parte judicial allá están: es la Fiscalía, es el Poder Judicial y son los involucrados”, remarcó.

En realidad la duda que se instaló el viernes no sólo en la comunidad universitaria sino en la opinión pública en general tiene que ver con el acuerdo a qué costo, porque llama la atención el hecho de que la aferrada postura del Congreso de no transigir en los artículos 3, párrafos tercero y cuarto; 19 y 51, fracción VIII, y 59 y 69 fracciones IX y X de la Ley respectiva trasmutó a la actitud del ablandamiento con el discurso de extender la mano a las autoridades de la UAS para sentarse a intentar acuerdos. A como lo pinten, esto sobrepasa el montaje del desistimiento de un recurso jurídico e invade el terreno de la concertacesión.

Intrigó de la misma manera el desconocimiento de qué pusieron sobre la mesa las autoridades de la UAS y el Gobierno y Congreso de Sinaloa. ¿La parte universitaria condesciende cuando ve venir el uso de la fuerza pública para obligar a que acudan a los tribunales Jesús Madueña Molina, Rector destituido, y Héctor Melesio Cuén Díaz, ex Director de Bienes y Suministros? ¿El Poder Legislativo recula al mediar en el conflicto la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, por órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, o en realidad lo hace creyendo que así los cabecillas universitarios aceptarán la reforma a la Ley Orgánica?

Y sí. La Universidad es el terreno ideal para que germinen las semillas del diálogo y el apego a la justicia, siempre y cuando no sea entre las espinas de fingimientos que extienden una mano a la civilidad, legalidad, transparencia y honestidad, y con la otra la derrumban. Por lo pronto, lo que sigue es centrar la atención en lo que hagan o dejen de hacer en los próximos días el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en cuanto al debido proceso en los casos Jesús Madueña, Robespierre Lizárraga y Héctor Cuén Díaz.

Adiós a los reproches y castigos,

En el campus todo es felicidad,

Al redescubrirse como amigos,

El Congreso y la Universidad.

Ni habrá necesidad de esperar tanto tiempo para saber cuál ruta o sesgo adoptará la judicialización del tema UAS porque hoy Cuén Díaz está citado a comparecer personalmente ante el Juez para la imputación de cargos por presuntos delitos de negociaciones ilícitas al no contar ya con la protección del amparo que él mismo violentó, y Madueña, sin posibilidad de acudir a más argucias dilatorias, regresará mañana 2 de julio al mismo Tribunal que el 27 de junio al fin pudo, tras ocho meses de diferimientos, presentarle cargos por posible delito de ejercicio indebido de la función pública al no licitar obras con un costo de 20 millones de pesos.

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