Da Rocha rasgos de Gobernador gestor. Inseguridad, lo que preocupa a Sinaloa

Cuando pareciera que los único verbos que conjuga la clase política local son los de olvidar, minimizar y simular para que los problemas de urgentes soluciones queden rezagados en la agenda pública, el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, expone ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el fenómeno de las desapariciones forzadas en Sinaloa que es quizás el semblante más doloroso de la crisis de seguridad pública, que angustia a las familias de la víctimas, estremece a la comunidad internacional, pero en el contexto estatal a las autoridades les resulta indiferente.

Ha llegado el momento de reconocer que además de las desapariciones forzadas están creciendo situaciones como desplazamiento de personas debido a la violencia, feminicidios, involucramiento de población joven en el narcotráfico, adicciones a drogas y alcohol y toda esa gama delictiva contraria a los esfuerzos por legalidad, derechos humanos y paz. La costumbre gubernamental de cerrar los ojos para ignorar dicha autenticidad lo único que ocasiona es que toquen fondo estas complejidades y se hunda a la vez la expectativa de tranquilidad.

Rocha se ha situado frente a instituciones federales que pueden tener, o mejor dicho deben asumir, las medidas de contención en crímenes que echan por la borda el logro tan publicitado de reducción en homicidios dolosos en Sinaloa. El descenso de asesinatos en un promedio casi sostenido de 10 por ciento anual durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel resulta inapreciable porque en las estadísticas de desapariciones el estado aparece entre los diez que concentran el 70 por ciento de los casos ocurridos en México, y junto a Sonora, Veracruz, Colima y Guerrero tiene el 57 por ciento de las fosas clandestinas localizadas en todo el País.

Los indicadores plantean que la inseguridad debe atenderse con enfoque en las víctimas, más allá de las labores de fuerza pública, inteligencia y de tipo social que son obligación del Estado sostener. Las familias que abandonan los pueblos donde tienen patrimonio y arraigo, expulsadas por sicarios que siembran el terror, constituyen otro ejemplo de la crisis humanitaria que necesita del tratamiento sensible de los gobernantes. A pesar de que no existe un censo acabado al respecto, La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos de Sinaloa estima que serían alrededor de 25 mil personas desterradas de sus lugares de origen en poco más de una década.

Los delitos tipificados como feminicidios, que presentan curvas de incidencia que en cualquier punto son preocupantes, delatan la poca o casi nula participación del sistema de protección a las mujeres (instituciones, ministerios públicos y jueces) que luce roto al momento que las policías estatal y municipales deben brindar protección a potenciales víctimas y en cambio pretextan la falta de elementos para cumplir la importantísima custodia. En la década 2010-2020 hay alrededor de 800 hechos reportados y en 2021, de enero a lo que va de junio, se reportan 14 casos.

Aunque más allá de las estadísticas y lo doloroso de estos flagelos, lo cardinal es que los gobiernos federal, estatal y municipales reaccionen en la misma dimensión del sufrimiento de las familias afectadas. Acudir a los números fríos y enseguida enconcharse en la apatía contribuye a que la sensación de abandono revictimice a quienes por derecho tendrían que ser atendidos con criterios de reparación de daños.

La señal que manda Rocha Moya al anticiparse a las fechas formales en que ejercerá como Gobernador y buscar que se implementen políticas públicas de atención a las desapariciones forzadas, consiste en que ya chole con la generalizada y miope actitud de dejar de lado aquellos retos en los que fracasa el gobierno por indolencia, omisión o negligencia. El reconocimiento de la realidad es el mejor punto de partida hacia las respuestas, soluciones y emociones que acaben con la percepción de desamparo a las víctimas. Otra muestra de avance en trámites impostergables es la reunión que sostuvo ayer con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para tratar conflictos que les cierran las fronteras estadunidenses a productos sinaloenses de exportación.

Eso de tirar toallas o lavarse las manos, vieja guarida de servidores públicos ineptos, carece hoy de razón de ser. Los azotes que recibe Sinaloa, llámense violencia, pandemia, sequía, corrupción o amenaza de catástrofe educativa, para nada ocupan de políticos que desde la función pública ocultan los hechos, en lugar de empeñarse en solucionarlos. El pavorrealismo de la política donde nadie quiere ensuciar sus ropajes al encarar las grandes dificultades ha de transitar, ya, al esquema del gestor que puede domar al tigre y no se conforme con meter a un loro a la jaula.

Entonces el hecho de que Rocha Moya dedique las semanas previas al primero de noviembre cuando inicia su período de gobierno, a tocar puertas en la Federación, habla de un cambio de mentalidad en cuanto a ir al encuentro de las dificultades y enfrentarlas antes de que éstas dobleguen al Gobernador, presidentes municipales y, principalmente, a los sinaloenses. Buen signo para comenzar a deletrear al Rocha Gobernador.

Disculpe Rocha la insistencia,

De querer vivir más seguros,

Es que los crueles datos duros,

También mataron a la paciencia.

A propósito de esa costumbre del poder que repele las obligaciones y toma solamente lo fútil, ahí está el desordenado estado mental del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, quien aun siendo el responsable directo de atender el repunte del coronavirus traducido en pérdidas de más vidas humanas en el Municipio, se deslinda del problema y balbucea que “eso depende de los sistemas médicos, no del Ayuntamiento. Si se muere la gente de Covid-19 es por quienes los están tratando”. Lo dijo y existen audios que lo prueban. Y va de nuevo: ¡Ay, mi Mazatlán! En manos de quién volviste a caer.