De los extraditables a los liberados; la impunidad de los narcos

SinEmbargo.MX

Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más notorio que ha dado Colombia, aterrorizó en la década de los 80 a la sociedad de aquel país. Cuando el gobierno de los Estados Unidos los clasificó como personas de interés y solicitó su captura con fines de extradición, el capo creó el grupo criminal Los Extraditables.

Conformado mayormente por criminales del cártel de Medellín, comandado por Pablo Escobar, sembraron el terror con el uso de la fuerza y las balas. Dinamitaron edificios, secuestraron personalidades de la cultura, el gobierno, mataron periodistas y candidatos, como una muestra de su poderío criminal para evitar la extradición.

“Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, fue la frase que definió el movimiento criminal de Escobar. Al final, con terrorismo desde el narcotráfico, lograron su cometido. A inicios de los 90 en aquel país se emitió una Ley para no extraditar a sus ciudadanos que tuvo su cénit en la “entrega” de Pablo Escobar.

En estos tiempos, en México los distintos capos de la droga aprehendidos en el país han construido una red jurídica que, a partir de amparos, tiene el objetivo de evitar la extradición. Hasta el momento, pocos lo han logrado. Rafael Caro Quintero, entre ellos.

Joaquín Guzmán Loera “El Chapo’’, Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Miguel Ángel Treviño Morales, Alfredo Beltrán Leyva, Héctor Palma, Mario Cárdenas Guillén, Juan García Ábrego, están entre los capos del narcotráfico mexicano que fueron extraditados a los Estados Unidos.

Algunos, como “El Chapo” o García Ábrego, fueron castigados con penas ejemplares, la cadena perpetua, pero otros, como Benjamín Arellano Félix, quien durante más de 20 años en México traficó drogas, lavó dinero, ordenó el asesinato de rivales, propios y ciudadanos inocentes, e incluso participó en el crimen contra el Cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo, la justicia de los Estados Unidos fue benévola al condenarle a solo 20 años de prisión, y el pago de una “multa” por 100 millones de dólares.

De hecho, algunos narcotraficantes mexicanos están encontrando en la extradición su liberación, o la disminución de sus condenas, lo que les reditúa un beneficio a ellos, pero afecta la impartición de justicia en México, pues en este país no fueron sentenciados por todos los delitos cometidos, y no ha sido solicitada su extradición a suelo mexicano para que así sea.

Es evidente que muchos de los narcotraficantes mexicanos, a pesar de los amparos, no temen, como en su momento los colombianos, a la extradición, pues ven la oportunidad de llegar a un arreglo con las autoridades procuradoras de justicia de la Unión Americana.

Dos ejemplos tan preocupantes como terribles en los últimos meses: Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, es el hijo de otro narcotraficante que sirvió al Cártel de Sinaloa con Joaquín Guzmán Loera, Dámaso López Núñez, “El Licenciado”. Después de la captura de su padre, y la extradición del mismo (aún continúa preso), a los 29 años en julio de 2017, “El Mini Lic” se entregó al gobierno de los Estados Unidos por una garita fronteriza en Baja California.

No solo no fue capturado en México, sino que dos meses antes de entregarse a la justicia norteamericana, había ordenado el asesinato del periodista Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce, y escritor. Al año siguiente, López Serrano se declaró culpable del delito de conspirar para la distribución de drogas en aquel país, de cocaína, metanfetamina y heroína.

Para 2021, Dámaso López Serrano llegó a un acuerdo con la fiscalía de los Estados Unidos. Colaboraría en el proceso contra Emma Coronel, esposa y madre de dos hijas de Joaquín Guzmán Loera, quien sería encontrada culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero, y sentenciada a escasos tres años de prisión.

Este 2022, Dámaso López Serrano, el señalado asesino del periodista Javier Valdez, caso que permanece en la impunidad, fue liberado antes de cumplir su condena, debido al acuerdo para colaborar en el juicio de Coronel. A la fecha nada se sabe de la ubicación de El Mini Lic”. Tampoco si México solicitará la orden de extradición, dado que en este país tiene pendiente el juicio por el crimen contra el periodista, a quien sus secuaces mataron a sangre fría.

Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, es otro de los extraditados que sacará provecho de esa condición. Hace unos días desapareció su nombre de las listas de reos en penales de la Unión Americana, y cuando el Gobierno de México supo, a través de los medios de comunicación, de tal condición, solicitó informes oficiales para conocer el paradero de quien fue líder del brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva, y del Cártel de Sinaloa, en una cruenta guerra contra Los Zetas.

Extraoficialmente se tuvo conocimiento que La Barbie también llegó a un acuerdo con la justicia norteamericana, que está siendo protegido en su integridad en alguna región del vecino país, porque será testigo clave en el juicio que en enero de 2023 se le seguirá al ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Lo que intentan, explicaron, es proteger a “La Barbie” para que testifique contra el funcionario que fue en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Funcionarios especializados en los Estados Unidos estiman que este acuerdo con Edgar Valdez, “La Barbie”, le podría favorecer con la figura de testigo protegido. Colaborar para sentenciar a Genaro García Luna, confirmar la corrupción y la infiltración del narco en el gobierno de la República podría ser la llave que le abra la puerta a la libertad al asesino del Cártel de Sinaloa.

La liberación de “El Mini Lic”, la reducida condena de Benjamín Arellano, o la probable inclusión de “La Barbie” en el programa de testigos protegidos, contribuye a la impunidad en México ante los aberrantes crímenes que cometen y el daño que causan otros narcotraficantes. A la impunidad en el asesinato de periodistas (López Serrano ordenó matar a Javier Valdez, Arellano Félix ordenó matar a Jesús Blancornelas), y a cientos de otros asesinatos, así como secuestros, cobros de piso, tráfico de drogas.

Así, sea por acuerdos con la Fiscalía, por delaciones, por el pago de 100 millones de dólares, o por convertirse en testigos protegidos, pero ciertos narcotraficantes mexicanos se están beneficiando en la extradición. Tienen mayores oportunidades de negociación que desde una prisión en México, donde también impera la impunidad, particularmente en los procesos y la falta de sentencias.

Entonces, los narcotraficantes transitan de la impunidad por falta de investigación en México a la impunidad por acuerdo con las fiscalías de los Estados Unidos.

Y así el baño de sangre continúa del lado sur de la frontera, mientras que la crisis de adicciones en el vecino país se agrava.